La hija de 9 años y el hijo de 1 año de Rosa Viridiana Cerón Alpizar enfermaron dos días después de llegar, en junio, a uno de los refugios temporales para migrantes en la frontera con Estados Unidos. La mayoría de los niños que estaban en aquel gimnasio tenían problemas estomacales después de que les sirvieran una comida de salchichas y frijoles, recordó.
La hija de Alpizar mejoró rápidamente, pero su hijo no. José tenía fiebre y diarrea, y vomitaba. Cuando las enfermeras del refugio le dijeron que ya no podían hacer más por el niño, Alpizar buscó a un médico privado que le recetó antibióticos.
A mediados de junio, Alpizar, su pareja, sus hijos y su hermano se trasladaron a Leona Vicario, una antigua fábrica que el gobierno mexicano había adaptado para albergar a los migrantes que esperaban cruzar a Estados Unidos. Pero, semanas después, un médico le dijo que su hijo no mejoraba.
“Me enseñó de nuevo la gráfica y me dijo que seguía igual”, contó Alpizar mientras se encontraba en un centro comercial cercano al albergue. “Sigue desnutrido”.
Hace tres años, México contaba con pocos refugios para los migrantes que se dirigían a Estados Unidos. Las personas que solicitaban asilo, como Alpizar y su familia, se presentaban ante las autoridades estadounidenses y, por lo general, eran detenidas en instalaciones estadounidenses o liberadas bajo palabra mientras esperaban la resolución legal de sus casos. Y contaban con acceso potencial al sistema sanitario estadounidense.
Pero un conjunto de políticas de inmigración estadounidenses, un número creciente de solicitantes de asilo y refugiados, y la pandemia de COVID-19 han transformado las ciudades fronterizas mexicanas en zonas de retención para personas que esperan que las políticas cambien para poder cruzar y dirigirse al norte. Sin embargo, a pesar de los recientes esfuerzos del gobierno de Biden por deshacer algunas de esas políticas, parece que poco va a cambiar en los próximos meses.
Alpizar y su familia se encuentran ahora entre los miles de migrantes que viven en docenas de refugios construidos recientemente en Juárez, a pocos kilómetros de El Paso, Texas.
La espera, que puede durar meses, hace que algunos migrantes, como los hijos de Alpizar, desarrollen problemas de salud. Han aumentado las dolencias crónicas, como la hipertensión o la diabetes, personas que viven en condiciones extremas se han quedado sin atención, y se ha agravado el trauma que sufren quienes huyen de sus hogares.
Según el Título 42, una orden de emergencia de salud pública que la administración Trump invocó por primera vez en marzo de 2020 para detener la propagación de COVID, Alpizar y su familia no pueden presentarse en un puesto de control fronterizo y solicitar asilo político: serían inmediatamente expulsados a México sin una revisión.
Esta política, una de las que han mantenido a los migrantes en México, es en realidad “contraproducente” para proteger a las personas del COVID, según la investigación del KFF.
El albergue Leona Vicario ha sufrido brotes de varicela y sarampión desde su apertura en 2019. Sigue siendo considerado uno de los mejores refugios para migrantes porque el gobierno mexicano lo administra. Los refugios privados, y sin fines de lucro, operan con poca supervisión, y su calidad varía.
Algunos migrantes duermen en la calle. En general, las condiciones en que viven hacen que las personas enfermen, y la atención médica es limitada, señaló Gabriela Muñoz, gestora del Centro de Defensa del Inmigrante Las Américas, en Juárez.
Alpizar decidió viajar a la frontera desde Cuernavaca, una ciudad al sur de Ciudad de México, tras un intento de secuestro de sus hijos, según contó. Ese mismo día, su hermano Ángel y su pareja, Pablo Sandoval Arce, fueron golpeados cuando volvían a casa después de hacer un trabajo de pintura en un apartamento. Ella le dijo a Pablo, el padre de José, que no era una coincidencia.
Alpizar denunció los incidentes a la policía local, pero le dijeron que no se podía hacer nada. Unos días después, llegaron a Juárez con dinero de la tía de Alpizar que vive en Carolina del Sur, y que había ayudado a criar a Alpizar y a su hermano tras la muerte de su madre. Alpizar está tratando de conseguir una exención al Título 42 que permita a su familia presentar una solicitud de asilo y reunirse con su tía hasta que se resuelva su caso.
Las Américas recibe unas 4 mil llamadas al día, según Crystal Sandoval, directora del centro de El Paso. Solo unas 100 obtienen respuesta. Alrededor del 70% de las personas que llaman necesitan atención médica: requieren un tratamiento inmediato contra el cáncer, tienen una enfermedad como la diabetes que está fuera de control o han desarrollado una anemia. Otras han sido agredidas sexualmente o tienen embarazos de alto riesgo. Entre 60 y 90 personas a la semana reciben ayuda de la organización para conseguir exenciones, lo que les permite solicitar asilo y esperar en Estados Unidos a sus citas judiciales.
Los activistas de inmigración afirman que el Título 42 no solo ha perjudicado a la salud pública, sino que la norma se ha aplicado de forma selectiva. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) ha detenido a inmigrantes alrededor de 1,7 millones de veces en el actual año fiscal federal, que comenzó el 1 de octubre. Aproximadamente la mitad de esos arrestos dieron lugar a una expulsión en virtud del Título 42, según la agencia.
Un 65% de los expulsados eran personas de México, mientras que la gran mayoría de las otras expulsiones involucraban a personas de El Salvador, Guatemala y Honduras. En abril, sin embargo, las autoridades estadounidenses permitieron temporalmente la entrada en Estados Unidos de ucranianos que se encontraban en centros de acogida mexicanos.
En este contexto, la historia médica de la familia Alpizar no es la más extrema. Otros migrantes tienen necesidades inmediatas que amenazan sus vida. En 2019, después de cinco meses de espera en un refugio, una mujer ugandesa murió en un hospital de Juárez, la misma semana en que los funcionarios procesaron su solicitud de asilo. Murió de sepsis, neumonía y tuberculosis, según la autopsia.
La situación de Alpizar refleja cómo la política de inmigración de Estados Unidos ha externalizado la atención a los migrantes a México, señaló Jeremy Slack, investigador de inmigración de la Universidad de Texas-El Paso, que conoció a Alpizar durante una visita semanal a Leona Vicario.
Los tribunales federales han retrasado o bloqueado los intentos de la administración Biden de levantar algunas políticas de inmigración. En mayo, días antes de que Alpizar iniciara su viaje, un juez federal impidió que la administración Biden detuviera la orden Título 42.
Algunas organizaciones sin fines de lucro, por su parte, tratan de ayudar a los inmigrantes a acceder a la atención médica durante sus esperas en la frontera. El Hope Border Institute, una organización católica, creó un fondo para ayudarles a acudir a médicos privados, pagar las estancias en el hospital, conseguir las recetas y cubrir el transporte a las citas.
Cuando un médico aconsejó a Alpizar que pusiera a su hijo en una dieta especial, la familia fue a comprarle alimentos que no había en el refugio, donde viven unas 600 personas. Pero ese mismo día, cuando abrieron el refrigerador que comparten los residentes del refugio, la fruta y el yogur habían desaparecido. Ahora, Pablo compra tres veces a la semana y solo trae pequeñas cantidades para mantener a su hijo alimentado.
A finales de julio, un médico del centro de acogida diagnosticó a José una conjuntivitis y le administró un colirio antibiótico. Poco después, su hermana, Zoe, dio positivo en la prueba de COVID, y trasladaron a toda la familia a la sala de aislamiento del refugio.
Los problemas gastrointestinales, las enfermedades respiratorias, como el COVID; y las afecciones cutáneas son comunes en los centros de acogida, como los refugios, donde la gente se hacina en espacios reducidos, explicó la doctora Julie Linton, copresidenta del Consejo de Salud Infantil y Familiar de los Inmigrantes de la Academia Americana de Pediatría.
La doctora Linton ha tratado a muchos niños recién llegados que tenían múltiples infecciones parasitarias porque carecían de agua limpia o por la falta de condiciones higiénicas durante su viaje.
José podría tener algo aún más grave, pero la atención especializada y las pruebas no están disponibles para los migrantes, dijo el doctor Bert Johansson, un pediatra de El Paso que es voluntario en los refugios mexicanos.
O puede que José solo necesite un lugar estable para recuperarse.
El estrés crónico suprime el sistema inmunológico, lo que hace que las infecciones sean más probables y la recuperación más difícil, apuntó Linton. Las largas esperas también provocan o intensifican los traumas existentes, señaló Marisa Limón, directora del Hope Border Institute. Las enfermedades mentales son las condiciones de salud más frecuentes entre los migrantes de los refugios y centros de detención, añadió Linton.
En julio, los funcionarios de Las Américas le dijeron a Alpizar que tendría que esperar al menos de ocho a diez semanas antes de saber si su familia recibiría una exención.
Alpizar ha considerado la posibilidad de cruzar ilegalmente, pero no tiene los fondos necesarios. Un sentimiento de desesperación ha llevado a los migrantes a realizar ese peligroso viaje.
La falta de vías legales para solicitar asilo “hace que la gente se arriesgue más, en zonas más peligrosas”, dijo Eddie Canales, director del Centro de Derechos Humanos del Sur de Texas. “La frontera es un cementerio”.
KHN (Kaiser Health News) es la redacción de KFF (Kaiser Family Foundation), que produce periodismo en profundidad sobre salud. Es uno de los tres principales programas de KFF, una organización sin fines de lucro que analiza la problemática de salud y salud pública de la nación.