El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva destituyó este sábado a Julio César de Arruda, jefe del ejército de Brasil.
Aruda era oficial militar de más alto rango del país, quien debe rendir cuentas por la insurrección del 8 de enero, cuando manifestantes de derecha asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte de Brasil.
La destitución del general se produjo seis días después de que The Washington Post informó que había tratado de proteger a los manifestantes y simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, quienes se refugiaban en el cuartel general del Ejército tras asaltar los edificios públicos.
“’No vas a arrestar a la gente aquí’”, le dijo Arruda al ministro de Justicia de Lula alrededor de las 10:20 pm del día de los disturbios. Los manifestantes se escondieron hasta la mañana siguiente, un retraso que, según las autoridades, permitió que cientos escaparan.
El ministro de Defensa de Lula, José Mucio, ordenó a Arruda que se hiciera a un lado, según un alto funcionario de la administración que declaró bajo condición de anonimato.
El gobierno de Lula ha despedido u obligado a retirarse a por lo menos otros 40 miembros de base del ejército que estaban involucrados en la seguridad del palacio presidencial el día del ataque.
Las autoridades judiciales ahora están investigando el presunto incumplimiento del deber y el posible vínculo entre las fuerzas militares y los manifestantes.
El ataque del 8 de enero en Brasil se hizo eco de la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos. Al igual que en EEUU, los manifestantes brasileños fueron motivados por falsas denuncias de fraude electoral.
Bolsonaro, al igual que Trump, se ha negado a reconocer la derrota.
Pero la complicidad potencial de los militares, o al menos su simpatía por los alborotadores, ha hecho que la dinámica sea más peligrosa para Lula.