En 2017, Michael, un padre soltero residente de la Florida, encontró un nuevo trabajo como guardia de seguridad en un banco, luego de haber renunciado a su empleo anterior por una emergencia familiar. Unos meses después, fue despedido. Casi una década antes, Keith, un gerente de manufactura textil en Carolina del Norte, se cambió a una compañía rival que le ofreció un mejor salario. Unos meses después, él también fue despedido. Ambos tenían algo en común: sus empleadores anteriores les hicieron firmar cláusulas de no competencia como parte de sus contratos. Y sus nuevos empleadores fueron notificados de que, a consecuencia de ello, debían dejarlos ir o enfrentar una demanda.
Las cláusulas de no competencia evitan que los trabajadores se cambien a una empresa de la competencia, o que empiecen sus propios negocios en el mismo sector, luego de haber dejado un empleo por un periodo de tiempo (que pueden ser meses) y en una cierta área geográfica. A inicios de enero, la Comisión Federal del Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) — una agencia con autoridad para definir y prohibir prácticas de competencia desleal — propuso prohibir este tipo de cláusulas a nivel nacional, lo cual impactaría a empleados en planilla y contratistas. La propuesta también invalidaría dichas cláusulas en vigencia, lo que liberaría a un estimado de 30 millones de estadounidenses de estos contratos restrictivos.
En las industrias donde Michael y Keith trabajaban, es común que los empleadores usen cláusulas de no competencia. Coincidentemente, dichas industrias también emplean a muchos Latinos. En el sector de servicios de seguridad, por ejemplo, los Latinos representan 17% de la fuerza laboral, mientras que en la industria textil — desde confección hasta manufactura de cuero — esa cifra es 28%, según los últimos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.
Una prohibición sobre este tipo de cláusulas será clave para un futuro mercado laboral más justo e inclusivo. Para los trabajadores Latinos en particular, esta medida impulsará su crecimiento en empleos más operativos en sectores donde ya son un motor de crecimiento para este país, así como en puestos de oficina con líneas de carrera donde su presencia es creciente, especialmente las generaciones más jóvenes de Latinos nacidos en Estados Unidos.
Por mucho tiempo, se creía que las cláusulas de no competencia afectaban solo a los ejecutivos de más alto rango, dadas las investigaciones que muestran que la probabilidad de toparse con este tipo de cláusulas aumenta en cuanto más educación y salario tienen los trabajadores. Pero hoy, la realidad es que estas cláusulas afectan a uno de cada cinco trabajadores estadounidenses, muchos de ellos sin responsabilidades ejecutivas, en una gran variedad de industrias. Y en muchas de esas industrias, el uso de este tipo de contratos afecta de manera desproporcional a los trabajadores Latinos en comparación con otros grupos identificados como “no blancos”.
En construcción, por ejemplo, un estudio del centro de investigación Economic Innovation Group (EIG) muestra que el uso de cláusulas de no competencia en contrataciones es de 11%. Pero los Latinos representan 33% de esa fuerza laboral. En agricultura, el uso de dichas cláusulas se estima en 9%, mientras que el 34% de los trabajadores en producción de cultivos son Latinos.
Incluso cuando los Latinos empiezan a ocupar más puestos de cuello blanco, se ven acorralados por las cláusulas de no competencia. Los analistas de seguridad de datos, especialistas en relaciones públicas, y especialistas en cadenas de suministro están entre los trabajos que han visto el mayor ingreso de Latinos e Hispanos en años recientes. En estos sectores, el uso de cláusulas de no competencia en contrataciones llega hasta 32%, según EIG.
La medida propuesta por la FTC representa un cambio significativo en la forma cómo los reguladores supervisan prácticas empresariales en las últimas cinco décadas. Mi empleador, Open Markets Institute, junto con una coalición de académicos, grupos laborales y de interés público, hizo múltiples llamados a la FTC para que use su autoridad normativa y prohíba las cláusulas de no competencia. Al juzgar por los comentarios públicos enviados a la FTC sobre esta propuesta en los últimos días, hay un apoyo masivo desde todos los rincones del mercado laboral, incluyendo entrenadores físicos, propietarios de negocios familiares, y gerentes de equipos técnicos.
Yo, personalmente, escuché por primera sobre estas cláusulas hace más de una década, con la misma narrativa que todavía sobrevive hoy: “Cuando te toque firmar uno de esos contratos, podrás negociar un buen salario y otros beneficios”. Pero una encuesta de alta confiabilidad en el 2014 reveló que los empleadores tienden a esconder estas cláusulas en los manuales para empleados, o las revelan solo cuando uno ya aceptó la oferta de empleo. Además, muchos temen que objetar estas cláusulas lleve a los empleadores a rescindir su oferta. Con razón que nueve de cada diez trabajadores simplemente firma su contrato de trabajo y no hace negociación alguna, según la encuesta del 2014. Yo fui también parte de esa estadística cuando firmé mi primera cláusula de no competencia en un sector donde no volveré a trabajar.
Por muchas razones, que incluyen el estado migratorio o el acceso limitado a representación legal, los trabajadores Latinos pueden sentirse menos inclinados a luchar contra estas restricciones. Este cambio regulatorio es una oportunidad única que puede empoderar a las familias Latinas estadounidenses a tomar más riesgos al buscar mejores condiciones de empleo, o a crear empleo también, para que continúen creando el tipo de riqueza que traerá más inclusión y justicia al sistema democrático estadounidense.
Karina Montoya es reportera e investigadora asociada de Open Markets Institute, donde se enfoca en políticas públicas que afectan a los medios de información y otros asuntos de competencia en los mercados. Tiene experiencia reportando sobre negocios, finanzas y tecnología para medios en EE.UU. y América del Sur, y es graduada del Columbia Journalism School con una Maestría en Periodismo Económico.