El Poder Judicial dictó prisión preventiva contra Pedro Castillo, de esta manera, aceptó el pedido de la Fiscalía de la Nación, que solicitó que permanezca en prisión por 18 meses.
Así lo decidió el juez supremo Juan Carlos Checkley, tras argumentar que una prisión preventiva no es una condena adelantada, sino que se impone en casos en los que se evidencia o advierte que el procesado pueda fugarse.
El fiscal supremo Uriel Terán solicitó 18 meses de prisión preventiva contra el vacado expresidente y el exjefe de gabinete Aníbal Torres. Al primero se le imputa los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.
Durante la lectura de sentencia Checkle dijo que “no existen otros medios alternativos” que la prisión preventiva, tras recordar que Castillo manifestó una conducta obstruccionista y de fuga.
Los delitos de Pedro Castillo
Además, señaló que, en el caso de Castillo y Torres, los presuntos delitos que se le imputan superan los 4 años, por lo que da por cumplido este requisito para aplicar la prisión preventiva.
El magistrado también sostuvo que en el caso de Castillo su arraigo laboral se encuentra disminuido, y que debido a la gravedad de la pena que podría imponérsele incrementan el peligro de fuga.
En esa línea, indicó que se evidencia un plan de fuga, luego de las declaraciones de las autoridades de México. También recordó que la Corte Suprema ha indicado que la rebelión se puede dar incluso cuando no se han usado las armas ya que no hubo la oportunidad de ello como por ejemplo en los autogolpes.
Durante la lectura de la resolución Checkley manifestó que existen graves y fundados elementos de convicción de la presencia de Aníbal Torres, Betssy Chávez, Roberto Sánchez, Willy Huerta en Palacio de Gobierno, desde antes que se lee el mensaje a la Nación.
El juez también indicó que también hay elementos de convicción de que Castillo no pudo concretar su golpe de Estado por causas ajenas, pues las FF.AA. y la PNP no lo respaldaron.
Fuente principal de la noticia: Poder Judicial Perú