Acordar un monto es la manera en que cientos de médicos, profesionales de la salud y hospitales han salido de problemas legales en la última década. El gobierno recibió millones de dólares en acuerdos civiles y los profesionales regresaron a sus labores a pesar de las acusaciones.
El precio de la salud
El Gobierno de Estados Unidos recaudó más de $26 mil 800 millones en acuerdos y sentencias civiles relacionados con la atención sanitaria entre 2013 y 2022, según una investigación de Reuters.
El análisis reveló que 540 médicos y profesionales de la salud pagaron colectivamente mil millones de dólares al gobierno como parte de acuerdos civiles. Mientras que 2 mil 200 hospitales y empresas sanitarias negociaron igualmente acuerdos civiles para evitar el procesamiento por presuntos delitos que incluían:
- Pago de sobornos.
- Falsificación de historiales de pacientes.
- Facturación al gobierno de cuidados innecesarios a pacientes.
¿Una falla del gobierno?
En total, la agencia de noticias examinó 2 mil 788 casos de acuerdos civiles federales y acciones administrativas durante 2013 y 2022. La mayoría de los casos fueron investigados conjuntamente por el Departamento de Justicia y la OIG de Salud y Servicios Humanos.
De acuerdo con el informe, Prime Healthcare Services Inc, con sede en California, es el único sistema de centros médicos del país que ha llegado a un acuerdo en tres casos civiles federales en los últimos seis años.
Los casos representaron un éxito para el gobierno. Los fiscales no sólo negociaron acuerdos multimillonarios de las entidades corporativas de Prime, sino que también extrajeron acuerdos de varios médicos, incluido el director ejecutivo.
El gobierno recibió $65 millones de Prime
En el primer acuerdo en 2018, Prime y su fundación sin fines de lucro, junto con el doctor Prem Reddy, fundador y CEO, pagaron colectivamente $65 millones en acuerdos al gobierno.
Los ejecutores federales alegaron que los acusados de 2006 a 2013 “presentaron a sabiendas reclamaciones falsas” a Medicare al hospitalizar a un número no revelado de pacientes que podrían haber sido tratados con atención ambulatoria menos costosa, y al “falsificar información sobre diagnósticos” para aumentar los reembolsos de Medicare.
El gobierno no exigió a Prime ni a Reddy que reconocieran culpa o responsabilidad, según los expedientes judiciales, ni se les obligó a notificar a los pacientes que supuestamente fueron hospitalizados innecesariamente.
El sistema favorece a los médicos
Según Matthew Smith, director ejecutivo de la Coalición contra el Fraude a las Aseguradoras, con sede en Washington, en casi todas las juntas médicas estatales predominan los médicos que dictan normas de conducta y deciden los castigos a sus colegas.
“Miran hacia otro lado”, afirmó Smith, cuya organización aboga por leyes antifraude en nombre de las aseguradoras y de un consorcio de organismos gubernamentales, fuerzas de seguridad y grupos de consumidores.
Smith explicó que algunas juntas médicas estatales tienen políticas que parecen frustrar o desalentar las denuncias de irregularidades.
Por ejemplo, exigen a las partes que presentan denuncias que lo hagan en declaraciones notariales y revelan su identidad a los médicos acusados, según datos de la Federación de Juntas Médicas Estatales, una organización comercial sin ánimo de lucro con sede en Washington.
Los datos de la federación muestran que el secretismo también está muy extendido. En al menos 28 estados, las juntas pueden dictar órdenes disciplinarias confidenciales para cerrar casos sin divulgación pública; ni siquiera el denunciante puede saber lo ocurrido.
Las víctimas pagan las consecuencias
En casi todos los acuerdos civiles analizados por Reuters, no se exigía a los demandados que reconocieran culpa o responsabilidad. Además, luego del acuerdo continuaron practicando la medicina sin restricciones en sus licencias a pesar de las acusaciones que incluían fraude y daños a los pacientes.
Cerca de 9 de cada 10 empresas y particulares acusados de enriquecerse falsamente se les permitió seguir facturando a los mismos programas gubernamentales a los que habían sido acusados de defraudar.
En muchos casos los médicos, el personal y los altos cargos que supuestamente cometieron esas fechorías no fueron nombrados públicamente por los fiscales o se vieron obligados a pagar ellos mismos los acuerdos.
Las autoridades federales declararon que a veces no dan a conocer los nombres de las personas en estas situaciones debido a investigaciones en curso o previstas.
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