A medida que crece la preocupación entre la comunidad centroamericana beneficiaria del Estatus de Protección Temporal (TPS), los hijos de este grupo, del área del DMV se sumaron a las acciones para exigir a la Administración del presidente Joe Biden que tome cartas en el asunto y que reasigne un nuevo programa antes del 31 de diciembre de este año.
“Lo que pasa en la corte de California no es justicia para la comunidad de tepesianos. Los beneficiarios del TPS han sido utilizados, mi madre y mi padre, nuestros padres han sido utilizados en un juego político por los demócratas, nos han dejado solos, nos hicieron promesas que no han cumplido”, dijo Rebeca Vásquez.
El TPS se ha mantenido vigente desde que el expresidente Donald Trump ordenó su cancelación en 2017, gracias al proceso judicial que se desarrolla en la Corte del Noveno Circuito de California, en donde hijos de tepesianos, nacidos en Estados Unidos demandaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que finiquitaría el beneficio migratorio.
Debido a que la semana pasada concluyeron sin éxito las negociaciones que sostenían abogados de la Casa Blanca, las familias demandantes y abogados proinmigrantes, aumentó la preocupación y el temor entre los beneficiarios y sus familias debido a la incertidumbre.
Más de 250 mil centroamericanos entre ellos hondureños, salvadoreños y nicaragüenses, podrían verse afectados si no hay una nueva extensión o reasignación del programa antes del 31 de diciembre, fecha en la que expira el TPS.
“¿Qué paso con el resto de nosotros con Honduras, El Salvador, Nicaragua, ¿qué pasa con tus promesas Biden?”, afirmó Vásquez.
¿Qué podría pasar?
Mientras la Corte no resuelva en el caso de la demanda, conocido ahora como Ramos vs Mayorkas, el TPS no puede ser cancelado. No obstante, si la Administración no reasigna un nuevo programa, los tepesianos corren el riesgo de perder sus permisos de trabajo y licencias de conducir.
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Esto porque al no tener un documento oficial con el que puedan probar que el TPS se mantiene, debido al proceso judicial que se sigue, muchos no podrán renovar sus documentos y como pasó en 2017 cuando Trump emitió la orden ejecutiva para cancelar el estatus, algunos empleadores podrían no reconocer los permisos de trabajo como un documento legal.
En el caso de la Corte emita un fallo que avale la cancelación del beneficio migratorio miles de inmigrantes se verán afectados.
Si el fallo respalda la decisión iniciada por la Administración Trump, los únicos que tienen un período de un año extra para organizar su “salida voluntaria” son los salvadoreños; ya que el gobierno del presidente Nayib Bukele firmó un convenio con DHS en 2019 para recibir a todos los tepesianos que serían afectados con la cancelación del TPS.
“No vemos voluntad política. Nuevamente caemos en el limbo. Nos sentimos defraudados porque no nos han cumplido las promesas que nos hicieron. Estamos decepcionados”, aseguró Tony Vásquez, uno de los afectados.