¿Hay esperanza en — por fin— lograr la reforma migratoria que le daría estatus legal a más de 11 millones de migrantes en Estados Unidos? Nadie la tiene, o al menos estos cuatro expertos en migración lo creen muy difícil tal como está la polarización en el Congreso entre republicanos y demócratas.
En una conferencia organizada por la organización Ethnic Media Services, la directora de Immigration Hub, Kerri Talbot; el cofundador del Werner-Kohnstamm Family Fund, Edward Kissam; el fundador de Cyrus D. Mehta & Partners PLLC, dedicado al derecho migratorio, Cyrus Mehta, y el analista político de Migration Policy Institute, Ariel G. Ruiz Soto, expusieron sus proyecciones para 2023 sobre la agenda migratoria de la administración de Joe Biden y del nuevo Congreso recien electo en las pasadas midterms.
Ciertas presiones como el posible término de Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) y la situación en la frontera, pueden obligar algunos cambios a nivel legislativo, pero — más allá de eso— los analistas y expertos creen que 2023 no será el año de grandes reformas en el sistema migratorio por las trabas para alcanzar acuerdos entre demócratas y republicanos.
La directora de Immigration Hub, Kerri Talbot, una organización de exmiembros del congreso y defensores de políticas migratorias, señaló que en 2022 no hubo grandes avances en la reforma al sistema migratorio, considerado obsoleto y quebrado por organizaciones de derechos humanos desde hace décadas.
Con el nuevo Congreso, y la siguiente correlación de fuerzas, Talbot señala que “será mucho más difícil ahora debido a los republicanos controlando la Cámara de Representante. Esto hace que sea extremadamente improbable que cualquier legislación llegue al escritorio del Presidente”.
A pesar del panorama adverso, Talbot subraya que la tarea, de cara a 2025, es ampliar la red de aliados en los estados republicanos para alcanzar finalmente la promulgación de una reforma migratoria que sincere las políticas de recepción de migrantes y elimine los cuellos de botella en el sistema. “Es un trabajo a largo plazo”, dijo.
¿Qué espera para 2023? Impulsar la expansión del Estatuto de Protección Temporal (TPS), como una vía de migración legal, que incluya otros países. Es allí, en el desarrollo del TPS, donde Talbot considera que la administración Biden lo ha hecho mejor: “Ha hecho un muy buen trabajo en extender las protecciones a las personas que no pueden regresar a sus países de origen”.
Inmigration Hub apuesta por la expansión de esas otras medidas migratorias como el parole, el TPS, pero están preocupados por el eventual cese del programa para “Dreamers”, así como sobre el cierre de vías para obtener asilo en Estados Unidos y el bloqueo para quienes vienen de un tercer país.
Título 42: una tragedia
El fiduciario de la organización defensora de migrantes Werner-Kohnstamm Family Fund, Edward Kissam, catalogó como una “tragedia” la extensión de la aplicación del Título 42 porque “está distrayendo de los temas de salud pública (…) Están tratando de usar una regla de una crisis para otra crisis, que es la crisis en la frontera”.
Aunque considera un paso acertado el desarrollo de una aplicación móvil para solicitar asilo, subrayó que su efectividad dependerá, una vez más, de cómo se programen las citas para solicitantes de asilo, el número de entrevistas que se programen y si se incluye una consideración seria de los planteamientos de los solicitantes.
Kissam considera otro desafío el apoyo económico que se requiere para adecuar el sistema migratorio en la frontera y la solicitud de la administración Biden de que sean aprobados 3.400 millones de dólares para implementar los seis pilares del programa de Homeland Security (DHS, por sus siglas en inglés).
Sobre el cupo de 30 mil solicitantes de parole por mes, aunque parezca una oferta generosa, subraya, realmente no lo es. “Es incierta la promesa limitada del nuevo plan de Biden, pero dada la posición que están tomando los republicanos en el Congreso, no tengo grandes esperanzas de que sea muy eficaz”, indicó.
En principio, dijo, porque “estoy muy preocupado por la exageración que se está plantenado a los inmigrantes como una plaga en la frontera”.
Pese a todo, Kissam intenta no ser cortoplacista e insiste en que este es un tema que hay que mirar con una proyección de dos a cuatro años. En ese sentido, es optimista. “Espero que los tipos de argumentos que se han presentado sobre la necesidad de trabajadores extranjeros prevalezcan. La evidencia durante varias décadas ha sido que los trabajadores inmigrantes nos complementan a los trabajadores y que contribuyen de manera importante al bienestar económico de los Estados”.
DACA en suspenso
El analista Ariel Soto de Migration Policy Institute, una organización no partidista que analiza política migratorias, insisitó que en las organizaciones pueden hacer más para mostrar los impactos positivos de Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) en la familia, en sus empleos y en la economía.
Desde septiembre de 2017, el programa enfrenta múltiples desafíos legales en varios estados del país que intentan mirar la legalidad del programa implementado en 2012 por el presidente Barack Obama para darle un estatus legal a miles de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y que entraron en el sistema educativo. La aceptación de nuevas solicitudes al programa fue suspendida en septiembre de 2017, durante la administración de Donald Trump. En octubre de 2022, una corte local de apelaciones afirmó que DACA es ilegal.
Es posible que la decisión del último tribunal se de en un par de semanas, o en un par de meses, señaló Soto: “El juez ha dicho que le gustaría avanzar rápidamente en este asunto y resolver el caso mucho antes o a principios de este año”.
Actualmente el número de beneficiarios de DACA es de 590 mil. El 81% de ellos son mexicanos, le sigue El Salvador, Guatemala. El 54% de ellos se identifican como mujeres. 29% de los beneficiarios.
“Es posible que un juez dicte fallos en contra de las reglas en febrero para DACA y así el Congreso tendrá ahora una presión significativa para proporcionar una solución legislativa, pero hasta entonces creo que tanto los demócratas como los republicanos han podido mirar para otro lado porque este tema ha estado estancado en tribunales”, consideró.
El asunto, dijo, es que tipo de negociaciones están dispuestos a hacer los demócratas para reducir su agenda y tener una conversación más inclusiva para llegar un acuerdo con los republicanos.
Sobre la migración legal
La entrega en las tarjetas de residencia permanente, como las green card, no escapan del cuello de botella en el sistema de migración legal basado en el empleo. Cyrus Mehta, fundador de Cyrus D. Mehta & Partners PLLC, apuntó que las cuotas por país— como está establecido ahora— deberían ser abolidas.
Para citar un ejemplo, trajo a colación el caso de los trabajadores de la India. Actualmente, indicó, a un beneficiario de una petición de empleo nacido en la India le tomará 90 años en ser atendido. Y en ese interín, permanecen atrapados en la visa H-1B.
“Los indios son los más afectados los nacidos en India pero hasta cierto punto incluso los nacidos en China se ven afectados, pero no de manera tan horrendas como para los beneficiarios nacidos en la India”
Hay muchas soluciones, indicó, pero consideró “desafortunado” que el Congreso está atascado. “Podemos tener esta discusión al final sobre la reforma migratoria integral porque ahí es donde radica el problema, ya sabes, cada uno quiere avanzar en su propia agenda, ya sea que sea un trabajador calificado , lo que sea, pero en última instancia, todo el sistema tiene que ser reformado integralmente y para lograrlo, debe involucrar a todos y ambas cámaras del Congreso deben aprobar una reforma migratoria integral que ha sido ilusoria durante mucho, mucho tiempo”.