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Tras terremoto en Turquía crece la oposición contra el gobierno

En Turquía el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan está siendo señalado por contribuir a las devastaciones causadas por el terremoto que azotó al país el mes pasado.

Esto por supuestamente impulsar leyes de construcción sin parámetros adecuados lo que originó que miles de edificios cedieran y mataran a miles de personas.

Desde el primer terremoto, registrado el 6 de febrero, el número de muertes ha ascendido a más de 45 mil, de acuerdo con la  agencia de gestión de desastres de Turquía, lo que convierte este suceso en el peor siniestro que ha ocurrido en ese país.

La agencia de noticias estatal Anadolu informó que alrededor de 214 mil edificios que contenían 608 mil apartamentos se derrumbaron o sufrieron graves daños.

“La razón más importante por la que este desastre causó una destrucción tan grande es que el gobierno no mostró la voluntad de llevar el frágil parque de edificios a los estándares de seguridad”, expresó a NBC News Gencay Serter, presidente de la Cámara de Urbanistas. 

Señalamiento al gobierno de Turquía por las construcciones

Aunque el Ministerio de Justicia ha arrestado a más de 230 personas, en su mayoría contratistas, por el derrumbe de edificios, otros se han centrado en decir que el foco está el incumplimiento de las normas de construcción.

En particular, una ley de amnistía de 2018 que legalizó cientos de miles de obras en todo el país aunque no tenían permiso de planificación y habían ignorado los códigos de construcción, incluidas las medidas de seguridad contra terremotos.

Esta ley de amnistía establece que para legalizar una construcción no autorizada el propietario debe pagar una tarifa si una inspección.

De acuerdo con los críticos, esta nueva regulación  permitió a los constructores esquivar los códigos de construcción mientras el gobierno cobraba tarifas y multas.

Murat Kurum, ministro de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático, declaró en 2019 que el gobierno recaudó 23 mil millones de liras turcas ($4 mil millones) después de que ley de 2018 entró en vigencia.

“La amnistía es un asesinato. Se debe asumir que todos los edificios legalizados bajo esta amnistía no han recibido ningún servicio de ingeniería y deben ser inspeccionados”, señaló en 2021 un comunicado de la Unión de Cámaras de Ingenieros y Arquitectos de Turquía.

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