El frecuente consumo de marihuana entre los inmigrantes en Estados Unidos está plagado de riesgos. A pesar de la legalización de la marihuana recreativa y medicinal en numerosos estados, los inmigrantes no gozan de ninguna protección y se enfrentan a una posible deportación si se les descubre consumiendo la sustancia.
Violeta Chapin, catedrática de Derecho de Inmigración de la Universidad de Colorado, subraya que la legislación federal sigue considerando ilegal la posesión de marihuana. En consecuencia, los inmigrantes no ciudadanos que sean encontrados en posesión o consumiendo marihuana podrían enfrentarse a la deportación.
Chapin advierte de que el consumo de marihuana pone en grave peligro la vida de los inmigrantes indocumentados en vías de regularizar su situación y de los residentes legales que buscan la ciudadanía estadounidense.
En la actualidad, la marihuana recreativa es legal en ocho estados y en el Distrito de Columbia dentro de Estados Unidos. Además, 28 estados, incluido el distrito de la capital, tienen leyes que protegen el uso medicinal de la marihuana. Por otra parte, otros 15 estados están dando pasos hacia la despenalización, precursora de la legalización a nivel estatal.
Sin embargo, estas normativas estatales solo se aplican a los ciudadanos estadounidenses, permitiéndoles comprar, consumir y trabajar en el sector de la marihuana.
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Para los clientes inmigrantes, Chapin recomienda evitar cualquier contacto con la marihuana debido al alto riesgo que supone para su estatus de residencia.
Morgan Fox, portavoz del Marijuana Policy Project (MPP), sugiere que la evitación no es la única opción para los inmigrantes que deseen consumir marihuana. Fox desaconseja llevar o cultivar una cantidad superior a la legalmente permitida, vender fuera de los marcos regulados y consumir marihuana en público.
Fox advierte además contra el transporte de marihuana a través de las fronteras estatales y viajar con la sustancia. Incluso en los estados en los que trabajar en el sector de la marihuana es legal, como Colorado, Chapin desaconseja encarecidamente a los inmigrantes que acepten estos empleos debido al escrutinio federal.
Fox califica esta situación de profundamente injusta y sostiene que las leyes estatales que protegen el consumo de marihuana deberían aplicarse de manera uniforme a todos los residentes del estado.
Un reciente informe de Human Rights Watch reveló un aumento del 43% en las deportaciones por posesión de drogas entre 2007 y 2012.
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Chapin prevé una tendencia al alza en estos casos bajo la administración Trump, conocida por sus estrictas políticas de inmigración y su oposición al consumo de marihuana.
Bajo la presidencia de Trump, Chapin señala que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado su postura agresiva. Ahora, prácticamente todos los inmigrantes indocumentados son prioritarios para la deportación.
Un ejemplo de ello es Luis Quintana Álvarez, un residente de Iowa de 19 años, que se enfrentó a una posible deportación el pasado octubre después de que se detectara un gramo de marihuana en su coche. A pesar de estar protegido por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), su detención provocó la retirada inmediata de su protección DACA, exponiéndole a una posible deportación.
