Decenas de miles de inmigrantes en Chile son señalados como “irregulares”. Las noticias sobre la condición “ilegal” en territorio chileno son frecuentes, pero un reciente informe de la Contraloría revela que parte importante de esta situación recae en el propio Estado chileno.
La Contraloría General de la República de Chile ha instruido un sumario en el Servicio Nacional de Migraciones después de detectar demoras en la tramitación de residencias para extranjeros. Según una auditoría realizada por la Contraloría, que abarcó desde 2019 hasta mayo de 2022, se encontraron demoras de hasta 990 días en los procesos de solicitud de residencias.
El informe indica que se llevará a cabo un procedimiento disciplinario para determinar las posibles responsabilidades administrativas involucradas.
La auditoría también reveló que existían miles de solicitudes que no habían sido gestionadas por el Servicio Nacional de Migraciones hasta agosto de 2022. Además, se constató que hubo una pérdida de información debido a una falla en el sistema en octubre de 2021.
Ante esta situación, ha habido reacciones por parte de diputados tanto del oficialismo como de la oposición. Algunos diputados han cuestionado a la administración actual y han instado a tomar medidas para subsanar estas irregularidades. Otros han sugerido que el Servicio Nacional de Migraciones debería contar con mayores recursos para mejorar su funcionamiento.
El director de Migraciones, Luis Thayer, ha comentado que el informe confirma el diagnóstico que tenían sobre los retrasos en las tramitaciones y la falta de procedimientos desde que asumieron.
La Contraloría ha solicitado al Servicio de Migraciones que continúe revisando las solicitudes pendientes para reducir la cantidad de casos sin resolver, y se le ha dado un plazo de 60 días hábiles para informar sobre el avance en esta tarea.
El organismo encabezado por Jorge Bermúdez examinó datos comprendidos entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2022, y se constató que hasta agosto de 2022, no se había iniciado el proceso de revisión de 37.284 solicitudes de residencia temporal y 158.883 solicitudes de residencia definitiva.
La Contraloría General de la República de Chile es una institución de fiscalización superior con autonomía y rango constitucional. Una de sus principales funciones es realizar auditorías exhaustivas para asegurar la legalidad de los actos de la administración pública.
En este contexto, cabe mencionar el refrán popular que dice: “La culpa no es del vaso, sino del que lo llena.” Este refrán ilustra la idea de que la responsabilidad recae en aquellos que toman decisiones y llevan a cabo acciones, en lugar de atribuir la culpa a personas o circunstancias externas.
De esta manera, se enfatiza la importancia de asumir la responsabilidad por las acciones propias en el ámbito de la administración pública.
