La tan esperada liberación de Barry Lee Jones, un hombre de 64 años que pasó casi tres décadas en el corredor de la muerte de Arizona, se hizo realidad el jueves.
Jones fue condenado injustamente en 1994 por la agresión sexual y asesinato de la hija de cuatro años de su novia, Rachel Yvonne Gray. La exoneración es el resultado de una lucha de décadas por la justicia que finalmente condujo a la anulación de su condena.
La liberación de Jones, con una camiseta azul de “Free Bird” y rodeado de su familia, se produce un año después de que el Tribunal Supremo emitiera una polémica decisión que habría permitido a Arizona ejecutarlo a pesar de las convincentes pruebas que respaldaban sus alegaciones de inocencia.
Los defensores públicos federales argumentaron que la condena de Jones fue el resultado de la ineficacia de los abogados de oficio y de oficio durante su juicio y apelación de 1994.
Su condena por asesinato y pena de muerte fueron anuladas como parte de un acuerdo con los fiscales, en el que Jones se declaró culpable del cargo menor de asesinato en segundo grado por no llevar a Gray al hospital la noche anterior a su muerte. Jones volvió a ser condenado por el cargo menor y quedó en libertad con la pena cumplida.
Cary Sandman, abogado federal de oficio que defendió a Jones durante más de 20 años, calificó la puesta en libertad de victoria de la justicia.
En un comunicado, Sandman afirmó: “Tras casi 30 años en el corredor de la muerte por un delito que no cometió, Barry Jones vuelve por fin a casa”. También destacó que las pruebas que apoyaban la condena de Jones eran “defectuosas”, y atribuyó la pena de muerte a “una abogacía defensora deficiente y constitucionalmente deficiente, ciencia basura y un trabajo policial estrecho de miras.”
La oficina de Sandman hizo hincapié en la dependencia de la fiscalía de una cronología médicamente inverosímil y de pruebas circunstanciales como defectos clave de su caso. Tanto la fiscal del condado de Pima, la demócrata Laura Conover, como el fiscal general de Arizona, el demócrata Kris Mayes, aceptaron revisar el caso.
Según un comunicado de la oficina de Conover, una reevaluación de las pruebas médicas no apoyó la prueba más allá de toda duda razonable de que Jones había causado las lesiones mortales de Gray. Sin embargo, sí encontraron que Jones debería haber visto razonablemente que la niña estaba herida y buscado ayuda médica, lo que apoyó el cargo de asesinato en segundo grado.
Conover reconoció la dificultad de este tipo de decisiones en su declaración, diciendo: “Estas son algunas de las decisiones más difíciles a las que nos enfrentamos como fiscales, tratando de equilibrar el imperio de la ley y, en este caso, responsabilizar a alguien por la muerte de una niña inocente de 4 años”.
También hizo hincapié en la importancia de reevaluar a fondo estos casos y mantenerse fieles a la responsabilidad de acusar a las personas en consecuencia con lo que es correcto a los ojos de la ley.
El caso de Jones llegó años más tarde a los defensores públicos federales, que descubrieron pruebas aportadas por el médico forense de que las lesiones mortales de Gray no podían haberse producido en el estrecho margen de tiempo que, según los fiscales, Jones estuvo a solas con el niño.
Los defensores también descubrieron que los detectives y los anteriores abogados de Jones no investigaron a otros sospechosos.
A pesar de que la sentencia del Tribunal Supremo restringió el camino de Jones hacia un nuevo juicio, la decisión no impidió que la Fiscalía General de Arizona revisara el caso de forma independiente.
Esto condujo finalmente al acuerdo que garantizó la liberación de Jones. Kat Jutras, de Alternativas a la Pena de Muerte para Arizona, grupo que hizo campaña por su excarcelación, expresó su alegría por la nueva libertad de Jones: “Ha estado encarcelado desde que tenía 34 años, y ahora tiene 64”. Jones es el duodécimo preso exonerado del corredor de la muerte en Arizona desde la década de 1970, según la Iniciativa por la Igualdad de Justicia.
