Las tensiones se han agudizado debido a nuevas grietas entre las familias de las víctimas y la policía, y entre propietarios de armas y los recién llegados activistas que buscan el control de éstas.
En una reunión de la junta escolar este mes en Uvalde, Texas, padres y administradores se encontraron atrapados en lo que se ha convertido en un argumento familiar: Casi un año había pasado desde que un tirador irrumpió en la escuela primaria Robb y mató a 19 niños y dos profesoras. La comunidad todavía está esperando que los funcionarios divulguen completamente que fue lo que sucedió.
“Casi un año ya, y honestamente nada ha cambiado”, dijo Jesse Rizo, tío de una de las víctimas de la masacre, a la junta. “Estas personas están prácticamente rogándoles que respondan preguntas. Ustedes vinieron aquí y básicamente oprimen a la gente. Les hacen preguntas, ustedes no tienen respuestas”.
A pesar del paso del tiempo, todavía hay un fuerte desacuerdo sobre quién debería ser despedido por la lenta respuesta policial a uno de los peores tiroteos escolares en la historia de Estados Unidos, y qué posición debería tomar la ciudad ante las reiteradas solicitudes de las familias de las víctimas para restringir las armas. Vecinos que se han conocido durante años ahora se encuentran incapaces de ponerse de acuerdo y más distantes que nunca.
“Solía ser una comunidad unida”, dijo Rizo después de la reunión de la junta escolar el 15 de mayo. “Ahora es como si ya no nos conociéramos”.
Unidos en el dolor en las semanas posteriores al tiroteo que encendió una tormenta nacional sobre cómo la policía responde a los tiroteos masivos, en los dolorosos meses posteriores, Uvalde se ha separado, dividiéndose a lo largo de líneas grupales que apenas existían hace un año.
Las fisuras son profundas y siguen abiertas: entre los parientes de las víctimas que hacen lobby por leyes de armas más estrictas, y los vecinos que siempre han sido cazadores y dueños de armas entusiastas y se resienten ante cualquier nueva restricción; entre los partidarios de la policía, que son objeto de una investigación del fiscal de distrito por su demora en derribar al tirador, y los residentes que ahora desconfían de las fuerzas del orden; entre aquellos que todavía están de luto y aquellos que quisieran mirar hacia el futuro.
Las fricciones han salido ocasionalmente a la luz en una ciudad donde todos aún compran en los mismos supermercados, comen en los mismos restaurantes, y asisten a los mismos juegos de la liga infantil.
En un evento reciente de la biblioteca, los residentes acorralaron al gerente de la ciudad para preguntar, en voz baja, sobre cuándo Uvalde podría comenzar a dejar atrás el tiroteo, comenzando por finalmente deshacerse de un santuario improvisado para las víctimas de la masacre que aún llena la plaza central. “Más de una persona me ha preguntado: ¿Cuándo vas a limpiar la plaza?”, dijo el gerente de la ciudad, Vince DiPiazza.
Ha habido muestras evidentes de ira. Los parientes de uno de los niños asesinados gritaron a la madre del tirador de 18 años después de encontrarse con ella por casualidad en la calle el año pasado. Un pastor local provocó furror al defender a la policía durante una reunión de la junta escolar el verano pasado. Una persona le instó a sentarse, gritando, “¡Tu tiempo se acabó!”.
“La negatividad divide. Ves a todos enfadarse”, dijo Berlinda Arreola, la madrastra de una de las víctimas.
Los desacuerdos y los resentimientos persistentes han complicado los preparativos para la conmemoración del miércoles de la masacre. Los funcionarios instaron a los forasteros a mantenerse alejados de Uvalde, mientras que los parientes de algunos residentes planeaban una marcha conmemorativa por la ciudad.
Las divisiones han crecido incluso entre las familias. Joe Alejandro, cuya sobrina fue asesinada, se encontró en desacuerdo con otros parientes que han estado exigiendo leyes de armas más estrictas, como elevar la edad de 18 a 21 para comprar un rifle estilo AR-15, el tipo usado en la masacre del año pasado.
“He tenido armas toda mi vida, y mi arma no va a matar a nadie”, dijo Alejandro. “Así es como crecimos. Vas a cazar por la mañana y vas a la escuela y las armas se quedan allí”, dijo, refiriéndose a su automóvil. “¿Por qué venir por mí?”.
La opinión de Alejandro es común en Uvalde, donde los votantes en la ciudad mayoritariamente hispana, rodeada de ranchos y tierras de caza, votaron por el gobernador Greg Abbott, un republicano, un poco más de cinco meses después del tiroteo, en una carrera donde su oponente, Beto O’Rourke, solía usar con frecuencia una gorra de béisbol de Uvalde y había prometido un mayor control de armas.
Después de que más de 100 estudiantes abandonaron las clases el mes pasado como parte de las protestas contra la violencia armada, los administradores escolares les advirtieron que enfrentarían consecuencias la próxima vez.
Mucho después del tiroteo, Uvalde sigue en alerta. Recientemente, el Ayuntamiento y un gran supermercado fueron cerrados después de que los residentes circularon imágenes de un hombre caminando por el centro con un arma en el hombro. (Resultó ser una pistola de balines). Algunos padres mantuvieron a sus hijos en casa durante la última semana completa de clases este mes debido algunas amenazas de violencia en las redes sociales que resultaron infundadas.
Las tensiones persisten en parte porque varias investigaciones sobre el tiroteo y la respuesta policial aún no se han resuelto.
Una investigación de la fiscal de distrito, Christina Mitchell, sigue abierta sobre si se deben presentar cargos contra alguno de los decenas de oficiales que esperaron más de una hora para asaltar el aula donde el tirador estaba atrincherado con los estudiantes y matarlo. Mitchell ha dicho que tiene la intención de presentar cualquier evidencia de conducta criminal a un gran jurado. Pero es probable que tal presentación aún esté a muchos meses de distancia.
“Un caso de esta magnitud tiene que ser deliberado, tiene que ser exhaustivo, y no puede haber prisa”, dijo en un comunicado. “Porque he visto casos que se investigan rápidamente y la justicia no prevalece en esos casos”.
Un estudio médico para determinar si un enfrentamiento más rápido con el tirador podría haber salvado a alguno de los niños aún no se ha completado. El Departamento de Justicia también está trabajando en su investigación sobre la respuesta de la policía. Vanita Gupta, la tercera funcionaria de mayor rango del departamento, visitó Uvalde el mes pasado para reunirse con funcionarios y familias y asegurarles que la investigación aún está en marcha, aunque sus resultados aún no se han publicado.
El departamento ha ayudado a los funcionarios de la ciudad a conectarse con personas en otras ciudades devastadas por tiroteos masivos, compartiendo un tipo de sombrío nuevo manual para navegar la larga y dolorosa secuela. “Reforzó en mi mente que lo que está sucediendo aquí no es inusual”, dijo DiPiazza.
Gran parte de la frustración ha sido dirigida a los administradores escolares, que supervisan la pequeña fuerza policial del distrito escolar. El jefe de esa fuerza, Pete Arredondo, fue señalado inmediatamente por el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCraw, por no enfrentar rápidamente al tirador.
Pero un informe de un comité de la Cámara de Texas encontró más tarde “fallas sistémicas” en la respuesta policial, no sólo de Arredondo, sino también de otras agencias, incluyendo el departamento de seguridad pública estatal y el departamento de policía de la ciudad, que también participaron en la respuesta. Tanto Arredondo como un sargento de la policía estatal en la escena, Juan Maldonado, fueron despedidos, y el oficial que había estado actuando como el jefe del departamento de policía de la ciudad en el momento de la masacre renunció.
El distrito escolar remodeló su departamento de policía, pero la contratación de un nuevo jefe de policía escolar no ha aliviado las tensiones. Cuando el padre de dos estudiantes cuestionó las calificaciones de un nuevo policía durante una reciente reunión de la junta escolar, el distrito respondió prohibiéndole la entrada a la propiedad escolar durante dos años.
Una carta firmada por el nuevo superintendente interino de la escuela, Gary Patterson, calificó las acciones del padre de disruptivas y perturbadoras.
Además del jefe de policía de la escuela, el distrito ha contratado a tres oficiales adicionales y espera traer a varios más. “Estamos siendo muy cuidadosos e intentando contratar al tipo de persona adecuada”, dijo Patterson en una entrevista. “Nuestro departamento de policía es el más escrutado del mundo en este momento”.
El edificio escolar donde tuvo lugar el tiroteo ahora se encuentra detrás de una valla de alambre, sus ventanas tabicadas, listo para una demolición planificada. La señal en una esquina del campus se ha convertido en una especie de santuario, visitado por los familiares de las víctimas y los conductores que pasan, y los estudiantes han sido dispersados a otras escuelas hasta que se pueda construir una nueva instalación.
Antes del tiroteo, el mural más prominente del centro de la ciudad había sido el que llevaba el nombre de la ciudad, imágenes de su historia y su antigua afirmación a la fama de Texas como “la capital mundial de la miel”. Ahora varias calles y callejones están adornados con enormes imágenes de los estudiantes de cuarto grado y sus maestras que fueron asesinados, un recordatorio ineludible de la identidad para siempre alterada de la ciudad.
Desde las primeras horas después del tiroteo, quedó claro que la masacre pondría a prueba la cercanía de la comunidad. En la noche del 24 de mayo, los familiares de las víctimas se habían reunido en un hospital esperando noticias de sus hijos cuando la madre del tirador entró.
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Un mural en Uvalde, TX rinde honor a Maranda Mathis, quien murió en la masacre de la escuela Robb Elementary. FOTO: Tamir Kalifa – The New York Times. -
Sandra Cruz, la madre de Eliahna Torres, 10, visita la cruz dedicada a su hija en la plaza memorial de Uvalde, TX, el 8 de octubre de 2022. FOTO: Tamir Kalifa – The New York Times. -
Brett Cross, tío y guardián de Uziyah García, 10, quien murió en la matanza de Robb Elementary, duerme en un catre a las afueras de la oficina de administración del distrito escolar de Uvalde como forma de protesta para que los oficiales de recursos del distrito fueran suspendidos de funciones el 2 de octubre de 2022. FOTO: Tamir Kalifa – The New York Times. -
Kimberly Rubio, cuya hija Lexi, 10, murió en la masacre de Robb Elementary, toma un cartel antes de la manifestación de March for our Lives en Austin, TX, el 27 de agosto de 2022. FOTO: Tamir Kalifa – The New York Times. -
Belinda Arreola, la abuela adoptiva de Amerio Jo Garza, hace una alocución junto con otras familias de Uvalde durante una conferencia de prensa en el capitolio estadal de Texas el 8 de mayo de este año. FOTO: Tamir Kalifa – The New York Times. -
Vincent Salazar, abuelo de Layla Salazar, quien murió en el tiroteo masivo de la escuela Robb Elementary, asiste a una reunión del consejo escolar con otros familiares en Uvalde, TX, el 10 de octubre de 2022. FOTO: Tamir Kalifa – The New York Times. -
La escuela Robb Elementary en Uvalde, TX, el 4 de febrero de 2023. Hace aproximadamente un año, un asesino entro en la escuela y mató a 19 niños y dos maestras. La escuela ha sido cerrada y destinada a demolición, y una nueva escuela será construida en el pueblo. FOTO: Tamir Kalifa – The New York Times. -
Vista aérea del casco urbano de Uvalde, TX el 17 de mayo pasado, aproximadamente un año después de que un tirador entrara en la escuela Robb Elementary y asesinara a 19 niños y dos maestras. FOTO: Tamir Kalifa – The New York Times.
Su madre —la abuela del tirador— había sido la primera víctima, recibiendo un disparo en la cara antes de que el tirador se dirigiera a la escuela. Ella no murió y se ha recuperado.
Arreola, la madrastra de Amerie Jo Garza, quien fue asesinada, recordó sentirse atónita cuando la madre del tirador se presentó. “Solo quería que supieran que fue mi hijo quien mató a sus hijos, y lo siento mucho por esto”, recordó Arreola que ella dijo.
Cuando Arreola y otros familiares vieron a la mujer en la calle dos meses después, en julio, Arreola se enfureció. “¿Qué razón tenía él?”, gritó, en una escena capturada por un equipo de cámara de la cadena de televisión en español Telemundo.
La madre del tirador se ve llamando al 911 pidiendo ayuda, y también dirigiéndose a los familiares. “Sé que mi hijo fue un cobarde, ¿no creen que lo sé?”, dijo. “¿No creen que estoy cargando todo eso conmigo? Lo sé. Y lo siento”.
En una tarde reciente, decenas de padres se reunieron para ver los juegos de la liga infantil mientras el sol se ponía sobre un parque de la ciudad. Las nubes se deslizaban por encima, dejando una ligera llovizna.
“La vida sigue”, dijo Lupe Leija, quien trabaja en construcción y también sirve en la junta de la liga. “Pero todavía hay ira”.
Dijo que su hijo estaba en la Robb Elementary durante el tiroteo y se negó a dormir solo durante dos meses después. Ahora, dijo, su hijo y otros venían a los juegos, tratando de recuperar un sentido de normalidad. “Mucha gente viene aquí para relajarse”, dijo. “La gente solo quiere sentirse tranquila. Quieren sentir paz”.
Bajo las luces, los árbitros llamaban bolas y strikes. Los padres se sentaban en sillas plegables o se ponían de pie y aplaudían a sus hijos. Entre ellos en algunas noches, dijo Leija, está el ex sargento de la policía estatal, Maldonado. Nadie le presta mucha atención.
“Le despidieron de su trabajo”, dijo Leija. “¿Qué más quieren?”
Edgar Sandoval, J. David Goodman – The New York Times
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