Cuando hace siete meses un familiar le dijo a José que en Florida había la oportunidad de trabajar en una compañía de construcción con “una buena paga”, el joven hondureño del área de Washington no lo pensó dos veces y se mudó al estado sureño. Nada le hacía presagiar que tiempo después saldría “huyendo” del lugar, por temor a una dura ley contra los indocumentados.
José —quien no cuenta con un estatus migratorio regular— regresó al área apenas unos días antes que entrara en vigor la Ley SB1718, el 1 de julio.
“Me iba bien y desde allí mandaba dinero a mi madre que estaba cuidando de mi niño aquí. Pero me dio temor y prácticamente salí huyendo”, expresó José —cuyo nombre real no publicamos y quien ahora reside en Prince George’s, Maryland. “Aquí se me complican las cosas mucho. Por ahora estoy en casa de mi madre, buscando un lugar para vivir con mi niño, pero la renta es bastante cara y el cuidado de niños también. Gracias a Dios mi mamá puede estar con mi hijo por ahora”, expresó José, de 28 años, quien emigró hace dos años al cruzar la frontera y cuyo menor tiene cinco años.
Desde que el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, promulgó la ley en mayo, inmigrantes optaron por salir del estado. “Yo conversaba con otros amigos que estaban en la misma situación migratoria que yo y también decidieron irse a otras ciudades”, contó José. “Había mucha angustia y temor”, añadió.
La nueva normativa, conocida como “ley antiinmigrante”, restringe el acceso de los indocumentados a empleos, documentos de identidad, servicios de salud y transporte. Se estima que unos 900 mil indocumentados se verían afectados.
En qué consiste la ley
La nueva normativa, clasificada por el propio DeSantis como la ley migratoria “más fuerte del país” obliga a las empresas que tengan 25 empleados o más a usar un sistema para verificar el estatus migratorio de los trabajadores (E-Verify), les impone multas de $1 mil diariamente si emplean a un indocumentado y amenaza a los empresarios con suspender sus licencias comerciales si incurren varias veces en estas faltas.
La ley prohíbe a las autoridades locales de Florida emitir documentos de identificación a extranjeros que se encuentren en Estados Unidos de forma irregular, es decir, licencias de manejo para indocumentados. La norma también invalida las tarjetas de identidad otorgadas por otros estados en esos casos.
“Mi licencia de conducir de Virginia no servía en Florida”, dijo José. Estas licencias —otorgadas por distintos estados a los indocumentados, incluidos Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia— llevan un distintivo que solo permite a las personas conducir, más no identificarse en los edificios federales o subirse a un avión
La legislación también exige a los hospitales recopilar los datos migratorios de los pacientes y presentarlos ante las autoridades, para calcular los costos de brindar atención médica a personas indocumentadas.
Otra de las normativas más polémicas es que la ley considera un delito grave que alguien traslade en su auto a una persona indocumentada para ingresar al territorio de Florida.
“No solo llegan indocumentados”
Aunque no hay números concretos, organizaciones que trabajan con inmigrantes, como Somos CASA, observan el flujo. “Nuestro personal que presta servicios nos reporta que han visto más familias de Florida, mudándose hacia nuestra área”, dijo a El Tiempo Latino el presidente de Somos CASA, Gustavo Torres.
“Vienen preguntando por servicios y nosotros aquí los damos orientación y les explicamos el proceso para que se instalen”, indicó Torres.
Torres advirtió que no solo llegan indocumentados, sino inmigrantes amparados por el TPS o DACA, y hasta ciudadanos estadounidenses. “Muchos tienen familiares indocumentados y prefieren no arriesgarlos por eso optan por irse a ciudades que les dan mayor acogida. Nosotros en Maryland, los recibimos con brazos abiertos”, indicó.
Grupos del área de Washington DC reaccionan
Torres dijo que hay organizaciones del área de Washington, al igual que CASA, que se han reunido con otras a nivel nacional para delinear un plan de respuesta a la ley de Florida. Los grupos están bajo el paraguas del Movimiento para una Reforma Migratoria Integral Justa (FIRM, por sus siglas en inglés) y planean tener una convocatoria en Florida.
De otro lado, ya se han tomado acciones legales contra la medida. El lunes 17 de julio, grupos defensores de los derechos civiles interpusieron una demanda federal, entre ellos el Southern Poverty Law Center y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
La demanda se enfoca específicamente en las disposiciones que penalizan el traslado a Florida de individuos que podrían haber ingresado al país de forma irregular y que desde entonces no han sido “inspeccionados” por el gobierno federal. La denuncia afirma que es inconstitucional que un estado regule de forma unilateral la inmigración federal y castigue penalmente a las personas sin previo aviso.
“Es política. Sucederá lo mismo que ocurrió en Prince William”
Críticos de la medida sostienen que le legislación es parte de la campaña política de DeSantis para ganar las elecciones primarias, optando por regulaciones de derecha extrema. “Es un juego político para demostrar a sus votantes que él (DeSantis) es más malo que Trump”, dijo Torres al recordar políticas parecidas que se adoptaron en el condado de Prince William, Virginia, en 2008 y en el estado de Arizona en 2010.
“Hubo un éxodo de personas hacia otros condados y estados”, comentó Torres. “Pero al mismo tiempo el impacto político fue muy fuerte. La gente rechazó las medidas de extremismo intolerable”, indicó.
Como resultado, en Prince William se levantó una ola de candidatos hispanos y de otros grupos étnicos. “Hoy es un condado que refleja la diversidad y recibe a los inmigrantes”, dijo Torres.
En el caso de Arizona, la administración Obama presentó una demanda contra la controversial les SB1070, promulgada por la gobernadora Jan Brewer, lo que llevó a un juez federal a bloquear las partes más controvertidas de la legislación antes de que pudieran entrar en vigor.
Hasta 20 llamadas para mudarse al DMV
La agente de bienes raíces, Carolina Duque, manifestó su sorpresa al recibir, entre fines de junio y principios de julio, decenas de llamadas de residentes de Florida expresando su intención de mudarse al área de Washington DC.
“Un día recibí hasta 20 llamadas de personas preguntando por viviendas en alquiler”, dijo Duque, quien tiene sus oficinas en Gaithersburg, Maryland.
“La mayoría tenía el ‘ITIN Number’ (número de identificación para declarar impuestos) y había que asesorarlos para poder alquilar vivienda”, indicó.
El flujo de llamadas continuó por varios días. “Ahora recibo una que otra esporádicamente”, señaló.
La agente de bienes raíces, Carolina Duque, afirma que el mismo día que entró en vigor la Ley SB1718 recibió al menos 20 llamadas de residentes de Florida con interés de mudarse al área de Washington, DC. FOTO: Cortesía de Carolina Duque
Vacaciones paralizadas
En Burke, Virginia, la peruana Mariella Raucco cuenta que el plan de vacacionar con sus amigos se vino abajo.
Raucco y su esposo habían invitado a dos parejas al departamento de tiempo compartido (Time Share) que tienen en Florida.
“Habíamos planeado ese viaje desde hacía mucho tiempo y separamos el espacio con anticipación y todo pagado”, contó Raucco, quien es ciudadana estadounidense.
Sin embargo, al promulgarse la ley, las dos parejas que irían con ellos cambiaron de opinión por temor. “Les dio miedo la legislación y prefirieron quedarse. Ellos no tienen residencia, pero pagan impuestos y aportan a este país. No es justo”, dijo Raucco.
Mientras se miden las repercusiones de la SB1718 en otras áreas de la nación, grupos civiles instan a los inmigrantes en Florida a buscar ayuda y dicen que si eres inmigrante indocumentado o conoces a alguien que pueda verse afectado por esta ley de Florida puedes llamar al número 1888-600-5762, la línea de la Coalición de Inmigrantes funciona las 24 horas del día los siete días de la semana.
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