La disputa diplomática en torno al depuesto presidente Pedro Castillo subraya la división política en América Latina.
¿Es un golpe de Estado o no lo es? La respuesta en la América Latina actual depende de su política.
Un golpe solía ser algo sencillo. En un guion que se hizo desafortunadamente habitual durante el siglo pasado, un general o una junta militar se hacía con el poder, respaldado por tropas y tanques, y a veces por la CIA.
Hoy, la situación es mucho más complicada. Los golpes militares prácticamente han desaparecido en América Latina, pero en su lugar la región ha engendrado todo un género de etiquetas alternativas para la destitución de un presidente electo o la subversión de la democracia: el “golpe blando”, el “autogolpe”, el “golpe judicial” e incluso, en palabras del expresidente boliviano Evo Morales, “la guerra híbrida de la derecha internacional”.
La actual crisis en Perú por la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo y el abismo diplomático sobre cómo interpretarla ilustran de forma vívida lo polarizada que se ha vuelto la definición de golpe de Estado.
Castillo, un antiguo profesor de primaria del altiplano andino que ganó las elecciones en 2021 con una candidatura marxista, anunció el 7 de diciembre que cerraba el Congreso, asumía poderes de emergencia y se hacía cargo del poder judicial para reescribir la Constitución. Esperaba adelantarse al Congreso, que debía votar una moción para destituirlo por presunta corrupción.
La toma de poder fracasó estrepitosamente cuando el Congreso de Perú votó abrumadoramente a favor de su destitución y nombró sucesora a la vicepresidenta Dina Boluarte. La policía detuvo entonces al expresidente acusado de rebelión, lo que desencadenó las protestas de miles de sus partidarios y la imposición del estado de emergencia por parte de Boluarte.
¿Intentó Castillo hacer un golpe de Estado? Boluarte no tardó en calificar su accionar de tal, junto con la mayoría de las instituciones peruanas. Human Rights Watch calificó la acción de Castillo de “autogolpe”. Estados Unidos, el Reino Unido y la UE reconocieron a Boluarte como líder legítima del país y subrayaron la necesidad de apoyar la democracia y promover el diálogo pacífico.
Sin embargo, algunos de los presidentes de izquierda de la región consideraron a Castillo víctima de un golpe y no autor de este. Los líderes de México, Argentina, Colombia y Bolivia emitieron un comunicado en el que declaraban a Castillo “víctima de un acoso antidemocrático” y pedían a las instituciones peruanas “que se abstengan de revertir la voluntad popular expresada en una votación libre”.
El mexicano Andrés Manuel López Obrador, que calificó los acontecimientos de Perú de “golpe blando”, se negó a reconocer a Boluarte y ofreció a Castillo y a su familia asilo político en México, a pesar de que algunos de ellos están siendo investigados por cargos de corrupción. Perú expulsó al embajador de México en señal de protesta.
Carlos Malamud, experto en América Latina del Real Instituto Elcano de Madrid, dijo que la indignación de la izquierda por la destitución de Castillo forma parte de “una historia de victimización contada por los progresistas durante la última década sobre cómo gobiernos elegidos por el voto popular pueden ser desalojados del poder por golpes procedentes de protestas callejeras, del Parlamento o del Poder Judicial”.
Algunos ejemplos son la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff, destituida en 2016, Morales, quien dimitió tras masivas protestas callejeras en 2019, y la vicepresidenta y expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, declarada culpable de corrupción este año.
Esta vez, la postura de López Obrador sobre Perú se acercó a la adoptada por Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y parte del Caribe, todos países de izquierda dura, que emitieron una declaración como grupo ALBA en la que denunciaban “un complot político creado por las fuerzas de derecha de [Perú] contra el presidente constitucional Pedro Castillo, obligándolo a tomar medidas que luego fueron utilizadas por sus enemigos en el parlamento para destituirlo”.
Michael Shifter, expresidente de Diálogo Interamericano en Washington, criticó “la falta de firmeza a la hora de adoptar una postura sobre lo que fue incuestionablemente un autogolpe [de Castillo]”. “Critican a la justicia cuando persigue a un izquierdista que es de su club, pero no la critican cuando persigue a alguien como [el expresidente peruano] Pedro Pablo Kuczynski, considerado un neoliberal”, dijo. “Hay tanta hipocresía”.
Es poco probable que el polarizado debate sobre lo que constituye un golpe de Estado desaparezca. Como dijo Malamud: “En América Latina, cuando se quiere llamar a algo por un nombre determinado se hace, independientemente de los hechos. El realismo mágico siempre se impone y todo se vuelve posible”.
Michael Stott
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