Un grupo de vendedores informales llevaron sus puestos y ventas hasta el edificio de Alcaldía de Washington DC, como una acción de protesta y de presión para pedir a los miembros de Concejo de la ciudad que escuche su posición para que aprueben la despenalización de las ventas callejeras.
Según Vendedores Unidos, el concejal Phill Mendenson bloqueó el tema en las últimas reuniones y ha rechazado agendar una reunión con los vendedores afectados, que esperan ser escuchados. Este miércoles venció el plazo que el Concejo tenía para tratar el tema durante la última sesión del mes.
“Queremos que descriminalicen las ventas de la calle, la gente busca nuestros productos y nosotros no somos criminales, estamos tratando de ganarnos la vida honradamente. Trabajar en la calle también requiere sacrificios y esfuerzos”, dijo Magnolia Álvarez, una vendedora de tamales de la Mount Pleasant.
El grupo, que en su mayoría coloca sus puestos en los alrededores de la estación del metro de Columbia Heights, explica que en los últimos meses otros vendedores se han sumado a la venta informal en la zona y que de esa actividad por lo menos más de una docena de familias tienen el sustento garantizado.
“La mayoría éramos latinos, pero han llegado otros vendedores (afroamericanos) y esto es porque la gente busca la venta que ofrecemos. No le hacemos daño a nadie, por eso pedimos que se considere darnos los permisos para continuar vendiendo”, afirmó Soledad Miranda, otra de las vendedoras.
En su mayoría los vendedores informales ofrecen comida, antojos y frutas a los transeúntes. Entre el grupo hay un artista que intenta hacer dinero de sus pinturas. Este tipo de ventas están prohibidas en la ciudad y para obtener un permiso, se debe pasar por un proceso engorroso que puede costar entre $337 y $1,200.
La mayoría de los vendedores informales son madres solteras.
Ana Lemus es una de ellas. Esta mujer llegó desde El Salvador huyendo de la violencia y de las agresiones que vivió con su pareja. Se estableció en el área de Washington DC y como muchos inmigrantes han tenido que luchar para continuar adelante.
“Tengo dos hijos y nunca he recibido ni ‘child sopport’, ni ayuda del gobierno. He mantenido a mis dos hijos con este trabajo, esta es una fuente de ingreso y vender en la calle ha sido mi única opción cuando me quedé sin trabajo”, explicó a El Tiempo Latino.
Ana tuvo tres trabajos formales, limpiando casas. Pero, se enfrento al pago injusto y a la explotación laboral. Las compañías para las que trabajó le pagaban menos del salario mínimo y cuando tenía alguna emergencia por sus hijos, no recibía sueldo por un día completo.
Esta salvadoreña cree que las circunstancias la llevaron hasta el comercio informal.
“En uno de los trabajos me despidieron porque pedí dos permisos para ir a la cita de migración. Eso era importante para mí. Después de eso, uno de mis niños se enfermó y tuve que pedir otro permiso. Ahí la dueña de la compañía me dijo que mejor ya no regresara”, señaló.
La vendedora considera que si las personas y los miembros del Concejo que se oponen a despenalizar el comercio informal supieran que, este no solo representa el ingreso principal para las familias, sino también estabilidad económica para sus hijos, su postura sería diferente.
Conflicto con las autoridades
Debido a que las ventas informales o callejeras no están permitidas en la ciudad, Lemus ha tenido problemas con la policía, que ha llegado a desalojar a los vendedores en la zona donde tiene su puesto.
El episodio más difícil fue cuando un policía se enfrentó y forcejeó con su hija mayor. Lemus lo cuenta con la voz entre cortada y con lágrimas en sus ojos: “La agredieron y la golpearon brutalmente, mi hija terminó con su pie torcido. Ahora cuando vemos a la policía mejor nos vamos”, comparte la vendedora.
Además, ha recibido tres multas de $300 cada una por mantener su venta en un lugar no autorizado y sin permiso. Cuando esto sucede, Lemus piensa que es mejor tomar la multa y pagarla para evitar que sea detenida.
“Si me llevan, ¿quién va a velar por mis hijos? Por eso mejor agarro los tickets, los pago y me estoy sin vender dos días o me voy a otra zona”, aseveró.
Otras vendedoras aseguraron que, aunque no ha habido enfrentamientos o discusiones con la policía, sí hay acoso de parte de algunos miembros del cuerpo de seguridad. En junio pasado, el grupo mostró su preocupación ante posibles desalojos.
“Yo soy la que provee para mis hijos, sin la oportunidad de vender en las calles mis hijos se quedan desprotegidos”, dijo Lemus
De los ingresos de la venta informal, Lemus paga la renta de su casa, las facturas de electricidad, calefacción y el servicio de agua. Además, la cuota de su vehículo y su seguro. Todo, suma alrededor de $2 mil 300.
Otras afectadas
Soledad Miranda, es otra de las vendedoras afectadas. Al igual que Lemus, es madre soltera y sus ingresos dependen de la venta informal.
Miranda está amparada al Estatus de Protección Temporal (TPS) y debido a esto, cada vez que la policía llega al lugar donde tiene su venta, ella prefiere desalojar antes de que tome acciones.
“Por la situación, yo prefiero evitar que los problemas sean mayores, con el TPS y en problemas, puedo tener complicaciones y eso es lo que quiero evitar”, acotó Miranda.
Regulaciones
La Alcaldía de Washington DC requiere que todos los vendedores informales o de la calle tengan un permiso de venta en espacios que se tramita con el Departamento de Asuntos Regulatorios del Consumidor (DACRA).
Además, cada vendedor debe tener un permiso de salubridad. Los vendedores señalan que esto puede representar un obstáculo porque no todos cuentan con la documentación requerida y debido a este, desisten de solicitar un permiso legal.
Sin embargo, en este momento DACRA ha suspendido la emisión de permisos en el área de Columbia Heights, donde se concentran la mayoría de los vendedores que protestaron frente a las oficinas de la Alcaldía.
De acuerdo con el autodenominado grupo Vendedores Unidos, la iniciativa para despenalizar las ventas informales o callejeras, está siendo bloqueada por el presidente del Concejo Municipal Phil Mendelson.
Mendelson llegó al edificio de la Alcaldía, donde se realizaba la protesta, pero no se acerco a hablar con los vendedores informales.
Según el grupo, los vendedores cuentan con el apoyo del resto de los miembros del Concejo y existe la posibilidad de despenalizar las ventas informales o el comercio sin licencia, pero Mendelson habría rechazado retomar las pláticas sobre este tema.
De acuerdo con Geoff Gilbert, director de Beloved Community Incubator, es urgente un cambio para aliviar las consecuencias del impacto de la criminalización racista en DC, que afecta a los vendedores informales.
Según esta organización, el 95% de 433 personas arrestadas, entre enero de 2018 y septiembre de 2022 por vender en las calles son comerciantes latinos y de color. “Bloqueando el avance de esta propuesta, el mensaje es que está correcto permitir que la ley sea racista”, dijo Gilbert.