Por Grisha Vera*
La revancha judicial de los actuales dueños del poder económico y político en Guatemala alcanzó al escenario internacional. Y es que el pasado 16 de enero la Fiscalía de ese país inició una investigación contra el jurista Iván Velásquez, quien lideró entre 2013 y 2018 la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y hoy es el ministro de Defensa de Colombia.
La Cicig, organizada por Naciones Unidas a petición del Estado guatemalteco, se instaló en el país centroamericano en 2007. “Uno de los objetivos de promover la Cicig fue el de elevar las capacidades, no solo técnicas de investigación de los fiscales, sino también su independencia”, explicó a CONNECTAS Edgar Gutiérrez, canciller de Guatemala entre 2002 y 2004.
Durante 12 años la Cicig operó con independencia y fortaleció las capacidades del Ministerio Público. Principalmente bajo el liderazgo de Velázquez, la entidad investigó 120 casos y llevó a juicio a 660 personas. Entre ellos, el expresidente Otto Pérez Molina, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, ministros, jueces y diputados. “Pero cuando la Cicig comenzó a mostrar que la corrupción era una avenida de doble vía, que había corruptos, pero también corruptores, ese consenso se fue quebrantando y se juntaron todos los miedos de las redes criminales, económicas y políticas”, comenta Gutiérrez.
Eso significa que la Cicig se había atrevido a tocar los intereses de muchos poderosos. Y esa tensión hizo crisis cuando llegó al poder Jimmy Morales, quién también vió perjudicado a su círculo más cercano. Como consecuencia, ese Gobierno se negó a renovar su mandato, con lo que la Cicig quedó efectivamente desmantelada en 2019.
Desde entonces, el ejecutivo guatemalteco ha desarrollado una campaña judicial contra los fiscales y jueces que participaron en el trabajo de esa entidad, hasta llegar a acusar al propio Velásquez de corrupción. Todo esto llevó a la ONU a aclarar que todos ellos estaban amparados por inmunidad, y a Washington y al Gobierno de Colombia a protestar con el argumento de que la acusación a Velázquez responde a una persecución judicial.
Otras comisiones fallidas
Este uso político del poder judicial en Guatemala no es un caso aislado. Otras comisiones contra la impunidad y corrupción creadas en El Salvador y Honduras también terminaron desmanteladas. Estas acciones, junto a muchas otras, han socavado la independencia de los poderes públicos en cuatro de los seis países que conforman la región.
Ruth López, jefa anticorrupción y justicia de Cristosal, organización que defiende los Derechos Humanos en El Salvador, Honduras y Guatemala, explica que la Cicig fue la experiencia más exitosa de las comisiones internacionales que han investigado la impunidad en Centroamérica. La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) nació en 2016 por voluntad presidencial, la presión de organizaciones sociales y el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA). Tres años más tarde, por una promesa de campaña electoral del presidente Nayib Bukele, nació la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicies) y, al igual que en Honduras, contó con el apoyo de la OEA.
“En los tres casos las comisiones murieron precisamente cuando las investigaciones se acercaron a los centros de poder. Especialmente de poder político relacionado obviamente con el poder económico”, advierte López.
En El Salvador, la Cicies presentó 12 avisos a la Fiscalía General de la República que involucraron a funcionarios del más alto nivel de confianza. Es decir, con relación directa con el presidente. López explica que esta situación propició en 2021 la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general. La experta comenta que el gobierno de Nayib Bukele también ha llenado el Sistema Judicial de funcionarios afines, tras destituir a múltiples jueces supuestamente por corrupción, aunque los decretos correspondientes solo mencionan como motivo su avanzada edad.
La democracia, a la baja
La utilización para fines políticos del aparato judicial es apenas una de las manifestaciones de la tendencia autoritaria que se abre paso en buena parte de Centroamérica. En Nicaragua, donde el régimen ha traspasado todas las líneas rojas, la familia Ortega Murillo concentra el poder con un modelo de partido único mientras persigue y encarcela toda voz crítica. En El Salvador, Bukele se prepara para una elección que su propia Carta Política prohíbe, mientras se ha apropiado efectivamente de los organismos de control. Honduras, después de 14 años de crisis política, da unos primeros pasos democráticos, pero el gobierno de Xiomara Castro enfrenta acusaciones de nepotismo mientras gobierna gran parte del territorio bajo estado de excepción. Guatemala, en medio del escándalo de la Cicig, se prepara para las próximas elecciones presidenciales.
El Instituto Internacional para la Democracia (IDEA Internacional), organización intergubernamental que apoya la sostenibilidad de este modelo político en el mundo, evalúa la calidad del sistema en cada país de acuerdo con 116 indicadores. Miguel Lara, especialista principal de Evaluación de la Democracia y ex jefe de la oficina de Idea para México y Centroamérica, explica el retroceso en estos países: “Tenemos 19 regiones desde Norteamérica hasta África occidental. Hice un comparativo de los últimos 20 años, de 2001 a 2021, y la subregión que más caídas ha tenido a nivel mundial es efectivamente Centroamérica”. Y continúa: “Las caídas más importantes que se ven en las gráficas con estos indicadores son en libertades civiles: libertad de expresión, asociación, movimiento. Y en varios componentes asociados al Estado de Derecho aspectos como caídas en independencia judicial”.
El excanciller Gutiérrez explica que la vena autoritaria comenzó su camino en Nicaragua. “Empezó con movilización política, con un aparato de partido poderoso, y progresivamente fue ganando espacios en la Asamblea Nacional, en el Poder Judicial, en el Tribunal Electoral. Fue acumulando este poder a tal punto que logró en 2009 la reforma de la Constitución para la reelección indefinida”.
Lara coincide y agrega otro elemento en ese país: el “pacto de impunidad” acordado entre el entonces presidente Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, en ese momento líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional. “Entre estos dos partidos se repartieron las magistraturas, la Corte Suprema y el Consejo Electoral. Además, en Nicaragua necesitabas el 50% de los votos y lo bajaron a 40% y 35%, si la diferencia entre el primero y segundo lugar era más de cinco. Daniel Ortega ganó la presidencia en 2006 con 38% de los votos”.
En Honduras, la ruptura del orden constitucional empezó con la controversial salida del presidente Manuel Zelaya en 2009, que desató una dura crisis política en el país. La situación se acentuó con la reelección denunciada como inconstitucional en 2017 de Juan Orlando Hernández, luego detenido y extraditado a Estados Unidos por narcotráfico en 2022.
La dictadura del voto
Los autoritarismos en Centroamérica tienen sus propias características y evolución. Incluso, la intensidad de cada una de las experiencias es diferente. IDEA International, en su índice mundial de las democracias, califica como régimen autoritario al actual gobierno de Nicaragua y como democracias de rendimiento débil a El Salvador, Honduras y Guatemala.
Gutierrez coincide. En su ensayo La democracia bajo amenaza. Diagnóstico y propuestas para una nueva Centroamérica, define a Guatemala, Honduras y El Salvador como regímenes híbridos, en donde “los poderes de contrapeso del Estado —asambleas legislativas, sistemas de justicia, incluyendo las fiscalías, las instancias electorales y las instituciones que auditan los presupuestos públicos— son capturados por los gobernantes; estos suelen adoptar retóricas de confrontación y tratar a los opositores como enemigos, descalificándolos”.
Incluso advierte que estos países no van camino a la democracia sino hacia la autocracia. “Sobre todo la gran debilidad es la falta de independencia judicial”. Y aclara: “El tipo de régimen autoritario que se comienza a configurar en Guatemala no tiene un caudillo, sino que es una coalición. Lo suelo llamar una dictadura corporativa”.
Los expertos reconocen que con las últimas elecciones presidenciales en Honduras el país se encaminó nuevamente al modelo democrático. “Honduras logró recuperar en 2021 la integridad del voto…, pero la consistencia de sus instituciones para garantizar la independencia de poderes del Estado sigue siendo frágil”, escribió Gutiérrez en su ensayo. A López le preocupa que la lucha contra la corrupción quede en una promesa electoral, como ya ocurrió en El Salvador. “Lo último que supimos fue de la firma del convenio con Naciones Unidas. Sin embargo, no ha tenido un mayor avance, al menos públicamente. Además, el Gobierno también ha sido señalado por la contratación de familiares. Es un patrón que también ocurre en El Salvador y que también advertimos en el caso de Nicaragua”, dijo a CONNECTAS.
Los líderes del autoritarismo en Centroamérica no difieren mucho del resto del mundo. Todos han llegado al poder gracias al voto. Sobre esta situación Lara advierte: “Hoy las democracias no mueren con golpes de Estado, ni con balazos, ni con soldados en las calles. Es a través del voto. La crisis de representación, la distancia real o percibida entre la ciudadanía y las élites, los partidos políticos y las instituciones hacen que se busquen alternativas, que muchas veces son aprovechadas por personajes que usualmente son hombres carismáticos. Son discursos atractivos, pero una vez que llegan a la presidencia se empiezan a desmantelar una serie de instituciones de pesos y contrapesos al poder”.
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* Miembro de la mesa editorial de CONNECTAS