El expresidente Donald Trump ha afirmado reiteradamente, sin fundamento, que hubo “fraude electoral” en 2020. En respuesta, los republicanos han dotado a las agencias estatales con recursos económicos y humanos para investigar los delitos electorales.
Las unidades. En al menos tres estados encabezados por republicanos han creado unidades para investigar delitos electorales y garantizar la integridad de las elecciones.
- Florida. En julio comenzaron las labores de la Oficina de Delitos Electorales y Seguridad, impulsada por el gobernador Ron DeSantis. Tiene como objetivo fortalecer al investigar posibles infracciones.
A mediados de agosto, se anunciaron los primeros 20 arrestos, producto de la investigación de este ente. Grupos de votantes y expertos indicaron que esas primeras detenciones reflejan que el sistema es sólido y que los delitos electorales suelen ser raros.
- Georgia. Los legisladores estatales autorizaron en abril a la agencia de policía local para iniciar investigaciones sobre presuntas irregularidades electorales sin una solicitud de un funcionario externo.
La oficina del secretario de estado es actualmente responsable de investigar presuntas violaciones electorales. La policía local proporcionaría una capa adicional y separada de escrutinio.
- Virginia. El fiscal general republicano de Virginia, Jason Miyares, anunció la semana pasada la creación de una Unidad de Integridad Electoral para “brindar asesoramiento, apoyo y recursos” para garantizar que la ley electoral “continúe aplicándose de manera uniforme”.
La medida se tomó a pesar de que no hay evidencia de irregularidades en las elecciones.
El ejemplo de Arizona. Pero antes de todas estas unidades, Arizona lanzó su unidad de integridad electoral, después de que las elecciones intermedias de 2018 trajeran victorias para los demócratas.
- Se trata de una unidad especial de la Oficina del fiscal general, Mar Brnovich, que tenía el objetivo de tomar medidas enérgicas contra la votación ilegal y otros delitos relacionados con las elecciones.
- Pero en tres años, solo ha procesado 20 casos en un estado con cuatro millones de votantes. Ninguno de esos cambió el resultado de una elección.
- La mayoría de los enjuiciamientos son casos aislados de votación ilegal, como seis delincuentes que emitieron su voto, aunque no se les había restablecido tal derecho. Otro caso es el de tres mujeres que entregaron la boleta electoral de sus madres, a pesar de que habían muerto recientemente.
- Los casos ilustran cómo el fraude a menudo tiene sus raíces en errores o confusión, no en tramas secretas.
- Tras las afirmaciones infundadas del expresidente Trump sobre fraude electoral en 2020, la unidad de Arizona recibió más de 2 mil quejas, pero muchas de esas denuncias no tenían base.
- Por ejemplo, la unidad examinó una avalancha de informes de que las boletas marcadas con marcadores Sharpie se contaron mal o se ignoraron. La oficina del fiscal Brnovich rápidamente determinó que eso no sucedió , y esos votantes no fueron privados de sus derechos.
¿Por qué es importante? La experiencia de Arizona revela las consecuencias dañinas que pueden resultar cuando los funcionarios públicos usan su poder para reforzar afirmaciones falsas de que el fraude electoral es un problema relevante en las elecciones estadounidenses.
- En lugar de tranquilizar a los ciudadanos sobre la integridad del sistema de votación, la unidad de delitos electorales de Arizona profundizó la inseguridad entre las personas, sobre todo en aquellos que niegan los resultados de las elecciones de 2020.
- La inseguridad se genera después de que estas unidades tengan un número limitado de procesamientos tomando en consideración las alertas previas.
Fuente principal de la noticia: The Washington Post