En una decisión histórica, la mayoría de los nombres previamente censurados en el informe del Fiscal General sobre el historial de abuso de menores en la Archidiócesis de Baltimore van a ser revelados, según documentos judiciales recientemente expuestos.
La sentencia permite revelar 43 de los 46 nombres ocultos, incluidos cinco altos cargos eclesiásticos implicados en el encubrimiento y nueve de los diez presuntos abusadores. Las personas que van a ser desenmascaradas tendrán la oportunidad de apelar la orden antes de que la Fiscalía General publique el informe con muchas menos redacciones que la versión inicial publicada en abril.
La cuestión de si las apelaciones se realizarán públicamente está aún por determinar, ya que hasta ahora las audiencias se han celebrado en privado. El juez también decretó que las actas de audiencias anteriores y los expedientes relacionados con el caso permanecerían sellados.
El juez de circuito de Maryland Robert Taylor, en su veredicto del 16 de agosto, subrayó la importancia de revelar las identidades de los implicados en el delito de abuso de menores. Si no se identifica a quienes actuaron o dejaron de actuar, será difícil comprender el alcance total de los abusos detallados en el informe, declaró Taylor.
¿Qué se sabe de los funcionarios eclesiásticos investigados por abuso de menores?
Baltimore Sun reveló anteriormente las identidades de los cinco funcionarios eclesiásticos, entre ellos W. Francis Malooly, obispo emérito de la diócesis de Wilmington, Delaware. Tras la revelación de las identidades de los clérigos por parte de The Sun, un funcionario eclesiástico dimitió de la junta de un hospital y la archidiócesis canceló el traslado de otro sacerdote, el reverendo J. Bruce Jarboe.
Tanto Jarboe como monseñor Richard “Rick” Woy siguen ejerciendo activamente su ministerio. Taylor tomó nota de las afirmaciones de los funcionarios de que el informe tergiversaba sus acciones, dando a entender intenciones malignas cuando no las había. Son libres de expresar públicamente estas afirmaciones, escribió Taylor, ya que esta situación exige más transparencia, no menos.
Ocultar sus identidades no hace avanzar el discurso público, sino que fomenta las interpretaciones más negativas, añadió Taylor.
The Baltimore Sun también identificó o verificó los nombres de los diez presuntos agresores, entre ellos el reverendo Thomas Hudson y Frank Cimino Jr. Después de que The Sun confirmara su identidad, Hudson fue puesto en excedencia indefinida, mientras que Cimino dimitió de su cargo en el Maryland State Boychoir tras su identificación por el periódico.
El exhaustivo informe del Fiscal General, de 463 páginas, detalla los abusos cometidos contra al menos 600 niños y jóvenes por 156 clérigos, profesores y otros miembros del personal eclesiástico durante el siglo XX.
Subraya las medidas extremas que la Iglesia Católica empleó para ocultar los abusos, a menudo aprovechando su influencia para mantener los casos fuera de los tribunales y silenciar a las víctimas.
Este informe no es una acusación penal ni una declaración legal de culpabilidad de ninguna de las personas mencionadas, declaró el fiscal general Anthony Brown. La sentencia podría ayudar potencialmente a futuros demandantes en virtud de la Ley de Víctimas Infantiles, ayudando a identificar posibles testigos y minimizando los gastos legales.
La sentencia de Taylor se considera una señal de que el gobierno ya no está bajo la influencia de la Iglesia Católica. La archidiócesis de Baltimore, en un comunicado, pidió oraciones públicas por todas las víctimas de abusos.
A pesar de cubrir los gastos legales de los empleados y clérigos que impugnan su inclusión en el informe, se comprometieron a que éste se hiciera público. En su dictamen, Taylor se abstuvo de atribuir la culpa a la propia Archidiócesis, aclarando que los abusos y el posterior encubrimiento fueron acciones de individuos.
Además, la Iglesia ha revisado su proceso de tramitación de las denuncias de abusos a menores en el siglo XXI.
La revelación de estos nombres es clave para entender que los hechos fueron causados por acciones de individuos específicos, no de la Archidiócesis en su conjunto, escribió Taylor.
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