El juez Juan M. Merchán advirtió a Donald Trump que prescindiera de la retórica incendiaria; y seguidamente el expresidente atacó verbalmente a la familia del juez.
Como expresidente y líder de facto del Partido Republicano, Donald Trump es una de las personas más poderosas de Estados Unidos.
Pero como acusado penal dentro de los confines de la sala del tribunal de Manhattan donde el caso contra él se desarrollará durante los próximos meses, Trump está bajo la autoridad de otra persona: el juez que preside, Juan Merchán.
Los dos hombres se vieron cara a cara el martes, después de que los funcionarios de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan presentaran 34 cargos por delitos graves contra Trump. Cuando los fiscales plantearon algunas de las publicaciones recientes del expresidente en las redes sociales, incluida una en la que advertía que podría haber “muerte y destrucción” si era acusado, Merchán pidió que Trump se abstuviera de hacer comentarios que fueran “susceptibles de incitar a la violencia o a los disturbios civiles”.
Pero después de la audiencia, Trump volvió a Florida y a sus viejos hábitos y llamó al fiscal del distrito, Alvin Bragg, un “criminal”, y a Merchán “un juez que odia a Trump y que tiene una esposa y una familia que odian a Trump”.
La advertencia de Merchán y la reacción de Trump esa misma noche fueron dos ejemplos de lo que seguramente será una danza delicada. El expresidente, quien se postula para recuperar la Casa Blanca, tendrá que apelar a una base política que se alimenta de su retórica desenfrenada sin cruzar una línea que pueda provocar que el juez tome medidas contra él.
Si Trump cruza esa línea, Merchán tendrá que tener cuidado en cómo responde, para evitar dar la impresión de que está siendo parcial. Cuenta con el raro poder de limitar el discurso del expresidente. La cuestión será si lo utiliza y cómo.
“Un juez en esta situación tendría que disciplinarse constantemente e intentar actuar y responder a la situación como lo haría con cualquier acusado que se enfrentara a estos cargos”, explicó Barry M. Kamins, exjuez administrativo de los tribunales penales de Nueva York. “Sé que parece una tarea titánica hacerlo, pero creo que un juez tiene que ser capaz de hacer exactamente lo que haría en cualquier otro caso”.
Trump, que el martes se declaró inocente de 34 cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con un pago de dinero para comprar el silencio de una estrella del porno realizado en 2016 en su nombre, tiene los mismos derechos que la Constitución de EEUU garantiza a cualquier acusado. Tiene libertad de expresión, derecho a un juicio justo y es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Pero los jueces tienen un poder significativo sobre los acusados que comparecen ante ellos, y Merchán dispondría de varios medios para disciplinar a Trump, si lo considera necesario.
“Estoy seguro de que el juez Merchán quiere evitar una confrontación real, si eso es humanamente posible, pero querrá hacer valer la autoridad del tribunal”, aseguró Michael J. Obus, un juez que sirvió en la Corte Suprema del Estado durante más de dos décadas y que conoce a Merchán desde hace unos 14 años.
Aunque los jueces suelen actuar por iniciativa propia, a veces ejercen sus poderes sobre un acusado después de que los fiscales se lo pidan. El martes, una de las fiscales, Catherine McCaw, señaló que su equipo estaba en conversaciones con los abogados de Trump sobre un borrador de orden de protección que limitaría la forma en que el expresidente puede utilizar las pruebas y otro material del caso compartido con sus abogados.
Los fiscales pretenden prohibirle que revise el material sin la presencia de sus abogados y que lo comparta con terceros, incluida la prensa o sus seguidores en las redes sociales. Si no cumpliera dicha orden, podría ser declarado culpable de desacato al tribunal, explicó McCaw.
Pero los abogados defensores de Trump han decidido desde entonces que van a oponerse a la orden propuesta, y el asunto probablemente será objeto de litigio, según una persona con conocimiento del asunto.
Jueces actuales y anteriores dijeron que Merchán, que ha ocupado el estrado de la Corte Suprema del estado de Nueva York desde 2009, casi seguramente tomaría otras medidas antes de siquiera considerar declarar a Trump en desacato ante la corte.
Podría amonestar a Trump o pedir que el expresidente regrese a la corte en persona antes del 4 de diciembre, su próxima fecha de comparecencia programada. Solo si el expresidente siguiera arremetiendo podría pensar en castigos más severos.
Uno, que plantearon algunos de los socios de Trump antes de la vista del martes, podría ser una orden de mordaza, un término general que se refiere a la orden que limita lo que un acusado (o a menudo el abogado de un acusado) puede decir al público. Los jueces suelen dudar a la hora de imponer este tipo de órdenes y solo lo hacen para prohibir determinados tipos de discurso.
“Ciertamente, la corte no impondría una orden de mordaza en este momento, incluso si se solicitara”, señaló Merchán durante la comparecencia de Trump. “Tales restricciones son las más graves y menos tolerables sobre los derechos de la Primera Enmienda. Eso sí se aplica doblemente a Trump, porque es candidato a la presidencia de Estados Unidos.”
Cuando los fiscales plantearon el tema de las publicaciones de Trump en las redes sociales, la respuesta de Merchán (pidiendo al equipo legal de Trump que advirtiera al expresidente de que no hiciera ese tipo de comentarios) pareció reflejar la intención del juez de ejercer su autoridad por etapas.
“Es una petición que hago”, aclaró. “No es una orden”.
Si Merchán encontrara a Trump en desacato ante la corte, tendría el poder de multar al expresidente con hasta $1.000, o incluso encarcelarlo durante 30 días. Pero los expertos afirman que las posibilidades de que eso ocurra son muy escasas.
“El juez puede encarcelarlo, pero ese sería absolutamente el último recurso, porque solo empeoraría las cosas”, explicó Kamins.
Merchán ha estado bajo la protección de agentes judiciales armados al menos desde que el gran jurado votó a favor de acusar a Trump el 30 de marzo, según una persona familiarizada con los acuerdos.
Una persona que conoce al juez dijo que su despacho se ha visto inundado de llamadas de apoyo de colegas y otras personas, así como de llamadas furiosas de partidarios del expresidente, y muchas de esas llamadas han incluido amenazas.
Jonah E. Bromwich, William K. Rashbaum, Kate Christobek – The New York Times
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