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¿Quién pagará por la transición de eficiencia a resiliencia?

Los políticos occidentales quieren que las empresas paguen la factura de la economía posneoliberal.

¿Estamos entrando en una nueva era de redistribución de la riqueza? ¿O se mantendrán los desequilibrios entre el capital y el trabajo que han caracterizado el último medio siglo de historia económica?

Es una pregunta que vale la pena hacerse, sobre todo en EEUU, ya que la inflación empeora y las elecciones intermedias se avecinan.

Hace poco más de tres años, argumenté en esta columna que finalizaba la era de acumulación de riqueza que comenzó con la revolución Reagan-Thatcher e iniciaba una nueva era en la cual el equilibrio de poder entre el capital y el trabajo se desplazaría un poco en dirección a este último.

Dejando de lado a la nueva primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, que parece querer recuperar los años 80, creo que por fin estamos entrando en la era posneoliberal, sobre todo en EEUU, donde los desequilibrios de poder son más pronunciados.

En muchos países de la OCDE se ha producido un desacoplamiento de la productividad y los salarios en los últimos 40 años, durante los cuales el sector empresarial tomó una mayor parte de las ganancias del ingreso nacional. Sin embargo, mientras que el 55 por ciento de las ganancias de productividad en Europa occidental siguen siendo para el trabajo, los trabajadores estadounidenses tienen que luchar por un simple 14 por ciento, y la mayor parte se destina al tercio superior de los trabajadores.

La desglobalización, que favorecerá los mercados laborales locales en algunas industrias, está empezando a cambiar esa dinámica. Al igual que el envejecimiento demográfico, que creará un mercado laboral estructuralmente más ajustado, así como millones de nuevos puestos de trabajo domésticos en profesiones asistenciales.

Pero la tercera parte del tema capital-trabajo es la creciente presión sobre las empresas para reforzar la posición de los consumidores y del Estado en una época de costos crecientes. La inflación se produce por todo tipo de razones, pero una de ellas es el cambio de enfoque económico de la eficiencia a la resiliencia. Tanto el sector público como el privado buscan protegerse del cambio climático, la geopolítica y los movimientos del mercado. Los cambios en las cadenas de suministro, las asignaciones de divisas de reserva y las políticas fiscales forman parte de esto. Pero la resiliencia cuesta dinero. La pregunta es, ¿quién lo pagará?

Los gobiernos quieren que las empresas asuman parte de la carga. Pensemos en el debate sobre el control de los precios en el sector de la energía y la electricidad, mientras los países del G7 buscan formas de frenar el aumento de costos del gas y la electricidad. La UE espera cobrar impuestos extraordinarios a los productores de electricidad no-gasífera cuando sus precios de mercado superen un determinado umbral.

En los EEUU, el Congreso incluyó en agosto el control de precios de los medicamentos recetados en el proyecto de ley presupuestaria de la Ley de Reducción de la Inflación. También hay un impulso para determinar un precio mínimo en los mercados laborales de todos los sectores (algo que es atípico en EEUU, donde la sindicalización generalmente ocurre empresa por empresa). El gobernador de California, Gavin Newsom, acaba de firmar un proyecto de ley que buscaría aumentar los salarios en el sector de la comida rápida a 22 dólares la hora a partir del próximo año. Incluso la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, aboga por que las empresas aporten más para ayudar a pagar la capacitación de los trabajadores y el cuidado infantil.

También existe un gran impulso en torno a la política comercial centrada en los trabajadores del presidente Joe Biden, la cual estuvo en primer plano en la reunión ministerial del Acuerdo Económico Indo-Pacífico para la Prosperidad celebrada la semana pasada en Los Ángeles. Algunos funcionarios de seguridad nacional están ansiosos por cerrar nuevos acuerdos con países como Vietnam, Malasia, Tailandia y Brunei como parte del esfuerzo de EEUU por aumentar su propia base de poder económico y de seguridad en Asia para contrarrestar a China.

Katherine Tai, la representante comercial de EEUU, junto con progresistas como Rosa DeLauro, Elizabeth Warren y Bernie Sanders, buscan garantizar que la mano de obra nacional no se verá afectada en el proceso. Ellos y ellas, junto con 42 Demócratas de la Cámara de Representantes, escribieron una carta al gobierno de Biden la semana pasada solicitando más transparencia en torno a las negociaciones comerciales con Asia, para que no se convierta en una carrera hacia el fondo.

Como me dijo Tai: “Hay muchas cosas en juego en cuanto a equilibrar la política económica nacional e internacional”. Pero los nuevos acuerdos comerciales, en su opinión, no deben significar salarios más bajos para los trabajadores estadounidenses, normas ambientales menos estrictas o permitir que las empresas multinacionales evadan impuestos o se aferren al poder de los monopolios. “Se trata de construir la economía de abajo hacia arriba y de la mitad hacia afuera”, dice.

Tai solo controla las conversaciones comerciales. El Departamento de Comercio, que se ha mostrado más comprensivo con los gigantes tecnológicos, por ejemplo, se encarga de las conversaciones sobre las cadenas de suministro, las infraestructuras y los impuestos. Y los halcones de la seguridad simpatizan con el argumento de que “mientras más grande, mejor” que han propuesto las empresas estadounidenses.

Pero sería una locura que los Demócratas hicieran algo que resultara seriamente problemático para las perspectivas laborales, antes de las elecciones intermedias de otoño. Recuperar a la clase laboral es crucial para mantener la mayoría en el Congreso. Las cifras demuestran que la pérdida Demócrata de ciudades industriales (como en la que yo crecí) destruidas por los últimos 20 años de política comercial neoliberal es en gran parte de lo que promovió el ascenso de Donald Trump.

El presidente Biden siempre ha sido comprensivo con los intereses laborales, y ha nombrado funcionarios clave, como Lina Khan de la Comisión Federal de Comercio y Gary Gensler de la Comisión Nacional de Valores han situado ese tema en el centro de su misión. Pero para que el eslogan “trabajo, no riqueza” tenga realmente sentido, los Demócratas necesitan ganar a lo grande en las intermedias. Si lo hacen, es de esperar que el equilibrio de poder entre el capital y los trabajadores se desplace aún más.

Rana Foroohar

Derechos de Autor – The Financial Times Limited 2021.

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