La Corte Suprema dictaminó el viernes que permitirá la política impulsada por el gobierno de Joe Biden de priorizar la deportación de inmigrantes que representan un riesgo para la seguridad pública o que fueron detenidos en la frontera.
Los jueces rechazaron el desafío presentado por algunos estados liderados por republicanos a una política que reconoce que no hay suficiente dinero o mano de obra para deportar a los aproximadamente 11 millones de personas que están ilegalmente en los Estados Unidos, según la administración.
Estos estados señalaron que la ley federal de inmigración necesita que las autoridades detengan y deporten hasta a aquellos inmigrantes que no representan ningún riesgo para el país.
La sentencia es parte de una directiva emitida por el Departamento de Seguridad Nacional en septiembre de 2021. Esta detuvo las deportaciones a menos que las personas hayan cometido actos de terrorismo, espionaje o “amenazas atroces a la seguridad pública”.
La guía, emitida después de que Joe Biden se convirtió en presidente, renovó una política de la administración de Trump que buscó expulsar a las personas ilegalmente del país, sin importar sus antecedentes penales o vínculos comunitarios.
Deportaciones vigentes con green card
La Corte Suprema de Estados Unidos otorgó, el 22 de junio, el permiso al gobierno para deportar a inmigrantes con green card si están condenados a delitos como complicidad en conductas sexuales inapropiadas o disuasión a las víctimas de denunciar abusos sexuales por considerarlos “obstrucción de la justicia”.
La autoridad de Justicia determinó que estas conductas son los suficientemente graves para la deportación de un inmigrante con estatus legal en el país.
El juez Brett Kavanaugh señaló que las personas “no pueden obstruir el proceso de justicia incluso cuando no hay pendiente una investigación o procedimiento”. La Corte emitió el fallo con seis votos a favor y tres en contra.
El falló de la Corte implica que toda persona que esté implicada en un hecho de obstrucción de la justicia “podrá ser deportable”.
La Ley Federal de Inmigración considera a la obstrucción de la justicia como un delito grave. El hecho puede resultar en la deportación inmediata de un inmigrante, aun cuando tenga su greed card.
