Los datos, procedentes del Centro Nacional de Estadísticas Educativas, describen un panorama donde las escuelas recurren cada vez más a nuevas iniciativas de seguridad para contener la violencia.
Un mayor número de escuelas de todo el país han instalado cámaras de seguridad, implementado cerraduras en el interior de las aulas y reforzado otro conjunto de medidas de seguridad, según los nuevos datos federales que se publicaron en el momento de mayor preocupación por la seguridad, al cumplirse menos de una semana de otro incomprensible tiroteo en una escuela.
Los datos, procedentes del Centro Nacional de Estadísticas Educativas (NCES por sus siglas en inglés), describen un panorama en el que las escuelas recurren cada vez más a nuevos protocolos y equipos para contener la violencia. Los establecimientos educativos que informaron tener botones de pánico o alarmas silenciosas con conexión directa con las fuerzas de seguridad aumentaron del 29 por ciento en el año escolar 2017-2018 a 43 por ciento en noviembre de 2022.
Casi el 65 por ciento de las escuelas disponen ahora de sistemas anónimos o confidenciales para comunicar amenazas, lo que supone un aumento de 15 puntos porcentuales durante el mismo periodo. Y la mitad de las escuelas informaron que en el plantel cuentan, al menos una vez a la semana, con policías capacitados para trabajar en escuelas, conocidos como agentes de recursos escolares, una cifra que se elevó cinco puntos porcentuales.
Los expertos atribuyen este repunte en parte al incontable número de tiroteos en las escuelas. Más de 331.000 niños de más de 350 escuelas han sufrido violencia armada durante el horario escolar desde la masacre de la secundaria de Columbine en 1999, según un análisis del Washington Post.
Apenas seis meses antes de que se recopilaran los datos federales, una matanza masiva en la escuela primaria Robb de Uvalde (Texas) causó la muerte de 19 niños y dos profesores, lo cual desató una ola de dolor y rabia.
“No se trata solo de Uvalde”, señaló Ron Avi Astor, un profesor de la Universidad de California en Los Ángeles que analiza la seguridad escolar. “Son décadas de terribles tiroteos que han sucedido no solo en las escuelas, sino también en supermercados, cines, y eventos musicales, de manera totalmente arbitraria”.
Pero Astor afirmó que la mayor seguridad llega a las escuelas acompañada de más iniciativas de salud mental y una mayor atención al bienestar de los estudiantes. “No es una cosa o la otra”, dijo. Al igual que otros, se mostró en contra de convertir a las escuelas “en prisiones”.
Sheldon Greenberg, profesor jubilado de la Universidad Johns Hopkins, sostiene que existe un delicado equilibrio entre mantener la seguridad y asustar a la gente.
“No conviene aumentar las medidas de seguridad hasta el punto de sembrar más miedo”, afirmó Greenberg. También señaló que añadir cámaras de seguridad u otra tecnología no marca ninguna diferencia a menos que “se utilicen de manera correcta y se monitoreen”.
“La tecnología es buena, siempre que esté bien mantenida y que haya gente disponible que sepa lo que hace para operarla”, explicó.
Las prácticas de seguridad en las escuelas han sido un foco de la atención durante años, sobre todo tras los devastadores ataques como el tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook, donde un hombre armado mató a 20 niños y seis miembros del personal en 2012.
El tiroteo de la semana pasada contra una profesora de 25 años, presuntamente a manos de un alumno de primer grado, en la escuela primaria Richneck de Newport News, Virginia, aumentó el desconcierto ante la posibilidad de que se desate la violencia de manera inesperada en un lugar donde se supone que los niños deberían sentirse seguros.
Pero es importante recordar que las escuelas siguen siendo uno de los lugares más seguros que existen, afirma Dewey Cornell, profesor de educación de la Universidad de Virginia e investigador sobre seguridad escolar desde hace muchos años. Cornell se mostró escéptico ante las costosas medidas de seguridad cuya eficacia está poco demostrada.
“Las medidas de seguridad pueden desviar los fondos destinados a los servicios de apoyo a estudiantes, como los programas de orientación y salud mental, que han demostrado reducir la agresividad de los alumnos”, afirmó en un correo electrónico. “La prevención de la violencia tiene que empezar antes de que un alumno llegue a la escuela con un arma”.
Los dispositivos como los botones de pánico alimentan el miedo de la población, afirma Cornell. “Los administradores me han dicho que se sienten presionados para apoyar esas medidas no porque crean que funcionan, sino porque los padres las exigen y las juntas escolares quieren algo concreto que demuestre que se preocupan por la seguridad”, indicó.
Es mucho más probable que un alumno o un profesor reciba un disparo en un restaurante, en una tienda o en su casa que en una escuela, afirmó Cornell.
Los nuevos datos que se publicaron el jueves proceden de una encuesta realizada en más de 1.000 escuelas y la mayor parte de los encuestados fueron directores. Funcionarios del NCES, el centro estadístico del Departamento de Educación, compararon los resultados con los datos de la Encuesta Escolar sobre Delincuencia y Seguridad de 2017-2018.
Una de las conclusiones más destacadas es que la mayoría de las escuelas disponen de planes escritos para el manejo de tiradores activos, catástrofes naturales, situaciones con rehenes, incidentes con bombas, amenazas de suicidio y reunificación de los alumnos con sus familias tras una crisis.
Como ejemplo de los cambios en este mundo, hace cinco años tan solo el 46 por ciento de los centros de enseñanza tenían planes para hacer frente a una pandemia. Luego de la crisis del Covid-19, el 82 por ciento cuenta con un plan de este tipo.
En otras conclusiones, casi el 70 por ciento de las escuelas declararon que estaban “totalmente de acuerdo” en que los agentes de recursos escolares tienen un efecto positivo.
“Es bastante alto”, admitió Mo Canady, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Agentes de Recursos Escolares. “Pero me encantaría que esa cifra fuera aún mayor”.
Según Canady, el número de agentes de recursos escolares (SRO) que llevan cámaras corporales ha aumentado desde hace varios años. Según los datos, más de la mitad de los SRO u otros agentes de la ley usan habitualmente cámaras corporales en las escuelas, un aumento de casi el 60 por ciento desde 2017-2018.
Las cámaras ofrecen muchas ventajas, afirma. “Sin duda se puede conocer la verdad de lo ocurrido, tanto si es a favor del agente como si no”, aseguró.
Pero Canady también declaró que la protección de la privacidad es importante y que los organismos encargados de hacer cumplir la ley tienen que elaborar “políticas y procedimientos sólidos”.
El 72 por ciento de los centros señalaron que la falta de espacios o programas adecuados para los alumnos conflictivos limita sus esfuerzos por reducir el mal comportamiento.
Sin embargo, otras prácticas escolares van en aumento. Mientras que casi todos los centros (el 97 por ciento) declararon que controlan el acceso a los edificios escolares durante el día, hubo un incremento de 15 puntos porcentuales (hasta el 66 por ciento) entre centros que controlan el acceso a los recintos escolares durante el día.
También creció el número de escuelas que afirmaron que los profesores cuentan con capacitación para actuar en casos de autolesiones y tendencias suicidas, reconocimiento de conductas de acoso, políticas disciplinarias sobre consumo de alcohol y drogas, y reconocimiento de señales de alerta temprana de conductas violentas.
La capacitación sobre las señales que demuestran trastornos mentales que pueden requerir intervención o derivación fue la que más aumentó, del 60 por ciento al 82 por ciento.
Más del 80 por ciento de los centros escolares declararon que disponen de un sistema de notificación electrónica para alertar a los padres en caso de emergencia (9 puntos porcentuales más) y el 92 por ciento utiliza cámaras de seguridad, un aumento del 8 por ciento.
Entre las medidas de seguridad menos utilizadas se encuentran los controles diarios con detectores de metales (6 por ciento de las escuelas), el uso de bolsas transparentes para llevar los libros (7 por ciento) y las inspecciones aleatorias en busca de contrabando (25 por ciento).
Washington Post – Donna St. George
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