Esta semana, luego de la organización comunitaria por parte de un grupo local de derechos pro-inmigrantes, los trabajadores de las empacadoras de carne en Tennessee finalmente obtuvieron la justicia que merecían después de la redada de hace cinco años.
Los arrestos ocurrieron el 5 de abril de 2018 en la planta empacadora de carne en Bean Station en el este de Tennessee. Los trabajadores de la planta empacadora de carne denunciaron malos tratos y detenciones por parte de funcionarios de ICE, una clara violación de la ley y de los derechos constitucionales básicos.
Los niños quedaron sin sus padres o guardianes, lo que obligó a las iglesias locales a brindar refugio a decenas de familiares que no sabían lo que les había sucedido a sus seres queridos. Testigos también informaron que la policía local bloqueó las carreteras alrededor de la planta, creando una sensación de caos y pánico dentro de la comunidad. El resultado fue devastador. Un desastre provocado por la administración Trump que usó Tennessee como campo de práctica para llevar a cabo sus políticas antiinmigrantes con las redadas en lugares laborales.
Pero TIRRC trabajó desde el primer día con las familias afectadas. Finalmente, el 27 de febrero de 2023, un juez federal celebró una audiencia de aprobación final sobre un acuerdo colectivo en una demanda que desafiaba las redadas y las tácticas de ICE, que proporciona más de $1 millón a los trabajadores afectados.
El día de la redada, TIRRC y el Movimiento Nacional de Reforma de Inmigración Justa (FIRM), del cual formo parte, crearon un espacio seguro en la iglesia de St. Patricks y se embarcaron con las familias afectadas en un proceso de recuperación y creación de conciencia política que ayudó a traducir su dolor en poder. Imagina 100 personas de tu comunidad, desapareciendo repentinamente. Recuerdo entrar a la iglesia y ver alrededor de 300 familias llorando y angustiadas, tratando de entender por qué esto había sucedido y dónde estaban sus seres queridos.
Creamos ejercicios en los que los jóvenes dibujaron cómo se sentían y cómo querían que fueran sus comunidades. Hicimos caminatas alrededor de la iglesia donde mostramos los nombres de las personas que faltaban y creamos un altar donde les ofrecimos nuestros pensamientos y oraciones. Esa iglesia se convirtió en un santuario y un espacio sagrado donde, día y noche, la gente venía a buscar un plato caliente de comida y comenzaba a transformar el trauma, canalizando su ira hacia una pregunta muy simple: ¿Quién hizo posible que sucediera esta redada en un pequeño pueblo en la zona rural de Tennessee?
Interrogaron a los alcaldes locales de la zona, quienes nunca denunciaron públicamente los allanamientos, y comenzaron a buscar respuestas del entonces gobernador Bill Haslam. Las familias fueron valientes y decidieron compartir sus historias en los medios.
Crearon un comité y fondo para las víctimas del allanamiento llamado Todos Somos Uno, que realizó vigilias, protestas y una celebración del Día de las Madres. Junto con TIRRC, St. Patrick’s Church y otros recaudaron $70 mil para pagar el bono y cubrir otras necesidades inmediatas.
Todos Somos Uno logró llegar hasta Washington D.C. el verano pasado y organizó una audiencia en el Congreso con TIRRC, FIRM, National Immigrant Law Center y Southern Poverty Law Center para registrar sus historias y compartir cómo estas brutales acciones policiales destruyeron su ciudad. Sus voces ganaron.
Según el acuerdo esperado de $1 mil 175 millones, los litigantes de la demanda recibirán un total de $550 mil y pueden solicitar una carta de ICE que confirme su participación en la demanda y se pueda incluir en cualquier solicitud de alivio de inmigración. El acuerdo también requiere que EE. UU. pague $475 mil a los seis demandantes individuales para resolver sus reclamos de la Ley Federal de Reclamaciones por Agravio, incluida la fuerza excesiva y el arresto ilegal, y $150 mil en honorarios y gastos de abogados.
Esta victoria representa el poder de la organización comunitaria. Cuando nos organizamos, podemos transformar situaciones traumáticas como una redada de inmigración, en poder que puede transformar estructuras. Este litigio le demuestra a ICE que sus métodos son inhumanos y que atacar a cualquier persona por su estatus migratorio es injusto. Si bien esta es una gran victoria, ninguna de estas familias debería haber sido separada y algunas de ellas aún permanecen separadas. FIRM está trabajando para asegurarse de que ni un solo dólar se destine a financiar estas estructuras que están destrozando comunidades y que algún día los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en los EE. UU. tengan un camino hacia la ciudadanía.
