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Directivos de Casa Ruby niegan haber autorizado aumentos de sueldos y gastos a Corado

Poco a poco salen más detalles a la luz de las irregularidades en el manejo de los fondos de la organización LGBTQ Casa Ruby en Washington DC y que era dirigida y manejada en su totalidad por Ruby Corado. 

El último informe de Walda Alston Foundation, síndico en la investigación, apunta, entre otras cosas, que la directora de Casa Ruby no pagó impuestos sobre las remuneraciones laborales, ni tampoco presentó detalles sobre el pago de sueldos y prestaciones laborales de los empleados de la organización. 

De igual forma, señala “ausencia” de registros de los asuntos oficiales, reuniones y trámites administrativos que debía realizar la Junta Directiva de la entidad.

En el documento presentado a la Corte Superior de DC la semana pasada, también destaca que tres personas que figuran en declaraciones de impuestos como miembros de la junta de directores y que los contadores de la firma Ayala Vado y Asociados, encargada de los informes financieros de Casa Ruby, responsabilizan a la directora de las fallas encontradas. 

INJUSTIFICADO. La firma de contadores Ayala, Vado y Asociados, dijo en la investigación que Casa Ruby no presentaba documentos para justificar los gastos desmedidos. Foto: Cortesía Casa Ruby

“Las declaraciones de algunos miembros de la Junta Directiva sugieren que la directora actuó sin ningún tipo de autorización para abrir empresas paralelas y a la hora de tomarse aumentos sustanciales de compensación laboral”, indica el documento, que recibió la jueza Danya Dayson. 

Corado sustrajo más de $400 mil en efectivo de cuentas de Casa Ruby

Informes bancarios de las cuentas de Casa Ruby obtenidos durante la auditoría que se realiza a las finanzas de la organización, por las denuncias de irregularidades y malversación de fondos, muestran que la directora Ruby Corado sustrajo $420 mil en efectivo de cajeros automáticos en Estados Unidos y durante sus viajes a El Salvador en 2021.

Los documentos detallan también, que los retiros de dinero en efectivo, entre abril y septiembre de ese año, incluyen dos transacciones de $100 mil realizas en una semana, “numerosos movimientos de dinero en CashApp” y otros “diversos” retiros de $505.65 cada uno, en cajeros electrónicos ubicados en El Salvador.

Además, en septiembre de 2021 -subraya el reporte-, Corado realizó varios pagos que suman $170 mil a la empresa de carga y transporte TI Global Logistic. Una fuente cercana al proceso dijo en condición de anonimato que estos pagos fueron para transportar mercancía que Corado compró en Estados Unidos y envió a El Salvador.

Para cuando inició la auditoría, las cuentas bancarias de Casa Ruby tenían menos de $15 mil y debido a que estaban vinculadas con cuentas personas de Corado, fue necesario una orden de la corte para que las instituciones bancarias entregaran la información y el historial de las transacciones, afirma el documento. 

Los nuevos datos apuntan que Corado utilizaba las cuentas bancarias de la organización para “otros emprendimientos paralelos” al trabajo de Casa Ruby, “sin que hubiera separación de gastos”.

De las personas entrevistadas durante la investigación que aparecen como miembros de la Junta Directiva de Casa Ruby, ninguno pudo proveer pruebas de que se hayan realizado las reuniones que ordena la ley para discutir gastos, operaciones y salarios de la organización. 

“Los tres dijeron que la Junta Directiva nunca funcionó como tal y solo hay registro de ocho correos electrónicos intercambiados” entre los miembros del grupo y la directora de Casa Ruby, que en su mayoría contienen las renuncias de estos.

Para cuando inició la auditoría, las cuentas bancarias de Casa Ruby tenían menos de $15 mil y debido a que estaban vinculadas con cuentas personas de Corado, fue necesario una orden de la corte para que las instituciones bancarias entregaran la información y el historial de las transacciones, afirma el documento.

Los nuevos datos apuntan que Corado utilizaba las cuentas bancarias de la organización para “otros emprendimientos paralelos” al trabajo de Casa Ruby, “sin que hubiera separación de gastos”.

De las personas entrevistadas durante la investigación que aparecen como miembros de la Junta Directiva de Casa Ruby, ninguno pudo proveer pruebas de que se hayan realizado las reuniones que ordena la ley para discutir gastos, operaciones y salarios de la organización.

SIN AUTORIZACIÓN. El reporte también señala que la Junta Directiva de la organización nunca revisó, ni tampoco avaló los gastos de la directora. Foto: Casa Ruby

“Los tres dijeron que la Junta Directiva nunca funcionó como tal y solo hay registro de ocho correos electrónicos intercambiados” entre los miembros del grupo y la directora de Casa Ruby, que en su mayoría contienen las renuncias de estos.

¿Quién es responsable?

De acuerdo con declaraciones de la firma de contadores Ayala, Vado y Asociado, “la compañía expresó repetidamente su preocupación a la directora de Casa Ruby porque la organización no realizaba el pago de impuestos sobre la nómina de manera oportuna e intentó convencer a Corado de corregir la situación”. 

Ayala, Vado y Asociados, bajo la firma de Nelsón Ayala, uno de sus dueños, era la entidad encargada de los reportes financieros y de redactar la declaración de impuestos de Casa Ruby desde 2016 hasta 2020. La empresa respondió a la solicitud de información que había hecho el síndico, hasta que la Corte de DC ordenó una citación formal. 

El documente apunta, además, que Ayala, Vado y Asociados aseguró que Corado “rompió los planes de pago que la firma había alcanzado con el gobierno de DC” que derivaron en la suspensión de las subvenciones que recibía Casa Ruby y que serían levantadas una vez la organización presentara su certificado de “Clean Hands”. 

Los contadores sabían de las irregularidades. En 2018, según dijeron estos en la investigación, la firma explicó a Corado la importancia de que realizara los pagos pendientes, los pagos morosos y de que todos los gastos fueron revisados y aprobados por la Junta Directiva. 

Además, aseguró que tuvo dificultades para aplicar la contabilidad correcta y acertadamente, debido a que la organización “no proporcionó, nunca, la documentación apropiada para justificar todos los gastos”. Ayala, uno de los propietarios de la firma, fue acusado en Maryland, en 2017, por el Departamento de Justicia (DOJ) por soborno a un miembro del Condado de Prince George’s y declaraciones falsas en el caso de desvío de fondos públicos hacia una organización sin fines de lucro que había fundado. Para ese entonces ya fungía como contador de Casa Ruby y de su directora.

AFECTADAS. La situación de las empleadas afectadas y de los usuarios de Casa Ruby sigue sin ser resuelta. Foto: Cortesía Casa Ruby

¿Hay delitos?

El plazo para que la Oficina de la Fiscalía General de DC presente la actualización de la acusación civil en contra de la directora de Casa Ruby vence el 28 de noviembre próximo. Para esa fecha, Corado debe tener un abogado que la represente. 

A pesar de los hallazgos, no le corresponde a Wanda Alston Foundation determinar responsabilidades en el caso. 

La organización recomendó al final de su segundo informe a la Corte de DC que “proporcione instrucciones formales” para establecer si es que el uso y el movimiento de dinero que hizo la directora de Casa Ruby sin la autorización de la Junta Directiva constituyen “conversiones ilícitas” de los bienes de la organización. 

O para determinar si las personas que legalmente figuraban como miembros de la Junta Directiva de la organización actuaron de forma negligente y con su compartimiento permitieron las irregulares o si lo hicieron de forma consciente. 

Y también, para definir si las irregularidades cometidas por Corado son parte de un sistema de fraude cometido en contra del gobierno local y de las instituciones que otorgaban fondos públicos para el funcionamiento de programas y operaciones de Casa Ruby. 

Así mismo, la Corte debe tomar medidas “para intentar recuperar la propiedad de la organización o imponer responsabilidad por las pérdidas de la organización”.

En el primer informe presentado en septiembre pasado, luego de que se destaparan las acusaciones y señalamientos de las empleadas de Casa Ruby, se detalló que las deudas, facturas pendientes, cuentas por pagar y saldos de empleados adeudados por la organización suman más de $2 millones. 

La deuda que tiene Casa Ruby por la falta de pagos de impuestos con el Servicio de Impuestos Interno del país (IRS) es de más de $1 millón. 

No obstante, la situación de las empleadas que denunciaron las irregularidades y a quienes Casa Ruby les adeuda salarios, compensaciones y pagos laborales, seguirá sin tener respuesta. Ya que, primero deberán ser saldadas las deudas con el gobierno local y federal y con el IRS. 

Por el momento nadie sabe con seguridad si Corado continúa en Washington DC o si viajó recientemente a El Salvador.

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