La Agencia de Protección Ambiental (EPA) inició una investigación sobre la Junta Estatal de Control de los Recursos Hídricos de California, a raíz de las acusaciones de prácticas discriminatorias que han conducido a la degradación ambiental del delta del río Sacramento-San Joaquín.
La denuncia, presentada por varias tribus nativas y organizaciones de justicia medioambiental, acusa a la junta de prácticas prejuiciosas y mala gestión, causantes de daños ecológicos en la cuenca.
Según informa Los Angeles Times, la denuncia fue presentada en diciembre por las entidades sin ánimo de lucro Little Manila Rising y Restore the Delta, con el apoyo de la organización de defensa comunitaria Save California Salmon. La Shingle Springs Band of Miwok Indians y la Winnemen Wintu Tribe también forman parte de la denuncia.
Las acusaciones se basan en una supuesta violación del Título VI de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación en los programas financiados con fondos federales.
En una carta dirigida a Eileen Sobeck, directora Ejecutiva de la Junta de Control de los Recursos Hídricos del Estado de California, la EPA destaca que la Junta no ha modernizado las normas de calidad del agua del delta de la bahía, lo que, en su opinión, discrimina a los nativos americanos, negros, asiáticos y latinos residentes en la cuenca del delta de Sacramento-San Joaquín, especialmente en el sur de Stockton.
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La carta de la EPA afirmaba además: “La denuncia también alega la exclusión intencionada de las tribus nativas locales y de los residentes negros, asiáticos y latinos del proceso de elaboración de políticas del Plan Bahía-Delta”.
La denuncia inicial subraya el impacto singularmente adverso sobre las tribus nativas causado por las supuestas políticas perjudiciales. Sostiene: “La incapacidad de la Junta Estatal del Agua para mantener las normas de calidad del agua conformes con la Asociación del Agua de California ha afectado de forma desproporcionada a las tribus nativas al restringir su acceso a recursos esenciales como los peces, los recursos ribereños y las vías fluviales esenciales para su sustento, ceremonia, religión e identidad”.
Las normas de calidad del agua de la cuenca del delta del río Sacramento-San Joaquín se establecieron en 1995, pero no se han modificado desde 2006. La denuncia sugiere que se revisen estas normas cada tres años.
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El hecho de que no se hayan renovado estas normas se considera un factor importante en la degradación medioambiental de la cuenca.
Esta investigación sigue a un acuerdo de $2.600 millones alcanzado el año pasado entre las autoridades de California, el gobierno federal y los principales proveedores de agua para hacer frente al deterioro del ecosistema. El acuerdo pretendía fortalecer el ecosistema, debilitado por la prolongada sequía y el uso excesivo de los recursos hídricos.
La investigación de la EPA sobre las presuntas prácticas discriminatorias de la Junta Estatal de Control de los Recursos Hídricos de California permitirá conocer los efectos de estas prácticas en las comunidades marginadas.
Se trata de un paso decisivo para garantizar un acceso justo al agua potable y salvaguardar los derechos de las tribus indígenas y las minorías residentes en la cuenca del delta del río Sacramento-San Joaquín.
