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La norma ESG de Joe Biden es una buena gestión del riesgo

El veto presidencial permitirá a los fondos de pensiones tener en cuenta la sostenibilidad económica y climática.

Opinión de la Junta Editorial del Financial Times.

Un veto presidencial estadounidense a una ley del Congreso es un gran momento. Se espera que Joe Biden emita el primer veto de su presidencia para preservar una norma de la Casa Blanca que permite a los fiduciarios de los fondos de pensiones de empresas privadas incluir consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza en sus decisiones de inversión. Los detractores de la norma ambiental, social y gubernamental (ESG, por sus siglas en inglés) se quejan de que Biden imponga un “capitalismo woke o del despertar”. Pero la norma sólo permite, pero no obliga, a los gestores a tener en cuenta la ESG, y el presidente defiende unos principios de inversión sólidos.

La batalla en torno a la norma de inversión es emblemática de una reacción más amplia contra la inversión ESG. Los republicanos y otros opositores acusan a la aplicación de los principios ESG de situar los ahorros para la jubilación en una posición inferior a la media. Dicen que los fiduciarios podrían utilizar las inversiones para promover una agenda liberal. Joe Manchin, uno de los dos senadores demócratas que se alinearon con los republicanos para oponerse a la norma de la Casa Blanca, afirmó que “prioriza la política sobre la obtención de los mejores beneficios”.

El reglamento se ha convertido en un juego de ping-pong. La administración Trump en 2020 hizo más difícil que los planes de jubilación en el lugar de trabajo consideren explícitamente factores como los riesgos climáticos. La administración Biden sustituyó esa norma por otra que facilitaba a los fiduciarios la consideración de los factores ESG que pudieran afectar al rendimiento de las inversiones. Los legisladores republicanos hicieron uso de una facultad de revisión del Congreso para anular la norma de la Casa Blanca.

El enfrentamiento federal se produce en un momento en que muchos estados gobernados por republicanos están retirando dinero de grandes gestoras de activos que han apoyado políticas de inversión sostenible. Ron DeSantis, gobernador de Florida, ha tomado medidas para prohibir que los gestores de fondos estatales tengan en cuenta los factores ESG en sus inversiones. En algunos estados, las leyes anti ESG han estado motivadas por afirmaciones de que los gestores de activos discriminan a poderosas industrias locales, desde el petróleo y el gas hasta el carbón o los fabricantes de armas de fuego.

El sector de ESG sigue adoleciendo de deficiencias. Carece de normas de medición y rendimiento claramente definidas, lo que abre la puerta al “lavado verde” y otras prácticas cínicas. Obligar a los gestores monetarios a someterse a sus dictados sería un error. Sin embargo, la norma de la Casa Blanca no contiene ninguna obligación. Simplemente permite a los fiduciarios tener en cuenta las consideraciones ESG como parte de una estrategia prudente. Y los gestores de activos son cada vez más conscientes de que para obtener los mejores rendimientos y evitar pérdidas hay que tener en cuenta todos los riesgos y cuestiones externas relacionados con cualquier inversión. Los valores de la empresa pueden verse afectados por algo más que los resultados financieros.

Algunos sectores de la sociedad presionan a las empresas para que adopten políticas respetuosas con el clima, persigan objetivos sociales positivos y promuevan la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo. Se enfrentan al escrutinio constante de las redes sociales, los activistas y los grupos de apoderados. Pero ya existen salvaguardias contra los gestores de pensiones que utilizan la ESG como tapadera para perseguir agendas políticas. La legislación subyacente a la nueva norma exige explícitamente a los fiduciarios que actúen con prudencia y en el interés financiero de los partícipes en planes de pensiones.

Un veto de Biden garantizará que los planes de pensiones de las empresas puedan tener en cuenta la ESG. Los Estados gobernados por los republicanos seguirán teniendo derecho a prohibir que los fondos públicos de pensiones lo hagan. Pero deben tener cuidado con la forma en la cual ejercen ese poder. Un organismo de control fiscal de Indiana estimó el mes pasado que, al restringir las opciones de los gestores de fondos, una propuesta de ley estatal que limita su uso de factores de inversión sostenibles podría reducir los rendimientos del sistema público de pensiones en $6,7 mil millones a lo largo de una década. Bloquear algunas consideraciones de inversión no sólo equivale a una interferencia en el mercado del tipo del cual los republicanos han afirmado oponerse durante mucho tiempo. También podría dar lugar a lo contrario de lo que se pretende.

La Junta Editorial

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