El gobernador de Florida, Ron DeSantis, está utilizando un poder para pedir la derogación de las leyes estatales de derechos legales para inmigrantes indocumentados.
“Florida es un estado de ley y orden, y no tendremos la vista gorda ante los peligros de la crisis fronteriza de Biden”, dijo DeSantis.
“Seguiremos tomando medidas para proteger a los habitantes de Florida de las imprudentes políticas federales de fronteras abiertas”.
Durante la conferencia de prensa en Jacksonville el jueves, DeSantis presentó un paquete de leyes respecto a la inmigración con nuevas propuestas.
La inmigración se ha convertido en un foco importante para DeSantis . Es probable que se posicione para una candidatura presidencial en 2024 y este sea uno de los temas que más aborde.
DeSantis ha alterado la postura de muchos republicanos de Florida acerca del tema migratorio.
Estos mismos republicanos votaron a favor de extender protecciones legales adicionales a los inmigrantes indocumentados. Ahora es al revés.
El paquete de inmigración de DeSantis incluye:
- Convertir en delito grave de tercer grado “transportar, ocultar o albergar a extranjeros ilegales”, y en delito grave de segundo grado si la persona transportada es un menor.
- Exigir que los hospitales recopilen datos sobre la situación migratoria de los pacientes y presenten informes sobre los costes asociados a la atención de inmigrantes indocumentados.
- Requerir a las personas que se registren para votar que marquen una casilla afirmando que son ciudadanos estadounidenses y residentes en Florida.
- Prohibir que los gobiernos locales expidan carnés de identidad a extranjeros no autorizados e invalidar las licencias de otros estados expedidas a extranjeros no autorizados.
DeSantis también insta a los legisladores de Florida a aprobar una ley que obligue a todos los empresarios del estado a utilizar el sistema E-Verify, que permite a los empleadores verificar la elegibilidad laboral de sus trabajadores a través de una base de datos federal.
Durante su primer mandato, DeSantis propuso el E-Verify universal, pero el lobby empresarial del estado se opuso.
La ley finalmente se aprobó y sólo obligaba a los empleadores públicos a utilizar el sistema.
