Uruguay está atravesando una sequía histórica, la peor en 100 años, que obligó al gobierno a declarar dos emergencias en menos de un año, en un primer momento, una agropecuaria para paliar los efectos del déficit hídrico sobre el principal motor de la economía nacional y, hace unos pocos días, una hídrica que afecta principalmente a Montevideo y la zona metropolitana.
Si bien es cierto que Uruguay atraviesa la peor sequía desde 1947, expertos coinciden en que la crisis no se debe sólo a la falta de lluvias, sino a una continua mala administración del recurso.
Los sucesivos gobiernos, aseguran, han postergado obras de infraestructura y mantenimiento necesarias para garantizar el abastecimiento de la población que habita en la zona metropolitana del país y que representa el 6 % de los uruguayos.
Desde hace más de 60 días, los uruguayos que habitan en Montevideo y las zonas aledañas no tienen agua potable. La que sale de las tuberías de las casas es salobre y no sirve para beber ni para cocinar, sólo para bañarse y lavar. En la capital de un país que está instalado sobre una de las mayores reservas de agua dulce del mundo, paradójicamente, la única solución para obtener agua dulce, por el momento, es comprarla embotellada.
En el país que tomó prestado su nombre del río Uruguay, los habitantes del sur beben hoy agua con un grado inusitado de salinidad. Desde finales de abril, el agua corriente de Montevideo y de la zona metropolitana (1,7 millones de habitantes) ha cambiado su composición y sabor, como consecuencia del déficit hídrico que golpea a la región desde hace tres años. “Qué salada está el agua” comentan a diario los ciudadanos.
La situación es excepcional y durará por lo menos 30 días más, aclaran las autoridades, si no cae la lluvia necesaria para recomponer los embalses de agua dulce que abastecen a las plantas de la empresa estatal Obras Sanitarias del Estado (OSE).
El presidente del ente, Raúl Montero, explicó que este grado de salobridad se debe a que actualmente se mezclan las aguas dulces de la cuenca del río Santa Lucía (sur del país) con otras saladas que llegan desde el Río de la Plata.
Sobre esta base, OSE ha elevado temporalmente el tope de sodio permitido por litro de agua, de 200 a 440 miligramos, duplicando lo establecido en las normas locales. Estas modificaciones permitirán garantizar el servicio por 30 días más, aunque desde el Gobierno admiten que esta agua “no es potable en la definición perfecta de potabilidad”. Sí es “bebible” y “consumible”, insisten.
Tras tres años de sequía, la principal reserva de agua dulce para el área metropolitana de Montevideo, la represa Paso Severino ubicada en el río Santa Lucía, está en límites nunca antes vistos.
Para lograr que el recurso continúe llegando a la población, la empresa nacional de abastecimiento de agua (OSE), de propiedad estatal, comenzó a captar agua de un lugar de la cuenca influenciado por el río de la Plata, un estuario que tiene contacto directo con el Océano Atlántico.
Conscientes de esto último, las autoridades de salud han instado a la población a comprar agua embotellada, sin embargo, dicha solución fue criticada por los expertos de la ONU, ya que “crea un riesgo de privatización de facto del agua para el consumo humano, obligando a la población a comprar”.
Eso sin contar que, además, “el agua embotellada en nuestro país es muy cara” agrega la activista por la justicia ambiental Lucía Ortiz, quien junto con Redes Amigos de la Tierra fue parte de la iniciativa que reformó la Constitución de Uruguay en 2004, quedando el agua potable y el saneamiento reconocido como un derecho humano por el cual el Estado debe velar.
“Evaluamos todos los riesgos y tomamos el que es menor para la salud” señaló un importante funcionario del gobierno uruguayo. Sin estas medidas, manifestó, el agua corriente para el consumo hubiese rendido dos semanas y no un mes.
Un comunicado del Ministerio de Salud indicó que la población en general podía continuar tomando agua del grifo. No obstante, recomendó evitarlo a las personas con enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, cirrosis y también a las embarazadas.
Ya en noviembre del año pasado, el presidente de la empresa estatal OSE, Raúl Montero, decía estar nervioso ante la posibilidad de un desabastecimiento, sin embargo, el gobierno confió en que el problema se solucionaría con la llegada de las lluvias.
Así lo reconoció el viceministro de Ambiente, Gerardo Amarilla, en una entrevista con el canal 12 local al reconocer que se había actuado “pensando en que era una cuestión temporal y que las lluvias iban a llegar”.
Daniel Panario, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República explica que “efectivamente terminado el fenómeno La Niña todos esperábamos que empezara a llover, pero no llovió porque el clima es así. Una cosa es esperar que empiece a llover y otra cosa es que ocurra.
El tiempo es muy difícil de prever a largo plazo, pero los políticos no entienden esas cosas y posiblemente los ingenieros tampoco” fueron parte de las afirmaciones del experto.
Con todo, los especialistas consultados concuerdan en que la crisis de agua que afecta actualmente a Montevideo se debe sobre todo a problemas administrativos.
Desde la oposición uruguaya, el Frente Amplio (FA-centroizquierda) ha recordado que el expresidente Tabaré Vázquez (2015-2020) entregó a su sucesor, Luis Lacalle Pou, el Proyecto Casupá, para construir una represa que podría haber aumentado la reserva de agua dulce.
Ese proyecto, asegura el FA, fue desestimado por el Gobierno. La actual administración, por su parte, está licitando entre privados la construcción de la planta potabilizadora Neptuno, en el sur del país, que abastecería a la zona metropolitana a partir de las aguas del Río de la Plata.
En este contexto, el presidente Luis Lacalle Pou anunció una emergencia hídrica para Montevideo y el área metropolitana. Esta decisión contiene medidas como el estudio del Ministerio de Salud Pública (MSP) que analizará hasta dónde es posible elevar los niveles de sodio y cloruro del agua potable para garantizar el suministro.
Por otro lado, se votará la exoneración de impuestos para el agua embotellada en el Parlamento y se extendió el suministro gratuito de dos litros de agua por día para beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social.
