El asesinato del alcalde de Manta demuestra que la violencia y la crisis política en Ecuador no parecen tener límites. Con la violencia creciente en todo el territorio, las organizaciones criminales desestabilizan a un país que justamente celebrará elecciones en pocas semanas. ¿El narcotráfico amenaza la democracia?
Por Cristian Ascencio*
Es una paradoja: en 2016 Ecuador llegó a su cifra más baja de homicidios en lo que va del siglo (959), lo que la ubicaba entre las naciones más seguras de Latinoamérica. Pero solo seis años después, en 2022, alcanzó el indecoroso récord de 4.450 asesinatos. Y este año todo indica que esa cifra roja crecerá aún más. Hasta el 2 de julio habían muerto de forma violenta 3.568 personas. Casi 20 por día.
Ante una situación tan dramática, los habitantes de ciudades como Guayaquil, que concentra el 40% de los homicidios, han adaptado sus vidas a la violencia. Salen menos a la calle y cierran sus negocios más temprano. A esto se suman las decisiones de las autoridades, que por ejemplo han suspendido las clases presenciales en cantones costeros. Es como si hubiera regresado la pandemia, pero esta vez por otro virus: el de los grupos criminales.
Y como la vida de los ciudadanos, la democracia también corre peligro. Hoy tener un puesto de elección popular puede convertir a un ecuatoriano en blanco de una banda criminal, como demuestra el asesinato del joven y popular alcalde de Manta, Agustín Intriago. El 23 de julio, mientras visitaba unas obras deportivas, unos sicarios lo abalearon. También murió en el atentado Ariana Estefanía Chancay, una joven futbolista que se había acercado al alcalde a pedirle ayuda para su deporte. Otras cuatro personas resultaron heridas.
Solo unos meses antes, durante la campaña a las elecciones municipales, se registraron 15 ataques contra candidatos. Tres postulantes murieron asesinados. Uno de ellos era Omar Menéndez, de 41 años, acribillado el 4 de febrero, en la víspera de la elección. Al día siguiente, mientras su familia lo velaba, la comunidad lo elegía alcalde de Puerto López.
Fernando Medina es periodista y le ha tocado, como a buena parte de la prensa, sufrir esta guerra criminal de cerca. En 2018 un grupo de disidencias de las FARC secuestró y asesinó, en la frontera con Colombia, a tres de sus compañeros del diario El Comercio. El asesinato se convirtió en un augurio de lo que venía para todo el país. Bandas que pelean por territorios mientras aumentan su poder de fuego, y diversifican sus actividades criminales, secuestro incluido.
Medina formaba parte de ese equipo que investigaba justamente cómo las bandas criminales, en este caso exguerrilleros reconvertidos en narcotraficantes, se apoderaban de las zonas fronterizas. “En la firma de la paz entre Colombia y las Farc, creo que fue un error no haber involucrado a Ecuador en la planificación. No se tomó en cuenta que podía haber disidencias o que bandas criminales iban a intentar controlar la frontera norte ecuatoriana. Estas bandas se unen a carteles mexicanos y se crean rutas dentro del territorio de Ecuador para el narcotráfico, empiezan a captar gente y se aprovechan de la ausencia del estado”, explica Medina.
El periodista sostiene que ya hay zonas, como Esmeraldas, en la frontera con Colombia, donde el Estado definitivamente perdió el control. “Durante los gobiernos de Correa y Moreno hubo un debilitamiento de las fuerzas del orden y en el último tiempo la estrategia de Lasso ha sido muy débil. A esto se suma que las bandas delictivas han empezado a cooptar agentes policiales”, agrega Medina.
De hecho, un reportaje de TC Televisión y CONNECTAS, realizado por la periodista Alina Manrique en 2022, reveló que la Justicia ha investigado a más de 500 uniformados por delitos vinculados con el crimen organizado en Ecuador.
Manrique explica que “hay un profundo desencanto de la ciudadanía con la institucionalidad y una pérdida de confianza en la fuerza pública”, y pone acento en lo ocurrido en la cárcel El Litoral de Guayaquil, en julio de este año. Ahí en un enfrentamiento entre bandas rivales, 31 presos fueron asesinados, muchos de ellos descuartizados o quemados. “Es conocido por el Gobierno que esta cárcel está segmentada al antojo de organizaciones criminales, que la han convertido en su centro de operaciones para dirigir sicariatos y extorsiones”, dice Manrique.
¿Qué explica que Ecuador haya dejado de ser un país relativamente tranquilo y se haya convertido en sinónimo de violencia? La disputa de un territorio clave para bandas criminales transnacionales dedicadas al tráfico de drogas es una explicación, pero no la única.
Para María Fernanda Noboa, doctora experta en seguridad, defensa y estudios estratégicos, la influencia de las bandas no habría calado tan hondo sin las condiciones socioeconómicas que hay en Ecuador. “Hay factores exógenos (como la llegada de bandas organizadas desde el extranjero) y endógenos. Entre los endógenos está el desarrollo desigual y la incapacidad del Estado por dar solución a problemas como la pobreza”.
Según Noboa, a esto se suman fallas en el sistema de inteligencia. “En Ecuador se disputa la ruta de salida de las drogas, pero el narcotráfico no es el único problema. Hay 10 tipos de mercados ilegales, entre ellos la trata de personas, el tráfico de armas, la tala ilegal, la extorsión y el sicariato. Esto facilita la articulación de ecosistemas criminales, por lo que es un error pensar que el único problema que hay que exorcizar es el narcotráfico”, sostiene.
Respecto a cómo ha actuado el Estado, la experta asegura que a pesar de los constantes estados de excepción, estos no han significado una baja en la criminalidad (el último se declaró por 60 días en tres cantones del país después del asesinato del alcalde de Manta).
Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, concuerda en que el narcotráfico no es el único factor que explica el brutal aumento de la violencia. Para él, se debe mirar con atención la política carcelaria. “Ahí las bandas se han vuelto poderosas y han traspasado ese poder a las calles”.
Pero para Pontón uno de los factores principales es la falta de reacción del Estado. “El Gobierno actual culpa al de Correa de supuestamente haber pactado con jefes mafiosos, lo que yo creo que es una tesis floja y es más bien un pretexto para la inacción actual. Y desde el correísmo acusan de inoperancia al Gobierno, pero tampoco ofrecen propuestas concretas”, explica.
Para complicar aún más las cosas, Ecuador atraviesa por una campaña presidencial en pleno, luego que el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Legislativa al aplicar el mecanismo constitucional conocido como “muerte cruzada”. En tal clima político y social, justamente la seguridad se ha convertido en el foco de las campañas. Pero para Noboa, los discursos han sido más bien declaratorios, sin un fondo claro. “Te dicen lo que van a hacer, pero ninguno te dice cómo lo van a hacer, cómo van a utilizar el presupuesto. Incluso siguen pidiendo plata, pero en la Policía hay una subutilización del presupuesto. Además está el problema de la cooptación de policías por la criminalidad”, explica a CONNECTAS.
En la primera vuelta presidencial, que tendrá lugar el 20 de agosto, hay 8 candidatos, una cantidad que no es extraña en un país donde conviven más de 200 partidos y movimientos políticos. El coronel en retiro Mario Pazmiño, asesor en temas de seguridad y defensa, coincide en que algunos aspirantes tienen discursos que no son realistas, e incluso algunos resultan “descabellados”. Por ejemplo, detalla que uno de ellos simplemente da como solución “matar a los delincuentes, al tiempo que una candidata dice que todo se soluciona con otra Constituyente”. Según las encuestas, Luisa González, candidata del correísmo, pasaría a segunda vuelta (los sondeos le dan alrededor de un 30% de las preferencias). Su fórmula vicepresidencial, Andrés Arauz, dijo en una entrevista que se sentaría con los 10 criminales “más buscados de cada jurisdicción”. La frase causó polémica, pero el candidato aclaró que fue un lapsus y que había querido decir que se sentarán a “analizar” los 10 más buscados de cada provincia en una mesa de justicia.
El paso al balotaje se disputaría entre el empresario de derecha Otto Sonnenholzner, el abogado y líder indígena Yaku Pérez (quien tuvo el tercer lugar en la última elección) y el periodista Fernando Villavicencio. Hay coincidencias en los discursos y programas de estos cuatro candidatos con más posibilidades. Hablan de intervención de las cárceles y depuración de la Policía, pero sin dar muchos detalles.
Más atrás, con un 4%, aparece Jan Topic, un empresario outsider que se declara admirador del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y que fue miembro de la Legión Extranjera francesa. Topic también fue investigado por presunto lavado de activos en el caso Odebrecht (no hay condena en su contra). En un video de esta campaña Topic sostiene que dentro del marco de la ley, si un delincuente “tiene que caer, caerá”.
Pero la verdad es que la luz no aparece todavía al final del túnel que atraviesan los ecuatorianos. Para Pazmiño, las soluciones pasan por taponar la frontera, cambiar la estrategia de seguridad ciudadana, militarizar temporalmente puertos y aeropuertos, cambiar el sistema de inteligencia que no está dando resultados, renovar el sistema judicial y hacer una reingeniería del sistema carcelario. María Fernanda Noboa, agrega que además de las decisiones urgentes de combate al crimen organizado, debe haber acciones de intervención social que muestren un estado más presente. Estas y muchas medidas más serán necesarias para devolver a Ecuador a su lugar entre los países más pacíficos de Latinoamérica. Un lugar que nunca debió perder.
* Miembro de la Mesa Editorial de CONNECTAS
