Entre los años 2007 y 2010 una intensa sequía devastó el norte de Siria y un estudio de la Universidad de Columbia apunta a ese evento extremo -directamente relacionado con el cambio climático- como uno de los factores causantes del estallido social que se produjo un año después en ese país de Oriente Próximo.
La lucha por el agua influyó para que se desatará la guerra civil entre chiíes y suníes.
El estudio de la Universidad de Columbia liderado por el climatólogo Colin P. Kelley, señala que la sequía causó pérdidas generalizadas de cosechas y una migración masiva de familias campesinas a los centros urbanos.
Richard Seager, coautor del estudio y climatólogo del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty de la Universidad de Columbia aclara que la sequía no provocó la guerra, sino que se sumó a otros factores.
“La sequía, sumada a todos los otros factores de estrés, ayudó a que los disturbios iniciales desembocaran en un conflicto abierto. Y que una sequía de esa gravedad fue mucho más probable por el cambio climático en la región”, explica Seager.
De acuerdo con el estudio “no hay una causa natural aparente para la sequía, mientras que el calentamiento observado es consistente con los estudios modelo como respuesta al aumento de los gases de efecto invernadero. La sequía en Siria es dos veces más probable como consecuencia de la interferencia humana en el sistema climático”.
El huracán Mitch causó 11,374 muertes en Centro América en 1998, incluidas aproximadamente 7,000 en Honduras y 3,800 en Nicaragua debido a las catastróficas inundaciones provocadas por la tormenta. Desde el 5 de enero de 1999, Honduras ha tenido al menos 17 extensiones desde que fue otorgado el primer Estatus de Protección Temporal, TPS,por sus siglas en inglés.
El estudio del cambio climático
Helena Olea, directora asociada de Programas de la Organización Alianza Américas, explica que para los migrantes climáticos el TPS no representa una solución integral.
“El huracán Mitch fue devastador en Centroamérica, sobre todo en Honduras con cifras muy altas de fallecidos. Por suerte en la actualidad tenemos un poco de preparación y el número de muertos resultado de estos eventos extremos es menor. El TPS permite que las personas permanezcan en los Estados Unidos, pero no les permite ingresar a este país”, explicó Olea en el marco de un panel sobre crisis climática que se presentó en la conferencia “Climate Correction”, organizada por la fundación Volo.
“No podemos crear un estatus temporal que no incluya un camino de residencia permanente para aquellas personas que han permanecido en los Estados Unidos por varios años, y esa es precisamente la situación de los centroamericanos que fueron impactados por el huracán Mitch y han vivido en los Estados Unidos por más de veinte años”, añadió Olea.
Betilde Muñoz-Pogossian, directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de los Estados Americanos, OEA, explica que se necesita conectar con las comunidades que se están preparando para eventos climáticos extremos.
“Es necesario que esas comunidades sean parte de las soluciones. Ese es un proceso y una responsabilidad que está en los estados por el tema de los derechos de las personas, pero no se puede hacer imponiéndose en las comunidades, sino haciéndolas parte de las soluciones”, dijo Muñoz-Pogossian.
El Rev. Dr. José Rodríguez, de la Iglesia Episcopal Cristo Rey en Orlando, opina que los desplazados climáticos y los migrantes en general vienen a EEUU a aportar. “Tenemos que ver a los desplazados como personas con capacidades y resilientes, llegan aquí para añadir algo, para aportar, para sumar”.
A los migrantes climáticos no se los reconoce como refugiados en la Convención de Refugiados de 1951, que ofrece protección legal solo si una persona huye debido a persecuciones por su raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un determinado grupo social.
En noviembre de 2022 el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) de Estados Unidos anunció la extensión del TPS para ciudadanos de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Sudán y Nepal hasta junio de 2024.
