Los cargos contra Donald Trump envían el mensaje de que ningún estadounidense está por encima de la ley.
Opinión de la Junta Editorial del Financial Times
La acusación contra Donald Trump lleva a Estados Unidos a aguas verdaderamente desconocidas. Hasta ahora, un presidente o expresidente nunca se había enfrentado a cargos penales. La acusación que se presentó en su contra en Nueva York se queda muy corta con respecto a las acusaciones que se investigan en otros lugares sobre el asalto al Capitolio de Estados Unidos y la anulación del resultado de unas elecciones. Si se lo persigue por cargos menores, se corre el riesgo de que aumente su prestigio entre sus partidarios, e incluso de que aumenten sus posibilidades de volver en 2024. Trump afirmará que eso reivindica su narrativa de que un “Estado enquistado” lo persigue. El riesgo de violencia es real. Sin embargo, el Estado de Derecho es la base sobre la cual se construye la democracia. Comprometerse con uno hiere de muerte al otro.
Es mera casualidad que los primeros cargos contra Trump -relacionados con si el “dinero para comprar el silencio” pagado a la actriz porno Stormy Daniels violó las leyes de financiamiento de campaña y contabilidad- deriven de la menos grave de las cuatro indagaciones. El abogado especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, investiga la participación de Trump en los disturbios del Capitolio. Las posibles acusaciones van desde obstrucción al Congreso hasta sedición, aunque esta última exigiría una carga de la prueba posiblemente poco realista. El supuesto intento de Trump de sobornar a funcionarios del estado de Georgia para “encontrar” votos perdidos en las elecciones de 2020 y revertir el resultado de su colegio electoral podría ser aún el próximo caso que se someta a un gran jurado.
Aunque la acusación presentada por el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, no ha sido desvelada, al parecer está basada en un uso algo novedoso de las leyes estatales contra la falsificación de registros comerciales. Sería aconsejable que el juez de primera instancia permitiera a los tribunales superiores pronunciarse sobre si esa táctica es permisible antes, y no después, de presentar las pruebas ante un jurado. Eso daría a Trump un foro para exponer su caso de que está siendo injustamente perseguido. También reduciría las posibilidades de que fuera declarado culpable y de que su condena fuera anulada en apelación, lo que debilitaría la confianza en las instituciones estadounidenses.
Sin embargo, Bragg ha hecho un importante servicio. Al tratar a Trump como cualquier otro sospechoso, ha facilitado que otros fiscales sigan adelante con acusaciones posiblemente más graves. Si cumple los requisitos legales para ser acusado, cualquiera debe ser procesado. El trabajo de un fiscal es centrarse en si un caso es apto para ser presentado y si hay pruebas más allá de toda duda razonable para apoyar una condena, no sopesar las repercusiones sociales y políticas.
La de hoy y cualquier acusación futura provocará enormemente a la base de Trump. Pero el hecho de que el expresidente haya advertido repetidamente de la existencia de disturbios no es motivo para retraerse de unas acusaciones que están bien fundadas. Abstenerse de perseguir legalmente a alguien porque amenaza con levantar una turba crearía un precedente inestable. Para el estadounidense promedio, que es a veces procesado, por ejemplo, por el delito menor de falsificar documentos comerciales, el hecho de que un expresidente no esté por encima de la ley es una gran señal.
Todavía no podemos saber lo que estas acusaciones significarán para las posibilidades de un regreso de Trump en 2024. Todavía podrían ser útiles para el gobernador de Florida, Ron DeSantis, cuyo mejor enfoque es presentarse como una alternativa más elegible. Muchos republicanos afirman ahora que los demócratas han convertido el sistema judicial en una herramienta partidista.
Esto no es así. Los esfuerzos de Bragg dependerán de la fuerza de su caso ante jueces y jurados. El abogado especial Jack Smith fue seleccionado precisamente por su independencia y probidad. La carga de las pruebas que exige el sistema judicial es elevada. Todos los estadounidenses se juegan la fortaleza de ese sistema; atacar sus cimientos es una imprudencia. En última instancia, también redunda en interés de los republicanos permitir que la justicia actúe.
La Junta Editorial
Derechos de Autor – The Financial Times Limited 2021.
© 2021 The Financial Times Ltd. Todos los derechos reservados. Por favor no copie y pegue artículos del FT que luego sean redistribuidos por correo electrónico o publicados en la red.
Lea el artículo original aquí.
