El Comité Judicial del Senado aprobó recientemente un proyecto de ley destinado a aplicar normas éticas más rigurosas a los jueces del Tribunal Supremo.
La medida llega tras una serie de revelaciones sobre la participación de magistrados en viajes financiados por donantes, lo que ha provocado una oleada de críticas y preocupación. Sin embargo, los republicanos se oponen firmemente a la propuesta, argumentando que podría comprometer la integridad del tribunal.
El proyecto de ley aprobado esboza normas éticas para el tribunal e introduce un mecanismo para garantizar su cumplimiento. Propone la creación de nuevas normas de transparencia en materia de recusaciones, regalos y posibles conflictos de intereses.
Los demócratas impulsaron este proyecto de ley a raíz de que el juez Clarence Thomas se tomara unas vacaciones de lujo y realizara negocios inmobiliarios con un destacado partidario del Partido Republicano, y de que el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, se negara a prestar testimonio sobre la ética judicial ante la comisión.
Otras noticias revelaron que otros jueces, como Samuel Alito y Sonia Sotomayor, también aceptaron vacaciones de lujo de un donante del Partido Republicano y promovieron la venta de libros durante sus visitas a universidades, respectivamente.
A pesar de estas revelaciones, la aprobación del proyecto de ley en el Senado sigue siendo incierta debido al requisito de al menos nueve votos republicanos y a la oposición de la Cámara de Representantes, de mayoría republicana.
El presidente del Comité Judicial del Senado, Dick Durbin, aplaudió el proyecto de ley como un paso crucial para restablecer la confianza en el tribunal. Afirmó que tales acciones por parte de cualquier senador infringirían las normas éticas, una norma que también debería aplicarse a los jueces.
El proyecto de ley llega en medio de un creciente partidismo y disputas en el seno de la comisión sobre la judicatura.
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El reciente nombramiento y confirmación de tres jueces conservadores por parte del expresidente Donald Trump, a pesar de la oposición demócrata, ha provocado un perceptible giro a la derecha en el tribunal.
Los republicanos, sin embargo, sostienen que la desaprobación de las sentencias del tribunal por parte de los demócratas, y no sus prácticas éticas, es el verdadero motor del proyecto de ley.
La ley sugerida establecería un nuevo “código de conducta” del Tribunal Supremo con un sistema similar al de los tribunales inferiores para hacer cumplir la política. Obligaría a los magistrados a dar más detalles sobre posibles conflictos de intereses, permitiría a grupos neutrales de jueces revisar las decisiones de recusación de los magistrados y exigiría explicaciones públicas por escrito de sus decisiones de no recusación.
Además, pretende aumentar la transparencia en torno a los regalos recibidos por los jueces y formular un procedimiento para investigar y hacer cumplir las infracciones relacionadas con las revelaciones requeridas.
Aunque los republicanos propusieron enmiendas al proyecto de ley, la mayoría fueron desestimadas, ya que los demócratas sostenían que eran intentos de distraer la atención de la reforma ética.
Durbin rechazó la noción de que la legislación está políticamente impulsada, citando su apoyo a las reformas éticas del Tribunal Supremo hace más de una década, cuando el tribunal era de tendencia más liberal.
Por el contrario, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, adoptó un enfoque más partidista, elogiando el voto del comité y haciendo hincapié en la necesidad de proteger al Tribunal Supremo de la manipulación de los grupos ultra ricos y de extrema derecha.
La actual iniciativa legislativa sigue a las revelaciones sobre la transacción no revelada del juez Thomas con el donante del Partido Republicano Harlan Crow, superior a $100 mil, y las numerosas y lujosas vacaciones regaladas por Crow a Thomas y su esposa durante varios años.
Cuando se le invitó a testificar, el Presidente del Tribunal Supremo Roberts se negó, citando la importancia de preservar la independencia judicial. Sin embargo, emitió una declaración sobre principios éticos, respaldada por los nueve jueces.
La declaración reiteraba el compromiso de los jueces con las prácticas éticas, pero carecía de sugerencias específicas para mejorar la revelación de información y la adhesión a normas éticas más estrictas.
