El congresista republicano de Nueva York George Santos, enfrentado a acusaciones federales de fraude, blanqueo de dinero y apropiación indebida de fondos públicos, se ha esforzado por mantener en secreto las identidades de sus cofirmantes de fianzas.
Documentos judiciales recientes han revelado que su padre, Gercino dos Santos Jr., y su tía, Elma Preven, fueron los cofirmantes de su fianza de $500 mil, lo que permitió la libertad provisional de Santos mientras espera el juicio.
Santos, de 34 años, intentó ocultar al público los nombres de los miembros de su familia, pero medios de comunicación como The Associated Press solicitaron al tribunal que revelara los registros, invocando el derecho del público a acceder a los procedimientos judiciales.
A principios de este mes, el abogado de Santos, Joseph Murray, alegó en un documento judicial que Santos elegiría el encarcelamiento antes que revelar a sus garantes ante los posibles perjuicios derivados de la exposición pública.
En virtud del acuerdo de fianza, los cofirmantes no estaban obligados a pagar dinero por adelantado, pero serían financieramente responsables si Santos no regresaba al tribunal. Murray reconoció que las identidades de los firmantes suelen ser de dominio público, pero solicitó una excepción para Santos debido al “frenesí mediático y los ataques malintencionados” que sufrió.
Santos dijo a los periodistas tras su comparecencia inicial ante el tribunal que “nunca recibirían” información sobre las fuentes de su fondo de fianza, ya que creía que los medios de comunicación los “acosarían y les harían la vida imposible”.
Sin embargo, después de que las agencias de noticias presionaran para hacer públicos los archivos, un juez federal rechazó la petición de Santos de mantener la confidencialidad de la información.
Santos recurrió esta decisión, y su abogado argumentó que los cofirmantes debían tener la oportunidad de retirar su respaldo antes de que sus nombres fueran revelados. Este recurso fue desestimado el martes.
En un documento recientemente desvelado, la juez Joanna Seybert declaró que Santos “no hizo nada para mitigar el ‘frenesí mediático'”, añadiendo que sus esfuerzos por ocultar los nombres de los miembros de su familia simplemente “generaron histeria sobre lo que, en realidad, no es un asunto”.
Tanto su padre como su tía, residentes en Nueva York, apoyaron la campaña política de Santos. En los registros financieros de la campaña figura la ocupación de su padre como pintor, mientras que Preven trabaja como cartero.
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Los intentos de Santos de mantener su anonimato alimentaron las sospechas y la incertidumbre, lo que llevó a algunos demócratas de la Cámara a sugerir que un patrocinador financiero podría estar tratando de ejercer influencia política sobre el congresista.
A principios de esta semana, los representantes Dan Goldman, demócrata de Nueva York, y Greg Landsman, demócrata de Ohio, propusieron una resolución en la que instaban a la Comisión de Ética de la Cámara a revelar los nombres para determinar si Santos había infringido la normativa sobre donaciones del Congreso.
El 10 de mayo, Santos se declaró inocente de una acusación de 13 cargos en la que se le acusaba de engañar a los donantes, robar en su campaña, mentir al Congreso sobre su condición de millonario y obtener fraudulentamente prestaciones de desempleo que no merecía.
A pesar de las peticiones de dimisión, Santos se ha negado a responder a las preguntas sobre su fortuna, incluido un pago de $700 mil que hizo a su campaña. Los fiscales federales alegan que Santos infló significativamente sus ingresos y activos, certificando falsamente que ganaba un salario de $750 mil de una empresa de consultoría llamada Devolder Organization LLC.
Si es declarado culpable, Santos podría enfrentarse a un máximo de 20 años de prisión. Está previsto que vuelva a comparecer ante el tribunal el 30 de junio.
