Ruby Corado, exdirectora de Casa Ruby, pidió a la Corte Superior de Washington DC, una orden mordaza para que los medios de comunicación y los periodistas no informen sobre la auditoría que se sigue en su contra por supuesta malversación de fondos e irregularidades.
Durante la última audiencia en la Corte, Corado, además, requirió a la jueza Danya Dayson, que evite que la Fiscalía y miembros de Wanda Alston Foundation, organismo síndico en el caso, continúen contando solo “un lado de la historia”.
“Aunque sé que es importante hacerle saber al público, creo que no es justo, ni correcto solo contar un lado de lo que está pasando en esta situación. El síndico está informando incorrectamente a los donantes de Casa Ruby”, aseguró Corado.
Corado ha sido contactada en reiteradas ocasiones por El Tiempo Latino, incluso mientras que se realizaba la investigación periodística que se publicó en este medio, para que diera su versión de los hechos. Sin embargo, no se pudo obtener declaración alguna de su parte.
Lee también: Malversación de fondos, irregularidades y abuso de poder detrás del cierre de Casa Ruby
En los intentos más recientes por conocer su posición, se intercambiaron mensajes desde su cuenta de Facebook con este medio, pero señaló que está enfocada en encontrar un abogado y que una vez tenga un representante, hablará sobre el caso.
La exdirectora, quien estuvo presente vía telefónica en la audiencia, aseguró a la jueza que “no tiene fondos” para contratar a un abogado y que tampoco ha podido identificar a algún jurista pro-bono que pueda representarla.
Luego de varias intervenciones de Corado, la jueza, por su parte, dejó claro que la Corte no puede prohibir o impedir que los medios de comunicación informen al respecto del desarrollo del caso o sobre los informes porque estos son públicos.
Miles de cartas, documentos y noticias migratorias, licencias de conducir y otros escritos oficiales y personales de usuarios y beneficiarios de Casa Ruby están apilados, sin entregar en una de las oficinas donde funcionaba la organización.
Te puede interesar: Recomiendan cierre completo de Casa Ruby en DC por malversación de fondos
Los documentos captados en varios inmuebles que tenía Casa Ruby están siendo procesados por voluntarios y miembros de Wanda Alston Foundation, que funciona por ahora, como síndico en el proceso de investigación y auditoria que sigue por supuesta malversación de fondos en la entidad manejada por Ruby Corado.
Desde las últimas cuatro semanas, exempleadas que también fueron afectadas trabajan para ayudar a entregar los documentos y las cartas que continuaron llegando a las oficinas de Casa Ruby.
Otro grupo trabaja para informar a los remitentes sobre la situación. Además, para que las oficinas que en donde fueron emitidos documentos, citatorios o notificaciones migratorias sepan que no han sido entregados.
Entre los documentos se encuentran licencias de conducir e identificaciones personales (ID) solicitadas por usuarios de la comunidad LGBTQ+ que tampoco habían sido entregadas antes del cierre de operaciones de la organización.
La investigación continúa
La semana pasada, se desarrolló la segunda audiencia que estaba programada para dar seguimiento a la auditoría que realiza Wanda Alston Foundation a las finanzas de Casa Ruby y al manejo por parte de la exdirectora Ruby Corado.
Se esperaba que durante esta diligencia la jueza Danya Dayson tomará una decisión sobre la recomendación que hizo hace tres semanas el síndico del caso, de cerrar definitivamente todas las operaciones de Casa Ruby.
Sin embargo, Dayson determinó que no habrá una resolución mientras continúen las pesquisas y la auditoría. Durante el inicio de la audiencia, la Oficina de la Fiscalía de DC señaló que necesitaba más tiempo para continuar con la investigación.
Además, en representación de la Fiscalía, Cara Spenser, dijo durante la audiencia que esta oficina tiene planeado presentar y actualizar la acusación civil en contra de Corado en los próximo 21 días.
“Todavía estamos juntando información y consideramos que sería prematura el cierre de la organización mientras continúa la investigación”, enfatizó.
Por su parte, la representación de Wanda Alston Foundation afirmó que una institución bancaria negó la información de las cuentas de Corado y de la organización, por lo que solicitaron a la Corte una orden para poder tener acceso a la misma.
El abogado Nick Harrison, apuntó que algunas de las exempleadas de Casa Ruby que están colaborando con el proceso y con la organización de los documentos de los usuarios, han recibido amenazas.
Según el informe presentado por el síndico, muchos documentos y algunas computadoras que se presume pueden tener información importante del caso, fueron movidas de las oficinas de Casa Ruby antes de que iniciara la auditoria.
Tanto la organización síndico como la Fiscalía indicaron que mientras no haya citatorios formales u órdenes emitidas por la Corte para buscar documentos bancarios o para entrevistar a personas que puedan estar vinculadas al caso, el trabajo se hace más difícil.
En el primer informe reflejan que las deudas de facturas por pagar, alquiler de locales, salarios adeudados y otros gastos no pagados suman $2 millones y que los activos de la organización se reducen a muebles sin valor.
Mordaza para los medios
Durante sus intervenciones en la audiencia, Ruby Corado, se centró en intentos para pedir de manera indirecta y directa a la jueza Dayson una orden mordaza para que los medios de comunicación y los periodistas no informen sobre la investigación y sobre el caso.
Corado dijo también que no había recibido el último informe del síndico. Sin embargo, la Fiscalía y el síndico aclararon que todos los reportes y los documentos han sido enviados a correos electrónicos proporcionados por Corado en la instalación del proceso.
Además, señaló otros temas que no eran parte de las discusiones de la audiencia. En una de las intervenciones, la jueza Dayson interrumpió para pedir que la exdirectora centrara su alocución en el tema o alguna objeción específica al proceso.
“Ha dicho muchas cosas diferentes y estoy teniendo problemas para entender qué es lo que específicamente usted quiere solicitar. Estamos hablando de los procedimientos legales y si tiene una objeción, cuál es su objeción específica”, aseveró Dayson.
A lo que Corado respondió: “Mi sugerencia, lo que digo es que todos en esta reunión debería no lanzar por la borda 30 años de trabajo, antes de escuchar toda la historia. Objeto que el síndico vaya con los medios y provea la información de este caso”.
Seguido, la jueza aclaró que no puede imponer ninguna prohibición ni a los medios de comunicación, ni a las partes del proceso para impedir que la información, que es pública, sea difundida.
La Fiscalía y representantes de Wanda Alston Foundation se opusieron a la solicitud de imponer una mordaza a los periodistas o a cualquier intención de bloquear el acceso a la información del caso y de la auditoría.
“Pido esta orden mordaza porque esto ha impactado mi vida personal. Después de la última audiencia, tres personas atentaron en contra de mi vida. Una de estas personas destruyó mi vehículo”, aseguró Corado.
Sin abogados
Desde que se supo de las denuncias de las exempleadas de Casa Ruby y de la suspensión de los fondos que recibía la organización de parte de la Alcaldía de DC, Corado aseguró en posts en sus redes sociales que una firma de abogados se ofreció para ayudarle.
Sin embargo, durante la última audiencia dejó claro que no le ha sido posible contratar a un abogado por la “falta de fondos”. También dijo que ningún abogado pro-bono ha mostrado disposición para tomar el caso y asumir su representación.
La próxima audiencia está programa para finales de octubre y además, en noviembre vence el plazo para que la Fiscalía presente la acusación civil en contra de Corado. Para ese entonces, la jueza señaló también que Corado debe tener a un representante legal.
Una fuente consultada, dijo en condición de anonimato que debido a la gravedad del caso y a la atención mediática del mismo, los abogados consultados rechazan ser vinculados con el caso.
Sin responsabilidad
La exdirectora de Casa Ruby centró sus intervenciones, de más de 20 minutos en desviar la atención de lo que se abordó en la audiencia.
Corado insistió en que las partes involucradas en la investigación se han dedicado a desinformar y a mostrar datos erróneos de la supuesta malversación de los fondos de la organización que dirigía.
“En la historia que se está contando se ha dicho que Casa Ruby abandonó a sus clientes. Eso no es cierto. No se habla del trabajo que se ha realizado y todo lo que hice por la organización”, afirmó.
Además, aseguró que el caso en su contra es parte de la intención de la organización síndico y de la Alcaldía de Washington DC de apropiarse y “destruir” a Casa Ruby, para dañar su imagen.
“Esto es una cuestión política. La oficina de la Fiscalía no menciona nada de lo que pasaba en realidad. Se nos negó la oportunidad de hacer las cosas mejor. Tengo documentos que soportan el trabajo de Casa Ruby”, apuntó.
No obstante, Corado no ha presentado ningún documento en el proceso para probar que la Alcaldía le adeudaba el desembolso de fondos para el pago de los empleados o de la renta de los inmuebles.
La jueza determinó que la próxima audiencia se desarrollará el 28 de octubre. Mientras que dio como plazo el 28 de noviembre para que la Fiscalía presente la acusación formal.