Seis profesores universitarios y dos sindicatos de maestros interpusieron una demanda contra Idaho por una legislación que estaría criminalizando la enseñanza y la discusión en las aulas de clases sobre el aborto.
Se trata de la Ley de No Fondos Públicos para el Aborto de 2021, prohíbe los contratos o transacciones estatales con proveedores de servicios de aborto, pero, también prohíbe que los empleados públicos promuevan y asesoren a favor del aborto o remitan a alguien a los servicios de aborto.
Aquellos empleados públicos que violen esta ley pueden ser acusados por delitos de malversación de fondos públicos. Enfrentan la consecuencia de ser despedidos, multados y obligados a devolver los fondos de los que se les acusa de malversar.
Una ley “poco clara”
Los demandantes señalan que la legislación coloca “una camisa de fuerza sobre los líderes intelectuales” de las universidades públicas de Idaho.
La universidad de Idaho y la universidad estatal de Boise advirtieron a los empleados el año pasado “no referir” a los estudiantes a proveedores de servicios de aborto y tampoco les dijeran como obtener anticonceptivos de emergencia.
Los educadores señalan que la ley “es vaga y no define” lo que significa promover o aconsejar a favor del aborto.
Los docentes pidieron a un juez federal declarar inconstitucional la ley en su aplicación en las instituciones académicas y que prohíba al estado aplicarla con respecto al discurso que promueve o aconseja a favor del aborto.
Alteraciones en los cursos
La legislación llevó a que una profesora de filosofía eliminara un módulo completo sobre reproducción humana de su curso de ética biomédica por temor a ser procesada, según expone la demanda.
Otros profesores han alterado “significativamente” el contenido de cursos como sociología, derecho, reproducción humana y mujeres en los medios. En este caso, los docentes retiraron los materiales de lectura y redujeron las conferencias sobre estos temas.
La ACLU-Idaho, una organización no partidista defensora de los derechos civiles, señaló que el propósito de las universidades públicas es “fomentar un intercambio abierto y sólido de ideas sobre temas de importancia social, política y legal”.
“En Idaho, la legislatura ha determinado que estos ideales ya no se aplican a la investigación académica sobre el aborto, uno de los problemas sociales, morales y políticos más urgentes de la actualidad”, escribió la ACLU.
