Mientras la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) se preparan para su próxima cumbre, promotores de los derechos humanos como Alfredo Romero piden a los líderes que aborden la actual crisis en Venezuela. Romero, presidente del Foro Penal Venezolano de Derechos Humanos, considera que el diálogo podría mejorar la situación del país. Sin embargo, subraya que cualquier conversación con el gobierno venezolano tiene que incluir la exigencia de la liberación de los presos políticos.
“Si la estrategia de romper relaciones con Venezuela para lograr cambios ha fracasado, no podemos criticar a nadie que busque abrir puertas al diálogo para mejorar la situación. Podría salir bien”, dice a DW Alfredo Romero, presidente de Foro Penal a la DW.
El presidente de Foro Penal ve en el próximo encuentro de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) y de América Latina y el Caribe (CELAC) una oportunidad.
“Invitar o dejar de invitar al Gobierno de Venezuela a una cumbre no incidirá en la situación de los derechos humanos, pero sí tendrá eco, aunque el tema no esté formalmente en la agenda, el que haya mandatarios que se pronuncien al respecto”, prosigue Romero. Es más, en su opinión, un posible diálogo con Caracas debe tener como base la exigencia de liberación de presos políticos.
Según un informe de Foro Penal, a finales de marzo de 2023 se contabilizaban 283 personas prisioneras por motivos políticos. “Esta cifra se ha mantenido alta, a pesar del llamado que hiciera al Gobierno de Nicolás Maduro el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, se afirma en el informe.
Entre enero de 2014 y marzo de 2023, han sido 15.792 los detenidos por motivos políticos, según Foro Penal. “En la mitad de esos casos, se ha detectado tortura, y se registran 300 asesinatos”, cuenta Romero, puntualizando que su organización ha logrado liberar a 12.000.
El caso, en La Haya
En septiembre de 2020, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, de la ONU, publicó un informe de 443 folios calificando de “crímenes de lesa humanidad” las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país. En febrero de 2018, la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya había abierto una investigación preliminar por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por autoridades de Venezuela desde al menos abril de 2017.
“No es el Estado venezolano el que está siendo investigado, sino perpetradores específicos. No obstante, el Gobierno utiliza la maquinaria estatal para oponerse a la investigación en favor de las víctimas”, agrega Romero, uno de los cuatro abogados acreditados para el caso en la CPI.
A la espera de la decisión de la CPI en cuanto a retomar o no la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, Romero, abogado y catedrático de derechos humanos, advierte: “Si creemos en los derechos humanos, no se pueden parar investigaciones internacionales por crímenes de lesa humanidad en aras de una normalización o de que empresas petroleras puedan volver a entrar al país”.
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Momento para hablar
El momento es crucial en las relaciones entre la UE y América Latina y el Caribe. En la nueva estrategia de Bruselas -a cuyo borrador tuvo acceso DW- se anuncia que se continuarán los esfuerzos por soluciones pacíficas y democráticas en Venezuela, a través del International Contact Group.
Precisamente por ello, “es importante que se diga que el Estado de derecho en Venezuela es una fachada. Hay leyes y fiscales, pero todo el poder judicial está al servicio de la política del Gobierno”, sigue Romero, autor del libro “El reloj de la represión”.
En ese libro, ahonda en los mecanismos de los autoritarismos modernos. La “Ley contra el Odio” -que condena todo discurso disidente- o la inminente Ley de Fiscalización de organizaciones no gubernamentales serían parte de ello.
Aunque internacionalmente hay un cierto cansancio respecto al tema de Venezuela, “la represión está en marcha”, recuerda a DW Raquel Sánchez, abogada que trabaja para Foro Penal desde la frontera entre Venezuela y Colombia.
“Aunque la ley de oenegés aún está pendiente de aprobación, hay defensores de derechos humanos privados de libertad, hay órdenes de captura y campañas de estigma y difamación, cuyo objetivo es mantener acallada a la población y que no se sepa lo que ocurre en el país”, agrega Sánchez, coautora del estudio “Frontera común”, publicado por Civil Rights Defenders.
“Efectivamente, lo que más les molesta a estos Estados de derecho no democrático es que se conozca la situación y que la crítica de la comunidad internacional pueda cerrarles caminos a negocios o beneficios”, comenta Romero. “Pero si esas cumbres y esos encuentros están orientados al desarrollo de los países, debe quedar claro que, sin derechos humanos, no es posible. No pueden taparse los ojos”, agrega, insistiendo en que en el encuentro UE-CELAC en julio se deberán tematizar Nicaragua, Cuba, Guatemala, El Salvador, y no solo Venezuela.
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