El fiscal general de Texas, Ken Paxton, y otros 10 fiscales generales de estados republicanos respaldaron el martes al expresidente Donald Trump en su lucha legal por los documentos incautados en su residencia en Mar-a-Lago, Florida.
11 fiscales presentaron un informe amicus curiae en un tribunal federal de apelaciones para que deniegue la apelación que presentó el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) la semana pasada.
El gobierno quiere que se levante parte de la orden de la jueza Aileen Cannon y poder tener acceso a los documentos incautados para avanzar con su investigación. También pidió restringir los archivos clasificados al experto independiente.
“Dado el historial de Biden, combinado con su retórica que demoniza a cualquiera con quien no esté de acuerdo, los tribunales deben estar en alerta máxima ante las formas en que el Departamento de Justicia puede abusar de su poder para castigar al presidente Donald Trump”, dijo el fiscal Paxton en un comunicado.
Sin mucho argumento. El documento de 21 páginas presentado por los fiscales generales abrió pocos terrenos legales nuevos, de acuerdo con expertos en la materia.
- Un amicus curiae es una presentación judicial realizada por un tercero ajeno a una disputa legal en el que ofrecen su opinión jurídica y alegatos para colaborar con el tribunal en la resolución del proceso. Por lo general, proveen información adicional relevante.
- Pero en este caso, el documento parece ser más un documento de carácter político que un informe legal.
- Los fiscales estatales republicanos nombraron una amplia gama de quejas contra la administración Biden e incluyen la aplicación de la ley de inmigración y su respuesta a la pandemia de coronavirus, temas que no están directamente relacionados con el caso.
- Es un documento político que “simplemente no aborda ninguno de los temas en juego”, dijo John Yoo, un experto legal en privilegio ejecutivo que revisó el informe a pedido de The Washington Post.
Fuente principal de la noticia: The Washington Post