Cinco años de cárcel si transporta a una persona indocumentada. A esos cinco, súmele diez años, si la persona, además, es un menor de edad.
Y si usted es dueño de un negocio con empleados sin papeles tendrá que pagar una multa de hasta $15 mil o incluso podrían revocarle la licencia que le permite funcionar.
Estas son algunas de las tres medidas que propone la legislatura de Florida con su ley de inmigración. Una propuesta que ha sido impulsada por el gobernador Ron DeSantis y que probablemente sea aprobada en las próximas semanas por una Cámara de Representantes con mayoría republicana.
En febrero de este año, DeSantis anunció su plan para responder a lo que él define como la “agenda de las fronteras abiertas de Biden”. En ese momento, el gobernador también firmó una legislación que le daba más recursos –$12 millones – para ampliar el programa de traslado de los inmigrantes que llegan a la frontera a los llamados estados santuarios.
¿Seguridad nacional o aspiraciones presidenciales?
“Florida es un estado de orden público, y no vamos a cerrar los ojos ante los peligros de la crisis fronteriza de Biden. Continuaremos tomando medidas para proteger a los floridanos de las imprudentes políticas federales de frontera abierta,” fueron las declaraciones del gobernador cuando anunció su propuesta.
Sin embargo, y a pesar de justificarla con un asunto de seguridad nacional, el anuncio de DeSantis de una legislación que convertiría en criminales a las personas – ciudadanos o residentes – que mantienen algún tipo de relación con un inmigrante indocumentado. El giro es visto por algunas organizaciones más como una movida política de un gobernador que quiere ser presidente que como un asunto de seguridad nacional.
“Esto es otro teatro político de su parte,” afirma la directora de Florida Inmigration Coalition, Paula Muñoz, para referirse a la propuesta del gobernador DeSantis. Esta coalición, con sede en el sur del estado, reúne a más de 25 organizaciones que ayudan a integrar a los inmigrantes que llegan a Florida a las actividades del estado para así hacerlos sentir como “en casa.”
Para Muñoz esta ley va mucho más allá que una propuesta para proteger las fronteras. Insiste en que uno de los aspectos más preocupantes es la criminalización que se hace tanto del inmigrante como de su red de apoyo: “Este ataque es principalmente para todas las personas que viven en el estado, no tiene que ver con las fronteras.”
Con esta legislación, los ciudadanos o residentes estadounidenses que alberguen, transporten o tengan contacto con alguna persona indocumentada, estarían forzados a denunciarlos a las autoridades. “Está obligando que los ciudadanos o residentes de Florida hagan el trabajo de ICE (Immigration and Customs Enforcement)”, sentencia Muñoz.
Esto también ocasionaría, por ejemplo, que los inmigrantes consideren no recibir atención médica o que sus hijos asistan a la escuela: la ley también contempla la obligación por parte de estos lugares de compartir la información personal de todos los inmigrantes que atienden con el estado.
La preocupación también está del lado de los empresarios
Una de las tantas medidas que contempla la ley es la de pedir a todos los empleadores que utilicen E-Verify, un sistema que verifica la empleabilidad de las personas. Si un empresario viola dos veces esta verificación, su licencia para operar su negocio será revocada.
En Estados Unidos viven 11 millones de personas indocumentadas, de las cuales 772 mil están en Florida, de acuerdo a cifras del Migration Policy Institute.
Según estimaciones de la misma organización, 62% de los inmigrantes indocumentados del estado forman parte de la fuerza laboral. El sector que más los emplea es el de la construcción, donde trabajan más de 100 mil personas.
Del lado de los empresarios, les preocupa que la aprobación de esta ley vaya a suponer una dificultad más para encontrar personal cualificado que puedan emplear. “Van a aumentar las situaciones donde no se consigue fuerza laboral para trabajar en ciertos sectores,” afirma Lourdes León, la directora de la Cámara de Comercio Hispana del Condado de Volusia, en Florida, cuya misión es apoyar a los negocios hispanos.
Luego de la pandemia del covid-19, el número de personas trabajando, o buscando un trabajo, en el país se redujo como nunca antes. Según la Cámara de Comercio de EE.UU., entre febrero de 2020 y marzo de 2023, se perdieron 1.8 millones de trabajadores.
“Si esto llega a pasar, vamos a estar en un punto inclusive peor y las compañías van a tener que tomar medidas drásticas, que no están dentro de su presupuesto, para seguir operando”, insiste León.
La implementación de esta ley pondría en riesgo los trabajos de personas que han construido una vida en Florida, que sienten el estado como su nueva casa lejos de su país de origen, agrega la gremialista, por lo que considera que de aprobarse la ley se va a originar “problema socioeconómico” del que no se habla lo suficiente.
“A pesar de que evidentemente el inmigrante es el primer afectado, también lo es el empresario”, opina Samuel Vilchez Santiago, director de Florida para la American Business Immigration Coalition Action.
Vilchez Santiago tilda la propuesta de DeSantis como un “paquete antihumano y draconiano” e insiste que, de aprobarse, uno de los mayores perjudicados sería la economía de Florida, en especial, el área de la agricultura, donde la mayoría de los trabajadores son inmigrantes.
Después del turismo, la agricultura es la industria que genera más ingresos para el estado.
Una reforma a favor de los migrantes cada vez más lejana
La American Business Immigration Coalition Action es una organización que busca una reforma bipartidista del sistema de inmigración de Estados Unidos para que así los inmigrantes puedan tener mayores facilidades para trabajar en el país.
“Queremos una reforma migratoria que otorgue un camino para la ciudadanía a los 11 millones de indocumentados que existen en el país”, comenta Vilchez Santiago, quien opina que esto no se ha logrado por intereses partidistas de tanto republicanos como demócratas y que con esta propuesta de DeSantis, se retrocede en este objetivo que beneficiaría a todas las personas, ya sean inmigrantes o no.
A vistas de una posible aprobación de la legislatura de Florida, la American Business Inmigration Coalition Action, la Florida Inmigration Coalition y otros grupos que ayudan a los inmigrantes, donde destacan las comunidades religiosas, se han reunido con representantes de la cámara para evaluar futuras enmiendas e incluso demandas que puedan debilitar la fuerza de esta ley.
“Sabemos que este proyecto viola muchos derechos humanos. No es un proyecto humano”, resalta Paula Muñoz.
Sin embargo, se han topado con la realidad de que algunos legisladores todavía no se han leído lo que se podría aprobar en tan solo unas semanas: “Estamos llamando a nuestros representantes porque muchos de ellos, créanlo o no, no se han leído este proyecto de ley”, afirma.
Muñoz considera que las organizaciones civiles están haciendo el trabajo que deberían realizar los legisladores y también destaca la importancia de que las personas se informen a profundidad de todo lo que supondría esta ley de aprobarse.
“Muchas personas no saben de todo lo que supone esta ley y lo que va a impactar, también, en las personas que no son ciudadanas. Cuando se lo explicamos nos dicen: No, esto no puede pasar.”
Ella, ciudadana americana, podría pagar hasta 15 años de cárcel por llevar a su vecino, indocumentado, a la escuela.
