El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, promulgó una nueva ley antigay que impone la pena de muerte por “homosexualidad agravada”. Esta ley ha recibido numerosas críticas de activistas de derechos humanos y comunidades internacionales, que sostienen que viola los derechos humanos universales.
Sin embargo, muchos en la nación de África Oriental apoyan la ley, por considerar que la homosexualidad es un comportamiento importado del extranjero y no una orientación sexual.
Los defensores de los derechos LGBTQ+ sostienen que la ley es innecesaria, ya que la homosexualidad ha sido ilegal durante mucho tiempo en virtud de una ley de la época colonial que penaliza la actividad sexual “contra el orden de la naturaleza”, que conlleva una pena de cadena perpetua.
La versión de la ley promulgada por el presidente Museveni no penaliza a las personas que se identifican como LGBTQ+, lo que responde a una importante preocupación de algunos activistas de derechos humanos que criticaron un borrador anterior de la legislación por considerarlo un grave atentado contra los derechos humanos.
Sin embargo, la nueva ley impone la pena de muerte por “homosexualidad agravada”, definida como las relaciones sexuales con personas infectadas por el VIH, menores y otros grupos vulnerables. Una persona condenada por “intento de homosexualidad con agravantes” puede enfrentarse a penas de prisión de hasta 14 años, según la ley.
Estados Unidos advirtió de las posibles consecuencias económicas de una legislación que Amnistía Internacional calificó de “draconiana y excesivamente amplia”. En una declaración de la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Joe Biden, calificó la nueva ley de “trágica violación de los derechos humanos universales, que no es digna del pueblo ugandés y que pone en peligro las perspectivas de un crecimiento económico crítico para todo el país”.
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La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su consternación por el hecho de que el “draconiano y discriminatorio proyecto de ley contra los homosexuales sea ahora ley”, considerando la legislación como “una receta para la violación sistemática de los derechos” de las personas LGBTQ+ y otras.
“Los progresos de Uganda en su respuesta al VIH están ahora en grave peligro”, afirma el comunicado. “La Ley contra la Homosexualidad de 2023 obstruirá la educación sanitaria y la divulgación que pueden ayudar a acabar con el sida como amenaza para la salud pública”. Los activistas por los derechos pueden impugnar la legislación ante los tribunales.
El lunes, un grupo de activistas y académicos solicitaron al Tribunal Constitucional una medida cautelar contra la aplicación de la ley. La nueva legislación coincide con un creciente sentimiento antigay en Uganda, alimentado en parte por noticias que denuncian sodomía en internados, incluido un prestigioso colegio masculino donde un padre acusó a un profesor de abusar de su hijo.
Además, la decisión adoptada en febrero por la Iglesia de Inglaterra de seguir prohibiendo las bodas eclesiásticas de parejas del mismo sexo, al tiempo que permitía a los sacerdotes bendecir matrimonios y uniones civiles entre personas del mismo sexo, desató la indignación en Uganda y otras partes de África.
La nueva ley antigay se ha enfrentado a fuertes críticas de activistas de derechos humanos y comunidades internacionales, que sostienen que viola los derechos humanos universales. La ley cuenta con el apoyo de muchas personas en Uganda, que consideran la homosexualidad como un comportamiento importado del extranjero y no como una orientación sexual.
Los defensores de los derechos LGBTQ+ sostienen que la ley es innecesaria, ya que la homosexualidad es ilegal desde hace mucho tiempo en virtud de una ley de la época colonial
