El Gobierno de Giammattei triplicó el presupuesto para llevar alimentos a los más pobres y se propuso disminuir en siete puntos porcentuales la desnutrición crónica en los menores de cinco años. Pero los casos van en aumento y, según Unicef, uno de cada dos niños presenta esa condición. La administración argumenta que el covid-19 y las tormentas que golpearon el país impidieron cumplir la meta.
Por Gilberto Escobar para No-Ficción y CONNECTAS*
Son las 12 del mediodía. Es hora de comer y en casa de Eugenia Joj no hay movimiento. En la cocina solo se escucha el zumbido de las moscas. Todos tienen hambre. Como los días han sido complicados y tener un plato de alimentos es difícil, igual que miles de guatemaltecos del altiplano, ella, sus padres y sus dos hijos, de cuatro y cinco años, solo comen una vez al día, apenas a las cinco de la tarde.
“Cuando tenemos algo, podemos comer frijol y arroz. A veces pollo, pero eso es bien raro”, cuenta, la mujer de 29 años, que sobrevive lavando ropa ajena.
En medio de tantas carencias, los niños mantienen una lucha constante por no morir. El enemigo no es solo es la falta de alimentos, sino el entorno, según el nutricionista Jorge Pernillo. El experto en seguridad alimentaria y nutricional explica que por más que se les den vitaminas o tengan las vacunas, como viven en casas de lámina, con pisos de tierra y en medio de la pobreza, su organismo debe elegir entre usar las energías y nutrientes para desarrollarse o para combatir las frecuentes diarreas y enfermedades respiratorias que los aquejan.
En el país centroamericano, son miles las familias cuyas mesas y cocinas permanecen vacías, pese a que, desde el comienzo de su gobierno, Alejandro Giammattei se propuso combatir el hambre e incluso, en su discurso de posesión el 15 de enero de 2020, dijo: “Los niños con desnutrición son mi faro y mi guía. Esto es personal, no me voy a detener hasta que acabemos con la desnutrición”.
Días después, presentó la estrategia de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, a la que asignó 11,452 millones de dólares —el presupuesto más alto de los últimos ocho años—. Dentro de los objetivos estaba disminuir en siete puntos porcentuales la desnutrición crónica en menores de cinco años. Pero no lo logró. Aunque la pandemia del covid-19 influyó en los resultados, luego del retorno a la normalidad la situación está empeorando: cifras del Ministerio de Salud muestran que al cierre de 2022 se contabilizaban 16,226 casos más de niños en esa condición que cuando se posesionó, al pasar de 167,861 a 184,087.
Este reportaje de Gilberto Escobar para No-Ficción y CONNECTAS da cuenta de la inefectividad de los planes gubernamentales para combatir la desnutrición crónica, una condición que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), resulta de desequilibrios nutricionales sostenidos en el tiempo. Las secuelas en los niños más pequeños son irreparables: sus capacidades cognitivas se disminuyen, se les dificulta el aprendizaje y su talla y peso son menores que los indicados para su edad. En la adultez, serán propensos a contraer enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes y les costará más rendir en el entorno educativo y laboral.
Dos ejemplos muestran la gravedad del asunto en Guatemala. Por un lado, Mónica Ramos, jefa de las ocho nutricionistas que trabajan para el departamento de Totonicapán (una por municipio), sostiene que “los menores en ese lugar están naciendo hasta de 46 centímetros, cuando deberían de nacer con 50. Tienen las tallas más bajas del país”. Esto ocurre porque solo comen arroz o frijol, un menú que no provee los nutrientes necesarios para crecer.
Por el otro, el ranquin de 2023 publicado por el World Population Review revela que, entre 199 países, Guatemala ocupa el puesto 196 en términos de coeficiente intelectual (CI) de la población. A su vez, en entrevista con BBC Mundo, Claudia Santizo, nutricionista de Unicef Guatemala, señala que hay una reducción de hasta 14 puntos en el CI de los menores. La razón es clara: uno de cada dos niños presenta desnutrición crónica.
La cruzada contra el hambre
La Gran Cruzada por la Nutrición priorizó 10 de los 22 departamentos del país teniendo en cuenta la desnutrición crónica, la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria y nutricional, con base en la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI), 2015. Allí seleccionó los 114 municipios con prevalencia en el retardo del crecimiento igual o superior al 40 %, según el último Censo Nacional de Talla de Escolares de Primer Grado de Primaria en el Sector Público, que también data de 2015.
Totonicapán, donde vive Eugenia Joj, fue el único departamento con todos sus municipios incluidos (ocho en total). Sus características poblacionales lo hacen particularmente vulnerable: 98 % de sus 418.500 habitantes son indígenas y 52 % viven en áreas rurales, donde apenas alcanzan el tercer año de educación primaria e, igual que en la mayoría de estos territorios del país, sobreviven con menos de un dólar al día.
La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), entidad encargada de la coordinación, monitoreo y seguimiento de la cruzada, reconoce que la meta no va a cumplirse. Gabriel José Pérez Tuna, subsecretario técnico de la entidad, menciona que la desnutrición crónica es del 46 % —un estudio de Oxfam para Centroamérica publicado en junio de 2023 dice que en la población indígena sube hasta el 61 %— y explica que los recursos debieron usarse para atender las emergencias ocasionadas por la pandemia de covid-19 y las tormentas Eta, Iota y Julia. “Pese a ello, logramos que el impacto fuera leve”, sostiene.
También admite que ha sido difícil coordinar a las distintas entidades del Estado y que falta concretar y mejorar la capacidad de ejecución.
La lucha contra el hambre en Guatemala es de vieja data, y aunque nunca se había destinado tanto dinero como ahora, las metas anteriores tampoco se cumplieron. Así, por ejemplo, la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica de Jimmy Morales (2016-2020) no la disminuyó en 10 puntos porcentuales como se propuso, pese a que asignó un presupuesto de 3,336 millones de dólares.
Las promesas de campaña de los dos candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta presidencial el 20 de agosto próximo también incluyen la desnutrición crónica. Sandra Torres ofrece programas de asistencia como las Bolsas Solidarias o como Mi Familia Progresa. Bernardo Arévalo promete atacar las causas estructurales de la desnutrición crónica y reducir su prevalencia en 10 % a través del plan Protegiendo la Nueva Cosecha.
El hambre en Guatemala
“A veces solo caliento agua y eso comemos”, afirma Eugenia, al tiempo que relata que los magros ingresos son insuficientes para la manutención de los cinco integrantes de su hogar. Desde que su marido murió de covid-19, ella intensificó la búsqueda de clientes para lavar ropa ajena. Por un recipiente grande pueden pagarle hasta 50 quetzales al día (algo menos de siete dólares), pero no siempre hay trabajo; por eso anda pendiente de que timbre su pequeño celular para un pedido. Al aparato solo le entran y salen llamadas; no se le pueden instalar aplicaciones.
En su piel oscura hay unas manchas que, asegura, antes no tenía. Sin verlas, Blandina Cifuentes, docente de enfermería con posgrado en nutrición, relaciona ese síntoma con falta de nutrientes y mala alimentación y dice: “Las mujeres en las comunidades rurales se alimentan mal, comen raciones pequeñas, priorizan la alimentación de los demás integrantes de la familia; muchos le ponen la importancia a la desnutrición de los menores, pero las mujeres también están muy desnutridas”.
Una de las razones estructurales del incumplimiento en las metas es la pobreza. Una publicación del Banco Mundial (BM) de 2023 menciona que en 2020 esta se situaba en 59 %, el mismo porcentaje que el Instituto Nacional de Estadística había señalado siete años antes. Esto implica que las personas dependen de las acciones del Estado para ayudarles o de las entregas ocasionales de alimentos que les proveen organizaciones no gubernamentales como Pastoral Social y Catholic Relief Services (CRS).
Otro escollo es la identificación de los beneficiarios. Así, por ejemplo, José Esaú Guerra Samayoa, delegado departamental de la Sesan, cuenta que “hay casos que no se han registrado, porque nos hacen falta rastreadores”. Con ello explica por qué personas como Eugenia no figuran en ninguno de los programas gubernamentales y solo perciben donaciones ocasionales de particulares o de oenegés.
Otra razón estructural de la desnutrición crónica y la carencia de alimentos es la inseguridad alimentaria. En los 22 departamentos de Guatemala, entre marzo y mayo de 2023, aproximadamente 3.5 millones de personas estaban en crisis de inseguridad alimentaria aguda o emergencia; por lo tanto, requieren acciones inmediatas. El Sistema de Integración Centroamericana (SICA) prevé un aumento a 4.3 millones de personas en el período junio-agosto de 2023 y una baja a 3.1 millones de personas para septiembre 2023-febrero 2024.
En este entorno problemático, el Gobierno de Alejandro Giammattei ya está empacando las maletas. Pese al enorme presupuesto que asignó a su cruzada por la nutrición, las cifras indican que, una vez más, el hambre sigue creciendo en Guatemala. En esos lugares empolvados, donde la mayoría de las casas son de barro, láminas de zinc y piso de tierra, los recipientes de las improvisadas cocinas casi siempre están vacíos. Por eso, una persona como Eugenia sigue lavando ropa ajena, aunque, cuenta, a veces siente que no puede más.
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* Este trabajo fue realizado por Gilberto Escobar para No-Ficción y CONNECTAS, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas.
