La aspiración del exmandatario de Panamá Ricardo Martinelli de regresar a la presidencia en el país caribeño en 2024 podría verse truncada. La justicia panameña le ha declarado culpable por el delito de lavado de dinero y ha impuesto una condena de 10 años y seis meses de cárcel y el pago de una multa de más de 19 millones de dólares.
Como es un fallo de primera instancia y será objeto de apelaciones, Martinelli puede seguir de momento en su campaña según la ley.
Pero de darse una sentencia en firme, el exlíder populista que lideró un período de construcción de grandes obras en Panamá, como la primera línea del Metro capitalino, no podría participar en las venideras elecciones presidenciales.
Los abogados del empresario y político anunciaron que apelarán el fallo divulgado por el Órgano Judicial y que fue considerado histórico por tratarse del primer expresidente panameño condenado por la justicia, en uno de los llamados casos de alto perfil que se ventilan en los últimos años en el país canalero y viejo socio de Estados Unidos.
La investigación del llamado caso New Business comenzó en 2017, tres años después de que Martinelli dejara la presidencia.
La justicia panameña detectó irregularidades en la compra de acciones de la editorial Epasa, que editaba tres medios de circulación nacional, y aseguró que se usaron más de 40 millones de dólares de fondos públicos en la transacción.
“Se presentó el esquema de cómo se dio el delito de blanqueo de capitales y la responsabilidad de cada una de las personas que hicieron posible las transacciones ilícitas para la compra Epasa, cuyo beneficiario final fue el expresidente de la República”, establece la sentencia emitida por las autoridades judiciales.
La justicia panameña ha determinado que el expresidente es “responsable como autor” del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.
La sentencia ordena que se disuelvan dos sociedades involucradas en la compra de la editorial Epasa, así como el decomiso de las acciones de esa empresa y los bienes de la misma, que deben ser entregados al Estado para recuperar parte del dinero público usado en la adquisición de la misma. La jueza también ha condenado a otras cuatro personas por el delito de blanqueo.
Los fiscales del caso expusieron durante el juicio que en la compra de la Editora Panamá América S.A. el presidente Martinelli captó recursos de empresarios y ejerció presión en varios contratistas del Estado para que aportaran a dicha adquisición un 10% del costo de obras que les fueron adjudicadas durante su gobierno.
También alegaron que los periódicos pertenecientes al grupo adoptaron tras la transacción una línea editorial favorable al gobierno de Martinelli.
La operación de adquisición se dio mediante un complejo esquema en el que intervinieron personas jurídicas y naturales que hicieron transacciones nacionales e internacionales logrando recolectar 43,9 millones de dólares en una cuenta bancaria perteneciente a la sociedad New Business Services Limited en un banco offshore, en 2010. La acusación sostiene que Martinelli está detrás de la titularidad de esa firma.
Pero sus abogados reiteraron que el grupo editorial se adquirió con dinero lícito -que era parte del patrimonio personal del presidente- y reiteraron que su defendido nunca fue titular de las acciones o beneficiario final de esa sociedad.
Además de Martinelli, fueron condenadas cuatro personas más, entre ellos dos conocidos empresarios, con penas de prisión que oscilan entre los 60 y 96 meses y con inhabilitación explícita para realizar actividad comercial y funciones públicas; en tanto que otras 10 resultaron absueltas, entre ellas empresarios considerados del círculo más cercano al entonces gobernante.
El fiscal superior contra la delincuencia organizada, Emeldo Márquez, dijo en un vídeo divulgado a la prensa que con la sentencia se logra el decomiso del 100% de las acciones de la editora que pasan al Estado y la disolución de dos sociedades “vinculadas directamente” al delito y que ejercían el control del grupo editorial.
Martinelli ha insistido que los procesos en su contra en Panamá son una persecución política en su contra para sacarlo de la contienda electoral, y en una reciente conferencia de prensa dijo “que lo tendrán que matar” para evitar que siga en ese esfuerzo. El pasado mes de junio el exgobernante ganó la candidatura en las elecciones primarias de su partido político Realizando Metas para los venideros comicios presidenciales.
El 25 de enero de 2023, el gobierno de Estados Unidos sancionó a Martinelli y a sus familiares inmediatos por participar en actos de corrupción relacionados con la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Mediante un comunicado del secretario de Estado, Antony Blinken, las sanciones implicarían el impedimento de entrada a Estados Unidos para Martinelli y familiares; estas medidas coinciden con la deportación de dos de los hijos de Martinelli, quienes cumplieron una condena relacionada con el caso Odebrecht.
