La misión internacional de la ONU acusó que los servicios de inteligencia de Venezuela funcionan como estructuras para “reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad”.
El tercer informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos en la República Bolivariana de Venezuela (MIIV) fue categórico. Así lo expresó la propia presidenta de esa instancia, Marta Valiñas, en una conferencia de prensa de la ONU en Ginebra, Suiza.
“Nuestras investigaciones y análisis demuestran que el Estado venezolano se apoya en los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Al hacerlo, se están cometiendo graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, dijo Valiñas.
La MIIV destacó el papel de dos servicios de inteligencia militar y civil de Venezuela, que serían parte fundamental de las violaciones a los DD.HH.: la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Además, se señala que tales crímenes son parte de la “ejecución de un plan orquestado por el presidente Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición al Gobierno”.
Asimismo, en otro informe de la MIIV, se documenta una serie de violaciones y crímenes en el Estado de Bolivar, al sur del país, en las zonas de extracción de oro. “El informe confirma lo que las organizaciones de DD.HH. hemos venido denunciando en la última década”, dice a DW Marino Alvarado, coordinador jurídico del Programa de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA).
Una forma de reparación
Las ONG de derechos humanos en Venezuela han seguido en detalle las conclusiones emanadas de la MIIV. Destacan que la publicación del informe podría servir para futuras investigaciones de violaciones a los DD.HH., para el litigio que lleva adelante la Corte Penal Internacional en contra del gobierno de Nicolás Maduro y otros.
“Los reportes de estas entidades tienen una incidencia en dar a conocer lo que en Venezuela ocurre y ayudan a que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU conozca la situación y haga una especie de reclamo al país. Sirve para llamar la atención y oficializar lo que hemos venido diciendo hace algún tiempo. Le da credibilidad”, afirma a DW Alfredo Moreno, director de Foro Penal, una ONG venezolana.
Una opinión similar tiene Alvarado. Según el abogado, “las recomendaciones del informe dejan abierta la posibilidad de la jurisdicción universal, es decir, que aquellos Estados que tengan en su legislación la posibilidad de aplicar jurisdicción universal, la apliquen. Lo más importante es terminar con la impunidad”.
La Profesora Ligia Bolivar, coordinadora general de AlertaVenezuela, también destaca la importancia que el informe de la ONU tiene para las víctimas. “Se logra revindicar su versión de la verdad, lo que no es poco, sobre todo para alguien que viene por años reclamando justicia. Eso vale muchísimo, es una forma de reparación porque los responsables están impunes. Y así lo han sentido algunas víctimas con las que he tenido contacto hoy”, explica a DW.
“El grueso de Venezuela desconoce este tema”
“Es una información muy valiosa, pero con un impacto bastante limitado”, precisa a DW Andrés Cañizález, politólogo e investigador asociado de la Universida Católica Andrés Bello, de Venezuela. El también periodista aclara que en Venezuela existe hoy una “gran ruptura del tejido comunicacional”, por lo que las acusaciones del informe de la MIIV no cambian radicalmente la opinión de quienes viven en ese país. “Tengo la certeza de que el grueso de la población de Venezuela desconoce este tema”, asegura.
Este lunes (09.26.2022), la Misión presentará sus conclusiones y recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos, donde se deberá votar si se aprueba o rechaza el informe. “Imaginamos que va a haber un grupo de Estados que rechacen el informe, incluyendo a Venezuela, por supuesto. Y otro grupo Estados que lo respalden y que seguramente recomienden la extensión del mandato de la misión para que pueda seguir su investigación de lo que está pasando en Venezuela”, indica Bolivar.
En octubre se debería debatir si se prorroga el mandato de la MIIV.
Hasta el cierre de esta edición, aún no existían reacciones ni del Presidente Nicolás Maduro ni del canciller venezolano. DW se trató de comunicar en más de una oportunidad, sin éxito, con el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.