El expresidente Donald Trump ocultó deliberadamente documentos clasificados al FBI, incluso después de recibir una citación para entregarlos y prometer falsamente que se había entregado todos los materiales, según la presentación judicial del Departamento de Justicia ante una corte federal en Florida.
La presentación judicial del martes se realizó en respuesta a una solicitud que hizo la jueza federal Aileen Cannon, quien está sopesando la petición de los abogados de Trump para nombrar un experto independiente para que revise los documentos incautados el 8 de agosto en su residencia en Florida.
¿Por qué es importante? La presentación judicial ofrece el relato más detallado hasta la fecha de las interacciones entre el equipo de Trump y los funcionarios del gobierno; y cómo ha avanzado la investigación sobre el manejo de los documentos clasificados por parte del expresidente.
Obstruir la justicia. Los fiscales expusieron cronológicamente en un documento de 54 páginas —36 páginas de presentación judicial y el resto son anexos— los esfuerzos reiterados de los funcionarios del gobierno por recuperar los documentos clasificados.
- El DOJ indicó que el 3 de junio los agentes del FBI recuperaron 38 documentos marcados como clasificados de Mar-a-Lago, entregados después de una citación. El abogado del expresidente declaró que no había otros registros almacenados en ese lugar y que todas las cajas habían sido revisadas.
- Destacó que el abogado del expresidente prohibió explícitamente al personal del gobierno abrir o mirar dentro de cualquiera de las cajas que permanecían en el lugar donde estaban los documentos, sin darle oportunidad al gobierno de confirmar que no quedaban registros marcados como clasificados.
- El abogado no explicó por qué las cajas con documentos gubernamentales, incluyendo los 38 clasificados, estaban en la residencia del expresidente en Mar-a-Lago, casi cinco meses después de la recuperación de las 15 cajas por parte de los Archivos Nacionales y casi un año y medio después del fin de su administración.
- Sin embargo, el gobierno recabó evidencia de que aún permanecían documentos clasificados en Mar-a-Lago, lo que generó el allanamiento del FBI el 8 de agosto.
- “El Gobierno también desarrolló evidencia de que los registros del gobierno probablemente se ocultaron y se retiraron de la sala de almacenamiento y que probablemente se tomaron medidas para obstruir la investigación del gobierno”, se lee en el documento presentado el martes por la noche.
Materiales delicados. Finalmente, con una orden de allanamiento, los agentes federales registraron la residencia del expresidente Trump en Mar-a-Lago, Florida.
- El gobierno incautó 33 ítems de evidencia. Entre ellas, 13 cajas contenían documentos marcados como clasificados.
- En total, encontraron más de 100 documentos marcados como clasificados, que corresponde a más del doble de la cantidad recuperada el 3 de junio en respuesta a la citación. Incluso, algunos de los documentos tenían portadas de colores que indicaban su estado de clasificación.
- Había material tan delicado que en algunos casos “el personal de contrainteligencia del FBI y los abogados del Departamento de Justicia que realizaban la revisión requerían autorizaciones adicionales antes de que se les permitiera revisar ciertos documentos”.
- La recuperación de más del doble de documentos que entregaron en junio “pone en serio cuestionamiento las representaciones hechas en la certificación del 3 de junio y arroja dudas sobre el alcance de la cooperación en este asunto”, señala el documento.
¿Y la petición de Trump? Dos semanas después de que allanaran la casa de Trump, sus abogados solicitaron que un experto independiente revise los documentos que los agentes del FBI se llevaron de su casa a principios de este mes.
- Argumentaron que algunos documentos incautados podrían estar protegidos por el privilegio ejecutivo (un poder que tienen los presidentes) o por el privilegio abogado-cliente. Por lo tanto, no tenían derecho a llevárselos y deben ser devueltos.
- Sin embargo, el Departamento de Justicia indicó que un equipo especial ya completó su trabajo de revisión y separó los documentos incautados que podrían estar potencialmente sujetos a la confidencialidad abogado-cliente.
- Sobre los documentos protegidos bajo privilegio ejecutivo, el DOJ dijo que sería “particularmente inapropiado”. El privilegio ejecutivo generalmente se invoca para proteger las comunicaciones del Congreso o los tribunales, no del propio gobierno ejecutivo, como el Departamento de Justicia.
- “El nombramiento de un maestro especial es innecesario y dañaría significativamente importantes intereses gubernamentales, incluidos los intereses de seguridad nacional”, dijo el DOJ.
- Además, indicaron que, de nombrarse un experto independiente, “impediría que la comunidad de inteligencia llevara a cabo su revisión en curso del riesgo para la seguridad nacional de que el almacenamiento inadecuado de estos materiales altamente confidenciales haya causado y de la identificación de medidas para corregir o mitigar cualquier daño”.