El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, forjaron recientemente un acuerdo preliminar para elevar el techo legal de deuda de la nación. Este acuerdo pretende evitar un impago potencialmente catastrófico y, al mismo tiempo, frenar el gasto público.
Mientras el Congreso examina el proyecto de ley de 99 páginas que suspende el límite de deuda hasta 2025, se van desvelando componentes esenciales de la legislación, como disposiciones para la asistencia sanitaria de los veteranos, requisitos previos de trabajo para la ayuda gubernamental y evaluaciones medioambientales para proyectos energéticos.
Está previsto que la Cámara de Representantes vote el proyecto el miércoles, lo que permitirá al Senado evaluarlo antes de la fecha límite del 5 de junio establecida por la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Este acuerdo mantiene relativamente estable el gasto no destinado a defensa en el ejercicio fiscal 2024 y lo incrementa en 1% en el año siguiente. También suspende el límite de deuda hasta enero de 2025 y aspira a confinar el crecimiento del presupuesto federal al 1% durante los próximos seis años.
La Casa Blanca prevé una reducción del gasto público de al menos 1 billón de dólares debido a este plan. La atención a los veteranos se financia íntegramente en los niveles solicitados en la propuesta presupuestaria de Biden para 2024, lo que incluye un fondo de 20.300 millones de dólares destinado a los veteranos expuestos a sustancias tóxicas o peligros medioambientales.
Además, el acuerdo revocaría aproximadamente 30.000 millones de dólares en fondos de ayuda contra el coronavirus no se gastaron en diversos programas federales, al tiempo que salvaguardaría la financiación de la asistencia sanitaria a los veteranos, la ayuda a la vivienda, el Servicio de Salud Indio y un programa centrado en el desarrollo de la próxima oleada de vacunas y tratamientos contra el COVID-19.
Como parte del acuerdo sobre el techo de la deuda, el IRS vería reducida su financiación en 1.400 millones de dólares. Se ampliarían los requisitos de trabajo para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), un antiguo objetivo republicano. Sin embargo, las modificaciones no son tan exhaustivas como las del proyecto de ley original sobre el techo de la deuda aprobado por la Cámara de Representantes.
El acuerdo también introduce ajustes en el programa de Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (TANF), que proporciona ayuda en efectivo a las familias con hijos. Aunque no tienen tanto alcance como las sugerencias del proyecto de ley de la Cámara, las modificaciones dificultan que los estados eludan los requisitos de trabajo para los beneficiarios.
Por primera vez en casi cuatro décadas, se revisará la Ley Nacional de Política Medioambiental con el fin de agilizar los estudios medioambientales de los proyectos energéticos. Se designaría un único organismo principal para elaborar y programar los exámenes, con un año asignado para completar las revisiones y dos años para los proyectos con impactos ambientales intrincados.
El Mountain Valley Pipeline, un gasoducto de gas natural en Virginia Occidental, también obtendría un trato especial en forma de solicitudes de permiso aprobadas.
Aunque la propuesta del Partido Republicano de rescindir el plan de la Casa Blanca de condonar entre 10.000 y 20.000 dólares de la deuda de los préstamos estudiantiles no se incluyó en el paquete, la pausa en los reembolsos de los préstamos estudiantiles cesaría a finales de agosto. El destino del alivio de los préstamos estudiantiles estará en última instancia en manos del Tribunal Supremo, cuya decisión se prevé para finales de junio.
El acuerdo final incluye una reducción de la deuda futura muy inferior a la propuesta inicialmente por ambas partes. Los republicanos pretendían recortes de gastos más sustanciales, requisitos laborales más estrictos y la derogación de cientos de miles de millones de dólares en incentivos fiscales destinados a fomentar la transición a fuentes de energía con menos emisiones y luchar contra el cambio climático.
Por el contrario, el presidente Biden pretendía aumentar los impuestos sobre las empresas y las rentas altas e introducir nuevas medidas para reducir el gasto de Medicare en medicamentos con receta. Al final, ninguna de estas propuestas se incluyó en el acuerdo.
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