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El caso de Shelly Fitzgerald, ex orientadora despedida de una escuela católica por su matrimonio con otra mujer, y su impacto en el equilibrio entre derechos LGBTQ y libertades religiosas en EE. UU. según las exenciones ministeriales.
Shelly Fitzgerald, ex orientadora de un instituto católico de Indianápolis, está en el centro de un caso que podría afectar a millones de empleados que trabajan para organizaciones religiosas, incluidas iglesias, organizaciones benéficas e instituciones educativas.
Fitzgerald fue despedida tras 14 años de servicio cuando las autoridades escolares se enteraron de su matrimonio con otra mujer. Este caso plantea la cuestión de si las organizaciones religiosas pueden despedir legalmente a sus empleados por motivos de orientación sexual, una acción que se consideraría ilegal en un instituto público o en una empresa laica.
Un tribunal federal de apelaciones de Chicago deliberó recientemente sobre el caso de Fitzgerald, examinando la evolución del significado del término “ministro” y si los empleados con responsabilidades religiosas deben estar exentos de las leyes antidiscriminatorias.
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Esto se produce después de que el Tribunal Supremo dictaminara en 2020 que los profesores de escuelas religiosas están sujetos a esta exención y pueden ser despedidos. El caso de Fitzgerald se basa en esta sentencia, cuestionando si los orientadores también deben entrar en esta categoría.
Los defensores de Fitzgerald argumentan que ampliar la exención ministerial podría privar a millones de empleados, como las enfermeras de los hospitales confesionales y el personal de apoyo de las escuelas religiosas, de sus derechos contra la discriminación. Estas protecciones van más allá de la orientación sexual y abarcan el sexo, la raza y la edad.
Por el contrario, las organizaciones religiosas afirman que verse obligadas a contratar a personas que no se adhieren a sus creencias violaría sus derechos constitucionales. El caso de Fitzgerald es sólo una de las numerosas disputas legales que avanzan por los tribunales federales, ya que el Tribunal Supremo parece cada vez más abierto a las reivindicaciones religiosas, incluso cuando chocan con los derechos LGBTQ.
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Durante la sesión judicial, la abogada de Fitzgerald, Gabriela Hybel, de Americans United for Separation of Church and State (Estadounidenses Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado), sostuvo que la función de su cliente como orientadora no consistía en ofrecer asesoramiento espiritual a los alumnos, sino en ayudarles a conseguir plaza en la universidad. El abogado de la escuela, Joseph Davis, del Fondo Becket para la Libertad Religiosa, replicó que el caso de Fitzgerald es similar a una sentencia anterior del mismo tribunal que afectaba a otro orientador de la misma escuela católica. El 7º Circuito apoyó a la escuela en esa situación.
El juez Joel Flaum instó a ambas partes a aclarar qué empleados deben estar exentos de las leyes de discriminación y cuáles no. Mientras que Davis sostuvo que los consejeros son distintos debido a la naturaleza de su trabajo, Hybel rebatió que el lenguaje del contrato no debe sustituir a las funciones reales que un empleado lleva a cabo. En el caso de Fitzgerald, su trabajo se consideraba secular.
El Tribunal Supremo reconoció inicialmente la exención ministerial en una decisión unánime de 2012 que afectaba a una iglesia luterana y a un profesor de una escuela de Michigan. Desde entonces, el alto tribunal ha ampliado el alcance de la exención, incluyendo casos en los que profesores laicos impartían materias no religiosas y no ocupaban cargos directivos.
Mientras el tribunal sigue sopesando las demandas religiosas, está claro que el resultado del caso de Fitzgerald y otros litigios similares influirá significativamente en el equilibrio entre los derechos LGBTQ y las libertades religiosas en Estados Unidos.
