El caso de Manhattan es quizás el menor problema legal del expresidente.
En los próximos meses, los crecientes problemas legales de Donald Trump podrían empeorar aún más. Al menos tres investigaciones podrían generar más cargos criminales contra él.
Los funcionarios federales están investigando tanto el manejo de documentos clasificados por parte de Trump como sus esfuerzos para revertir las elecciones de 2020, culminando con el ataque del 6 de enero al Capitolio. Por separado, un gran jurado en Georgia podría acusar a Trump en septiembre por sus intentos de cambiar los resultados de las elecciones en ese Estado. Cualquiera de estos cargos podría llevar consigo tiempo en prisión.
Los cargos no están garantizados. “Es ciertamente posible que haya más acusaciones”, me dijo mi colega de The New York Times Alan Feuer, quien está cubriendo las investigaciones federales. “Pero también es ciertamente posible que no las haya.”
Un juicio o una condena tampoco necesariamente impedirían a Trump postularse para presidente. Es posible que no sea juzgado ni condenado antes de las elecciones de 2024. Podría hacer campaña desde prisión, como lo hizo el candidato socialista Eugene Debs en 1920. Algunos expertos legales creen que incluso podría intentar gobernar desde prisión, en caso de ganar la presidencia.
Trump ya es el primer presidente, actual o anterior, acusado de un delito. El fiscal de distrito de Manhattan lo acusó de un plan ilegal para encubrir posibles escándalos sexuales en 2016. Y el mes pasado, un jurado encontró a Trump responsable en un caso civil por $5 millones debido abuso sexual y difamación.
Hoy ayudaremos a nuestros lectores a prepararse para las posibles noticias de los próximos meses en el contexto de los tres casos criminales pendientes de posibles acusaciones.
Documentos en Mar-a-Lago
El caso de los documentos clasificados puede estar a punto de concluir. En agosto, una búsqueda del FBI en la casa de Trump en Florida encontró más de 100 documentos clasificados que debían permanecer en posesión del gobierno. El Departamento de Justicia está tratando de determinar si Trump ocultó documentos después de haber sido notificado con una citación para devolverlos.
Un posible indicio de evidencia en el caso, revelado esta semana: los fiscales tienen una grabación de Trump discutiendo un documento militar sensible que conservó después de dejar la Casa Blanca y que reconoció no haber sido desclasificado previamente.
No es tan inusual que los funcionarios pierdan documentos clasificados o los mantengan en sus hogares, a menudo por accidente. Tales documentos fueron encontrados en las casas del presidente Joe Biden y del exvicepresidente Mike Pence. Lo inusual en el caso de Trump son sus esfuerzos para mantener los documentos después de que los funcionarios federales los solicitaron de vuelta. Esos esfuerzos pueden exponerlo a cargos de obstrucción a la justicia.
Hay varias razones por las que los fiscales podrían no acusar a Trump. El delito subyacente -la mala gestión de documentos clasificados- a menudo se resuelve sin cargos; los funcionarios devuelven los archivos y los fiscales continúan. Y dado que cualquier cargo contra Trump podría llevar a una feroz reacción política, el Departamento de Justicia podría considerar el costo del procesamiento como demasiado alto.
El ataque del 6 de enero
La otra investigación federal se centra en los esfuerzos de Trump para permanecer en el poder después de que perdió las elecciones de 2020.
Una parte de la investigación puede estar enfocada en si Trump incitó a la violencia el 6 de enero. En las redes sociales y en sus mítines, afirmó falsamente que ganó las elecciones de 2020 y exigió que los funcionarios estatales cambiaran los resultados a su favor. A finales de diciembre de 2020, Trump convocó a una protesta “salvaje” el 6 de enero de 2021. En un mitin esa mañana, dirigió a la multitud a “luchar como el infierno” y marchar hacia el Capitolio. Después de que se volvieron violentos, esperó horas antes de pedirles que se fueran a casa.
Los fiscales también han acusado a cientos de otros sospechosos en el ataque y pueden sentirse obligados a acusar a la persona que ven como el principal instigador.
Aun así, el posible caso contra Trump tiene debilidades: nunca ordenó explícitamente un ataque ni les dijo a sus seguidores que asaltaran el Capitolio. Finalmente los alentó a dispersarse.
Más allá del 6 de enero, los fiscales federales podrían presentar otros cargos relacionados con los planes de Trump para permanecer en la Casa Blanca. “No es solo un caso muy difícil de probar en términos del número de testigos y las complejidades de recopilar evidencia, también es legalmente muy complicado”, dijo Feuer.
Georgia
La investigación en Georgia tiene un cronograma más claro. La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, ha dicho que si un gran jurado presenta cargos, lo hará en septiembre. Un gran jurado especial separado, que podría recomendar cargos pero no acusar, ya ha recomendado múltiples acusaciones.
El caso de Georgia podría involucrar a múltiples acusados y podría centrarse en cargos de extorsión por un plan para socavar las elecciones. Los fiscales podrían argumentar que Trump y su equipo trabajaron juntos para intentar revertir los resultados de 2020, cometiendo múltiples delitos en el camino.
Willis cuenta con una importante pieza de evidencia: una grabación de audio en la que Trump le pide al secretario de estado de Georgia que “encuentre” casi 12,000 votos para voltear el recuento del estado a su favor.
El mayor desafío para los fiscales podría ser probar la intención de Trump. Por ejemplo, en la llamada telefónica, ¿estaba Trump exigiendo que los funcionarios de Georgia revirtieran los resultados, o les estaba pidiendo que verificaran si no contaron votos legítimos? Un juicio podría girar en torno a este tipo de cuestiones.
Germán López – The New York Times
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