Grupos de derechos civiles presentaron el lunes una demanda federal contra la nueva ley de inmigración de Florida, que entró en vigencia el 1 de julio.
El Southern Poverty Law Center, la American Civil Liberties Union, la ACLU de Florida, Americans for Immigrant Justice y el American Immigration Council presentaron la demanda en un tribunal federal de Miami contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, la fiscal general Ashley Moody y el fiscal estatal Nicholas B. Cox en nombre de la Farmworker Association of Florida y otros, según los registros judiciales.
La legislación que DeSantis, un republicano, firmó en mayo refuerza su programa de reubicación de migrantes y limita los servicios sociales para los inmigrantes que carecen de estatus legal permanente.
También amplía los requisitos para que las empresas con más de 25 empleados utilicen E-Verify, un sistema federal que determina si los empleados pueden trabajar legalmente en EE.UU. Otra disposición exige que los hospitales que aceptan Medicaid incluyan una pregunta sobre ciudadanía en los formularios de admisión.
La demanda se centra específicamente en las disposiciones que penalizan el transporte a Florida de personas que hayan entrado ilegalmente en el país y no hayan sido “inspeccionadas” por el gobierno federal desde entonces.
La demanda afirma que es inconstitucional que un estado regule unilateralmente la inmigración federal y someta a las personas a castigos penales sin un aviso previo justo. También afirma que el uso que hace Florida del término “inspección” es incoherente e inconstitucionalmente vago.
DeSantis lanzó en mayo una campaña para la nominación presidencial del Partido Republicano en 2024, haciendo hincapié en su dura postura contra la inmigración ilegal.
