La Oficina de la Fiscalía de Washington DC, pidió anoche a la Corte Superior que se realice un juicio con jurado en contra de Ruby Corado, directora de la organización sin fines de lucro LGBTQ+ Casa Ruby por malversación y desvío de fondos y por incumplimiento al pago de salarios e impuestos sobre prestaciones laborales.
El documento de demanda enmendado, presentado el lunes en la noche por los fiscales del caso revela más detalles de cómo miles de dólares fueron desviados a tres compañías LLC que Corado creó para mover el dinero a sus cuentas personales en El Salvador y en Estados Unidos.
El juicio con jurado solicitado por la Fiscalía es un procedimiento que se realiza en las cortes penales y civiles, en el que un grupo de ciudadanos, nombrados jurados, deberán decidir sobre la responsabilidad y la participación de la directora de Casa Ruby en la malversación de fondos y las irregularidades al interior de la organización.
Entre los nuevos detalles que se revelan en el documento de la demanda, consta que Corado se entregaba, ella misma, cheques de $28 mil por “bonos” y otros varios de $5 mil por “servicios de salud mental prestados” a la organización. Así mismo, retiros de miles de dólares sin justificación alguna.
“Las subvenciones, los préstamos, las donaciones: el dinero en la cuenta de Casa Ruby salió y la única persona con el poder para hacer que eso suceda era Corado. Se cree, por información recabada, que Casa Ruby nunca recibió ninguno de los fondos donados”, se lee en el documento presentado por la Fiscalía.
Casa Ruby dejó de cumplir su función de servicio, gracias a que su directora Ruby Corado, utilizó a la institución, los fondos donados y las subvenciones recibidas para su beneficio personal. Así lo establece el documento de la demanda enmendada presentada por la Fiscalía de Washington DC a la Corte Superior.
El escrito fiscal también señala que Corado utilizó cuentas bancarias establecidas en El Salvador, con su nombre de nacimiento (nombre muerto) para mover el dinero que entraba a Casa Ruby desde Washington DC, a través de tres compañías de su propiedad.
La demanda en contra de Corado y las empresas de responsabilidad limitada Casa Ruby d/b/a Moxie Health LLC, Pneuma Behavorial Health LLC y Tigloballogistic LLC, fundadas y manejada en su totalidad por la directora de Casa Ruby, busca también recuperar activos de estas instancias que le fueron entregados a Casa Ruby, la organización sin fines de lucro.
La queja apunta, además, faltas a la ley de salario y al pago de los impuestos de prestaciones salariales anuales que debía de realizar la organización cada año. Según la demanda, Corado pagaba por debajo del salario mínimo a las empleadas de la organización y algunas, nunca recibieron el sueldo prometido por sus servicios.
Mientras Corado ganaba más de $21 mil mensuales, las empleadas de Casa Ruby recibían $15 por hora y si trabajan horas extras, no percibían ninguna compensación. Los salarios de las empleadas estaban entre $200 y $2 mil 800 por mes.
La Fiscalía afirma que ni la Junta Directiva, ni sus miembros aprobaron ninguno de los gastos realizados, los aumentos de salario de la directora y tampoco los cheques emitidos y cobrados por Corado mientras funcionaba Casa Ruby.
Más irregularidades
De acuerdo con el documento, los movimientos de dinero que realizó Corado de forma irregular fueron múltiples. Desde desvíos de fondos de cuentas de Casa Ruby a las cuentas de las empresas creadas por ella misma, hasta cheques por supuestas bonificaciones que se pagaba la misma Corado y retiros de dinero en efectivo.
“El 28 de julio de 2020 emitió un cheque que cobró ella misma, por $28 mil en concepto de bono aprobado por la Junta Directiva. Pero la Junta Directiva nunca autorizó este pago”, se lee en el documento de más de 20 páginas.
Entre marzo y mayo de 2021, Corado retiró de la cuenta de Casa Ruby $200 mil que eran parte del Programa de Protección de pago de Cheques (PPP) que recibió la organización para mantener el funcionamiento mientras continuaba la emergencia de salud, debido a la pandemia.
El PPP es un programa que funciona con fondos federales. Supuestamente, Corado le dijo a la Junta Directiva que ese dinero sería utilizado para pagar renta atrasada de los locales en los que funcionaba la organización. Sin embargo, no fue así.
Ese mismo año, Corado utilizó $60 mil de los fondos de la instancia que dirigía para pagar viajes, comidas, transporte y otros gastos que realizó ella y otras personas en y hacia El Salvador.
“A través de su control de las cuentas de M&T Bank y PayPal de Casa Ruby, Corado continuó usando los fondos de Casa Ruby de maneras que no apoyaba el propósito sin fines de lucro de la organización, ni tampoco para apoyar programas en el Distrito para los cuales recibió subvenciones”, detalla el documento.
Sobre algunos gastos realizados en El Salvador con fondos de la organización, Corado dijo a los contadores de Ayala Vado y Asociados, que llevaban la contabilidad de Casa Ruby, que el dinero se usó para facilitar un albergue con 12 camas en el país centroamericano para migrantes LGBTQ+ que estaban en tránsito hacia Estados Unidos.
No obstante, el objetivo del funcionamiento de Casa Ruby y sus estatus no mencionan, ni incluyen el desarrollo de programas internacionales.
Al respecto, los fiscales insisten: “la Junta Directiva nunca autorizó ningún gasto para programas en El Salvador y no ha recibido contabilidad financiera o documentación de estos presuntos gastos y programas”.
Cheques y más dinero desviado
Casa Ruby desarrollaba un programa de farmacia, mediante el cual la instancia podía entregar ciertos medicamentos controlados. En algunos casos, las compañías de seguros médicos reembolsaban el dinero de estos medicamentos a Casa Ruby.
Según la asunción de la Fiscalía, Corado utilizó las tres LLC que creó para también desviar fondos del programa de farmacia de Casa Ruby y el dinero reembolsado.
De hecho, en los documentos consta que, para abrir las tres compañías de responsabilidad limitada, la directora movió $60 mil de las cuentas de Casa Ruby que usó para el pago de la creación de las empresas y para abrir cuentas bancarias de estas mismas.
Además, “por varios meses en 2020” Corado emitió cheques para ella misma, por montos de $5 mil cada mes, que le eran pagados -supuestamente- por “servicios de salud mental”.
El reporte también detalla que Corado prometía a las empleadas pagar salarios de $30 mil y $50 mil al año, pero estas nunca recibían la remuneración. Una de las empleadas dijo que fue contratada para realizar entrevistas a solicitantes de asilo, pero debido a que pasaron seis semanas y no recibió ningún pago, renunció al puesto.