Una estudiante de secundaria, quien ahora podría ser deportada junto a su familia, es una de 27 menores que limpiaban un matadero de Nebraska.
A sus 13 años, era demasiado joven para limpiar una planta empacadora de carne situada en el centro de la región ganadera de Nebraska, y para trabajar en el turno de la noche entre las sierras de carne y las cortadoras de huesos. La empresa de limpieza infringió la ley al contratarla a ella y a más de dos docenas de adolescentes en esta cruda ciudad industrial, según las autoridades federales.
Desde que el Departamento del Trabajo de los EEUU realizó una redada en la planta en octubre, se impuso una multa a Packers Sanitation Services, un contratista utilizado para limpiar las instalaciones, por infringir la legislación sobre trabajo infantil. Mientras tanto, la niña es testigo de cómo su vida se va derrumbando.
Primero, perdió el trabajo que le quemaba y ampollaba la piel pero que le pagaba $19 la hora. Después, un juez del condado envió a su padrastro a la cárcel por llevarla al trabajo cada noche, una violación de las leyes estatales sobre trabajo infantil. Su madre también se enfrenta a penas de cárcel por conseguir los documentos falsos con los cuales logró obtener el trabajo. Y a sus padres les aterroriza la idea de que los deporten a Guatemala, país que abandonaron hace varios años en busca de una vida mejor.
“No tengo palabras”, expresó la madre el mes pasado, sollozando en la puerta de su casa de color melocotón pálido, horas después de que la policía se llevara esposado a su marido. La niña, que ahora tiene 14 años, abrazó a su madre y se esforzó por describir cómo se sentía.
“Mal”, dijo finalmente.
En una amplia investigación sobre Packers se halló a 102 adolescentes, de entre 13 y 17 años, limpiando mataderos en ocho estados, parte de una creciente oleada de niños trabajadores contratados ilegalmente para cubrir puestos de trabajo en algunas de las industrias más peligrosas del país. Impulsadas en parte por la persistente escasez de mano de obra y el número récord de menores migrantes no acompañados que llegan de Centroamérica, las violaciones del trabajo infantil casi se han cuadruplicado desde 2015, según datos del Departamento del Trabajo, y han aumentado en trabajos peligrosos que los ciudadanos estadounidenses suelen evitar.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) inició una investigación penal sobre el posible tráfico de seres humanos relacionado con pesquisas civiles del Departamento del Trabajo, declaró un portavoz, y el gobierno de Biden prometió esta semana tomar medidas más severas. Pero las consecuencias en Grand Island ilustran la complejidad de la aplicación de la legislación nacional sobre trabajo infantil.
Packers no se ha enfrentado a cargos penales, a pesar de las pruebas de que no tomó medidas básicas para verificar la edad de sus jóvenes empleados. El mes pasado, resolvió rápidamente el caso pagando una multa civil de $1,5 millones. Las familias de los trabajadores adolescentes, por el contrario, se han visto expuestas a acusaciones de maltrato infantil y a una posible deportación. Ninguna ha solicitado permisos de trabajo ni la protección contra la deportación a disposición de los niños trabajadores, por temor a represalias en una ciudad obrera donde el trabajo de casi todo el mundo está vinculado de algún modo a la industria cárnica.
Desde la redada de octubre, a algunos de los niños ya no se los ve por ninguna parte: fueron despedidos de sus trabajos y ya no van a la escuela, según dos empleados de la escuela. Defensores de los inmigrantes dijeron que los funcionarios del Departamento del Trabajo hicieron una redada en la planta de Grand Island sin ningún plan para asegurarse de que todos los niños estuvieran a salvo y además se negaron a proporcionar los nombres de los niños a las organizaciones que podrían haberles ayudado.
“Es una locura”, afirma Audrey Lutz, ex directora de la organización sin ánimo de lucro Multicultural Coalition, que presta servicios a inmigrantes. “No tenemos ni idea de dónde están”.
Los adolescentes de Grand Island habían sido contratados para limpiar la sangre y la grasa de res del resbaladizo “matadero”, utilizando mangueras de alta presión, agua hirviendo y espumas y ácidos industriales, según lo expuesto por el Departamento del Trabajo en los registros del tribunal federal. Según los expedientes judiciales, sus tarea consistían en desinfectar los cuchillos eléctricos, las desolladoras de grasa y las sierras de 190 libras que se usan para partir los cadáveres de las reses, según los expedientes judiciales. Algunos estudiantes sufrieron quemaduras con sustancias químicas y, debido a que no dormían lo suficiente tras trabajar en turnos nocturnos, se quedaban dormidos en clase, según un fiscal local y los expedientes judiciales.
Los responsables de la empacadora afirman que ya despidieron a todos los trabajadores menores y a dos directivos de Grand Island. Acusaron a “individuos sin escrúpulos” de utilizar documentos falsos para comprobar que los niños eran mayores de edad y subrayaron que los 102 trabajadores constituían una parte ínfima de la plantilla de 17.000 empleados de la empresa. Esta es la declaración completa de Packers.
“Como padres y ciudadanos, no queremos que ningún menor de 18 años trabaje para [Packers], y punto”, aseguró la portavoz Gina Swenson en un correo electrónico.
“Nuestra empresa tiene un firme compromiso corporativo con nuestra política de tolerancia cero contra la contratación de menores de 18 años”, añadió Swenson. “En cuanto supimos de las acusaciones [del Departamento del Trabajo], llevamos a cabo múltiples auditorías adicionales de nuestra base de empleados, y contratamos a un bufete de abogados externo para revisar y ayudar a fortalecer aún más nuestras políticas en esta área, además de muchas otras medidas.”
Packers es propiedad de Blackstone, una de las mayores empresas de capital de riesgo del mundo, valorada en el mercado en más de $100.000 millones. Un funcionario de Blackstone indicó que esa empresa también se opone al trabajo infantil y está “satisfecha de que PSSI haya resuelto este asunto con el Departamento del Trabajo.”
La planta empacadora de carne de Grand Island es propiedad de la empresa brasileña JBS, una de las mayores productoras de carne de res del mundo, propietaria de otras dos plantas en las que trabajaban los niños. En 2016, el gobierno brasileño multó a JBS por emplear ilegalmente a niños y, en 2021, un grupo brasileño contra la esclavitud acusó a la empresa de comprar ganado a ranchos que utilizaban mano de obra esclava.
Ninguno de los niños del caso Packers fue contratado directamente por la empresa de carnes. Todos ellos trabajaban para Packers, un contratista externo, explicó Nikki Richardson, portavoz de JBS. Explicó que JBS rescindió los contratos con Packers en Grand Island y Worthington, Minn. JBS no se ha enfrentado a ninguna sanción en este caso.
“En JBS USA no toleramos el trabajo infantil”, afirmó Richardson. “Esperamos y exigimos contractualmente a nuestros proveedores que cumplan las mismas normas estrictas que aplicamos a la selección y admisibilidad de nuestra propia mano de obra”.
Desde 1938, la legislación federal estadounidense prohíbe a las empresas contratar a menores de 18 años para trabajar en determinadas ocupaciones peligrosas. También prohíbe que los menores de 16 años trabajen muchas horas o hasta altas horas de la noche.
El crecimiento de las violaciones se produce en un momento de extraordinaria escasez en el mercado laboral. La tasa de desempleo nacional cayó al 3,4 por ciento en enero, la más baja desde 1969, y es aún más baja en lugares como Nebraska. En industrias devastadas por el Covid, como la del envasado de carne, los empleadores tienen dificultades para cubrir las vacantes, lo que ha llevado a los legisladores de Iowa y Minnesota a proponer recientemente que se rebaje la edad legal a la cual los adolescentes pueden trabajar en algunos empleos peligrosos.
“Nunca, que yo recuerde, habíamos encontrado los tipos de infracciones que se están encontrando en las ocupaciones peligrosas”, admitió David Weil, profesor de política social y gestión en la Universidad Brandeis, quien fue un alto funcionario laboral en el gobierno de Obama. “Es indignante”.
El Departamento del Trabajo no hace un seguimiento de cuántos trabajadores infantiles son inmigrantes, alegando que no es relevante para sus investigaciones. Sin embargo, los defensores y activistas del sector afirman que la inmigración es un factor clave en el aumento.
La niña de Grand Island (quien habló bajo condición de anonimato por temor a sufrir represalias en la comunidad) forma parte de un número récord de menores no acompañados que llegan a la frontera sur, de los que casi la mitad es procedente de Guatemala, desde que el gobierno de Biden los eximió de una política pandémica que expulsa a los migrantes que cruzan ilegalmente.
Los críticos afirman que la exención está animando a los jóvenes a dirigirse al norte, y muchos se instalan en zonas rurales que necesitan trabajadores desesperadamente. Grand Island, una ciudad de 52.000 habitantes en las llanuras de Nebraska, ha recibido a unos 260 menores no acompañados desde 2019, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos, responsable de colocar a los menores no acompañados con padres o tutores en Estados Unidos.
La niña llegó en 2021 procedente de Joyabaj, un municipio pobre del altiplano guatemalteco. La niña y su hermana mayor vivían con sus abuelos desde 2016, cuando su madre se marchó a Grand Island, donde trabaja de tres de la tarde a medianoche como cortadora de carne de JBS. Tras cinco años, pagó a unos contrabandistas para que llevaran a sus hijas al norte.
La madre, que tiene siete hijos, dijo que quería que la niña se centrara en la escuela. Pero la chica dijo que se aburría en Grand Island y que el verano pasado solicitó por Internet el trabajo en Packers para poder comprarse ropa bonita y un iPhone 13.
“Me gusta el dinero”, declaró la niña con una tímida sonrisa durante una entrevista reciente en la sala de estar de la familia, escasamente amueblada en la que predominaba un gran altar a Jesús y la Virgen de Guadalupe. “Me gusta comprar cosas”.
Indicó que trabajó en la planta casi tres meses, del 1 de junio al 22 de agosto de 2022, vaciando la basura y limpiando fregaderos. Su trabajo allí terminó de manera abrupta después de que una enfermera de la Walnut Middle School encontrara quemaduras químicas, ampollas y heridas abiertas en sus manos y en una rodilla, según los fiscales del condado. En aquel momento, la chica dijo que las heridas habían sido causadas por productos químicos de limpieza cuando se empaparon sus guantes y su ropa. Funcionarios de los Packers dijeron que los registros internos no muestran ningún informe de dichas lesiones.
La escuela alertó a las autoridades locales, que habían recibido informes anteriores sobre niños que trabajaban en la planta. En 2016, llamaron a la policía de Grand Island desde Walnut Middle School para que investigara a un estudiante de 14 años que tenía las manos lastimadas, según muestran los registros policiales. La fiscal local Sarah Hinrichs explicó que revisó un informe de marzo de 2022 sobre otra chica de 14 años que se quedó dormida en clase después de trabajar en el turno de la noche limpiando las instalaciones de JBS.
En el caso 2022, la niña declaró a las autoridades que había sufrido malos tratos y que la habían obligado a trabajar para Packers para pagar una factura de $8.000 por llevarla de contrabando al norte desde Guatemala. Su tío se declaró inocente de un delito grave de abuso de menores y está a la espera de sentencia; la tía aún no se ha declarado culpable. En una entrevista, negó haber maltratado a la niña.
Packers alegó que la empresa no fue alertada de ninguno de los dos incidentes. La policía de Grand Island señaló que remitió el informe de 2016 al Departamento del Trabajo, pero los investigadores federales aseguran que no tienen constancia de ello. El Departamento del Trabajo organizó la redada de octubre tras recibir un aviso en agosto y entrevistar a algunos de los niños trabajadores en su casa y en la escuela.
En una entrevista, Shannon Rebolledo indicó que ella y otros investigadores no tuvieron problemas para detectar a trabajadores menores de edad cuando registraron la planta de Grand Island. Muchos vestían overoles de goma verde, botas con punta de acero, guantes, cascos y gafas protectoras, una clara señal de que el trabajo era peligroso.
Algunos de los adolescentes trabajaban más de 40 horas semanales en estrecho contacto con multitud de empleados adultos, según afirma el Departamento del Trabajo en los expedientes judiciales: Los supervisores les dieron capacitación durante semanas. Los guardias de seguridad los recibían cada noche en la puerta. Los compañeros hacían calistenia con ellos antes de cada turno y comían con ellos en la cafetería.
“Hay gente de la comunidad que los ve ir y venir a altas horas de la noche y llegar a la escuela”, aseguró Rebolledo. “Lo único que pienso es: ¿Cómo fue posible? ¿Cómo es que nadie ha dicho nada?”
Un ex trabajador de Packers que presenció la redada declaró al Post que sus jóvenes compañeros a veces bromeaban sobre sus falsas identidades. Mencionó a un trabajador especialmente joven que decía tener 37 años. El extrabajador habló bajo condición de anonimato por temor a perjudicar sus perspectivas de empleo en el futuro.
Swenson, el portavoz de Packers, indicó que la política de la empresa exige a los trabajadores que informen de sospechas de fraude de identidad para que la empresa pueda investigar y despedir a los trabajadores menores. Afirmó que engañaron a la empresa para contratar a los niños, refiriéndose al fraude de identidad como la “única forma” de eludir el riguroso proceso de Packers de comprobar todas las nuevas contrataciones a través del sistema gubernamental E-Verify.
Los papeles falsos son un peligro habitual para los empleadores. En enero, un juez federal condenó a un guatemalteco de Grand Island a 15 meses de prisión federal por vender licencias de conducir y tarjetas del Seguro Social falsificadas. No está claro si el hombre, que será deportado tras cumplir su condena, tenía algún vínculo con el caso Packers.
De hecho, la procedencia de los documentos falsos sigue siendo un misterio. La chica de Joyabaj y su madre ofrecieron explicaciones contradictorias sobre cómo la estudiante de secundaria obtuvo documentos que afirmaban que tenía 22 años. La madre declaró a The Post que una mujer le dio a su hija los documentos; la chica dijo que los consiguió en el trabajo. Los fiscales locales acusaron a la madre de suministrar los papeles y confiscar los ingresos de la niña.
Los investigadores del Departamento del Trabajo afirmaron que E-Verify no es una medida para evitar la contratación de menores. El sistema basado en internet permite a las empresas comprobar si un solicitante cumple los requisitos para trabajar, pero no verifica la edad. Los directivos que contratan a trabajadores son responsables de examinar los documentos de identidad de los solicitantes, según las autoridades, para asegurarse de que sus rostros coincidan con las fotos y otros datos de identificación.
Packers también utiliza programas informáticos que piden a los solicitantes que confirmen que son mayores de 18 años. Varios solicitantes se negaron a responder a esa pregunta, según los funcionarios del Departamento del Trabajo, lo que hizo que el programa informático emitiera advertencias que la empresa empacadora no tuvieron en cuenta.
“Están culpando el problema en la documentación. Pero han demostrado que no habrían indagado de todas maneras”, dijo Michael Lazzeri, administrador regional de Chicago de la división de salarios y horas del Departamento del Trabajo, que dirigió la investigación.
El portavoz de Packers destacó que el gobierno federal promueve E-Verify como la mejor manera de comprobar las identidades, pero es solo “una entre un amplio conjunto de herramientas que utilizamos para hacer cumplir nuestra prohibición absoluta de emplear a cualquier persona menor de 18 años”, explicó Swenson.
En respuesta a las acusaciones, Swenson se remitió a una declaración jurada de Paul DeCamp, ex funcionario del Departamento del Trabajo que supervisó las investigaciones sobre trabajo infantil durante el gobierno de George W. Bush. DeCamp, a quien Packers contrató como perito, escribió que el Departamento había investigado a Packers al menos una docena de veces desde 2010 y que no encontró ninguna violación de trabajo infantil, una señal de que la compañía generalmente cumple con la ley federal y que “no hay en ningún sentido una práctica generalizada en la empresa de contratar a menores”.
Los responsables de Packers dijeron que el Departamento del Trabajo solo les había dado los nombres de 23 de los 102 menores. “Los 79 restantes no nos fueron revelados, porque supuestamente eran exempleados”, afirmó Swenson. “Nuestras auditorías y la investigación del Departamento del Trabajo confirmaron que ninguno de los individuos que el ellos citaron como menores de 18 años trabaja para la empresa en la actualidad, y muchos se habían separado del empleo con PSSI hace varios años”.
Los funcionarios del Departamento del Trabajo dijeron que se negaban a dar a Packers los 102 nombres por temor a represalias contra los niños o sus familiares. En su lugar, Lazzeri dijo que los investigadores encargaron a la empresa que los encontrara. “Realmente depende de ellos averiguarlo”, afirmó.
Lazzeri sostuvo que los investigadores observaron en las plantas a varios trabajadores de Packers que parecían menores de edad, muchos más que los 102 identificados. Según las fotos de vigilancia y las observaciones de los investigadores, el número real de trabajadores adolescentes podría ser “cinco veces mayor”.
Los investigadores no intentaron localizar a esos otros niños, aseguró, y añadió: “Solo podemos confirmar hasta cierto punto”.
Aunque Rebolledo, la investigadora, calificó a Packers como “el peor caso que he visto”, las acusaciones de trabajo infantil apenas han ondulado el tejido cívico de Grand Island.
El asunto no se ha planteado en las reuniones del consejo escolar ni del ayuntamiento, según consta en las actas. Las autoridades escolares y la mayoría de los miembros del consejo escolar declinaron hacer comentarios, mientras que la mayoría de los concejales no respondieron a las llamadas telefónicas del Post. El alcalde Roger Steele, republicano, no quiso ser entrevistado.
Vaughn Minton, exconcejal que dejó su cargo en diciembre, señaló que la reacción fue casi nula porque JBS despidió inmediatamente a Packers. “La planta empacadora de carne hizo todos los cambios que se le exigieron”, explicó.
El concejal de Grand Island, Jack Sheard, ofreció otra razón para mantenerse en silencio.
“Es vergonzoso para cualquier comunidad estar vinculada a algo así”, admitió Sheard. “He intentado ayudar a que nuestra comunidad sea más tolerante y abierta a los inmigrantes, a las familias inmigrantes, a la gente que no se parece a mí. . . . A muchos nos avergüenza que esto haya ocurrido aquí”.
En Grand Island predominan los blancos. Los inmigrantes representan alrededor del 16 por ciento de la población local. En entrevistas con más de dos docenas de residentes, propietarios de negocios, líderes religiosos y abogados, muchos declararon que los rumores sobre el trabajo infantil en la planta empacadora de carne habían circulado durante años, mucho antes de que JBS comprara la planta en 2007 después de que una redada de inmigración trastornara la ciudad.
El exmiembro del consejo escolar Carlos Bárcenas Jr. afirmó que recuerda a un pequeño número de compañeros que limpiaban la planta por la noche cuando él estaba en el instituto en 1998. Otro residente de Grand Island, un migrante de Honduras que habló bajo condición de anonimato para evitar ser deportado, mencionó que limpiaba la planta empacadora de carne por la noche en 2002, cuando tenía 17 años.
“No era el único que trabajaba allí. Había muchos menores”, aseguró el hombre, que recordaba haber quemado cadáveres animales en el suelo de la planta con productos químicos a $14 la hora y haber dormido la siesta entre clases en la cafetería del instituto. Dijo que lo dejó a los seis meses.
“No entiendo cómo estos niños de hoy en día… pueden haber hecho algo así, porque es realmente duro”, contó. “Trabajar toda la noche en un lugar difícil y luego ir a la escuela”.
Desde entonces, JBS ha donado millones para un centro preescolar de la ciudad, un programa médico en un instituto, bancos de alimentos y un nuevo carril para bicicletas que conduce a la planta. La empresa es considerada un líder cívico.
Aunque ninguno de los 27 niños identificados por los investigadores del Departamento del Trabajo sigue empleado en la planta, no está claro qué ocurrió a la mayoría de ellos.
Solo una docena estaban inscritos en la escuela, según los defensores de la comunidad y el personal escolar. Inmediatamente después de la redada, algunos faltaron a clase durante días para evitar hablar con los investigadores. Al menos cuatro se dieron de baja desde entonces, según un empleado de la escuela con conocimiento directo de la situación, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar del caso.
Dos de esos estudiantes huyeron de la ciudad, dijo el empleado, y añadió: “Cuando llegaron las autoridades, los niños pensaron que se los llevarían o que los deportarían”.
Los funcionarios del Departamento de Trabajo explicaron que intentaron ayudar a los niños trabajadores remitiéndolos a las escuelas y a otras agencias federales como el el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). También pidieron al DHS que estudiara la posibilidad de conceder permisos de trabajo y protección contra la deportación a los empleados y ex empleados de Packers. Cabe señalar que un funcionario del DHS señaló que el departamento acepta solicitudes, pero que, hasta ahora, no se ha recibido ninguna.
Sin embargo, el cuidado de los menores no forma parte de la misión del Departamento del Trabajo, según los funcionarios de este organismo.
“Espero que estén a salvo. Espero que, si están trabajando, lo hagan en condiciones seguras”, expresó Rebolledo. Pero, no lo sé.”
La falta de seguimiento ha frustrado a los defensores de los inmigrantes. El Centro Jurídico para Inmigrantes de Nebraska pidió al Departamento del Trabajo que identificara a los menores trabajadores para que el centro pudiera prestarles asistencia jurídica y ayudarles a solicitar ayuda federal. Los trabajadores se negaron, alegando el derecho a la privacidad de los niños, según el director ejecutivo del centro, Erik Omar.
“Estamos aquí para ayudar. Pero no podemos ayudar si no sabemos quiénes son los niños”, afirma Omar.
Un funcionario del Departamento del Trabajo indicó que la agencia remite a los menores solo “de conformidad con las leyes de privacidad”, y añadió que la Casa Blanca anunció la creación de un grupo de trabajo para fomentar una mejor colaboración con otras agencias en estos casos.
Como posibles víctimas de la trata de seres humanos, los trabajadores menores de edad también pueden tener derecho a recibir ayuda federal para comprar alimentos y pagar el alquiler, explicó la portavoz del HHS, Alyssa Jones. La madre de la niña de Joyabaj aseguró que su hija recibió una carta en la cual se le ofrecía dicha ayuda. Pero la madre, que alegó no saber leer ni escribir en ningún idioma, explicó que temía que el gobierno se llevara a sus hijos si la familia aceptaba el dinero.
La madre ya se enfrenta a cargos por maltrato infantil por permitir que la niña trabajara en Packers. Se ha declarado culpable y se enfrenta a una pena de hasta un año de cárcel. Su trabajo de $24 la hora en JBS (con vacaciones pagadas y prestaciones que esperaba conservar para siempre) está en juego.
Un ventoso día del mes pasado, el padrastro de la niña, Manuel De la Cruz, llegó a la corte del condado en el centro de Grand Island para la sentencia de su propio caso de delito menor. Se había declarado culpable de infringir las leyes sobre trabajo infantil al llevar a la estudiante de secundaria a un trabajo peligroso, cargo que conlleva una pena máxima de seis meses de cárcel. Su abogado pidió al juez que le impusiera una multa.
El juez, Arthur Wetzel, calificó el caso de “extremadamente difícil”. Acusó a Packers de “obligar a niños pequeños a trabajar en un matadero”. Culpó a la madre de la chica de obtener los papeles falsos y de cobrar su paga. Y culpó “a JBS, que no puede pasar desapercibido”, por “contratar a una empresa de limpieza como ésta”.
“Sin embargo, señor De la Cruz, usted también es culpable”, aseguró el juez. “Tener a una hija de 14 años empleada ocho horas antes de asistir a la escuela en circunstancias peligrosas simplemente no podía ser condonado por esta corte”.
El juez condenó a De la Cruz a 30 días de cárcel. Tras cumplir su condena, según los registros judiciales, podría ser deportado. A través de su abogado, declinó hacer comentarios.
Las esposas de un agente se abrieron con un chasquido. Al fondo de la sala, la hijastra de De la Cruz, de 19 años, sollozaba. Afuera, su mujer y sus hijos pequeños vieron cómo se lo llevaban.
La niña de 14 años no asistió a la audiencia. Por el momento, al menos, sigue en la escuela.
Washington Post – Maria Sacchetti, Lauren Kaori Gurley
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