Hace más o menos un mes, un conductor de Lyft/Uber, a quien llamaremos Ramón, me preguntó si podía ayudarle a leer una carta del Departamento de Vehículos Motorizados de D.C. (DMV). “Creo que es una estafa, pero no estoy seguro,” me dijo Ramón mientras sacaba la carta de la guantera.
Original de Bolivia, Ramón es un jubilado de unos 60 años que trabajó como cocinero por más de 25 años en D.C. y Virginia. Habla muy bien inglés, pero prefiere tener algo de ayuda al leer documentos, me dijo.
Al menos para mí, que tengo una atención casi obsesiva con los detalles, se notaba que la carta era una estafa. El tipo de fuente y el membrete de la carta no eran los usados normalmente por el DMV. Pero el contenido, que detallaba supuestas multas por exceso de velocidad pendientes, sonaría convincente para cualquiera que abriera esta carta en un momento de inseguridad, como Ramón.
“Ya pagué todos mis speeding tickets hace meses. Aquí dice que tengo que escanear un QR para ver más información, pero cada vez que lo hago, no aparece nada. ¿Qué cree que debo hacer?” me preguntó Ramón, visiblemente consternado.
Ramon es el blanco perfecto para los estafadores: latino, nacido fuera de EE.UU., con más de 50 años, y que recibe algún tipo de ingreso estable. Ahora bien, que los criminales usen estafas para explotar a comunidades vulnerables no es una novedad. Pero lo que no mucha gente sabe es que se ha vuelto demasiado fácil acceder a información personal detallada en línea, y que puede ser usada para enfocar estafas específicas a víctimas como Ramón.
Dentro y fuera de la internet, las comunidades latinas y afroamericanas son acosadas de manera desproporcional por estafadores, según estudios de la Comisión Federal del Comercio (FTC, por sus siglas en inglés). Pero sin importar el color de la piel, el grupo étnico más afectado es el de los latinos: dos de cada cinco adultos son el blanco de estafas, y uno de cada cinco pierde dinero como resultado de ellas, muestra una encuesta reciente de la Asociación Americana de Jubilados (AARP, por sus siglas en inglés).
Las categorías de fraude más recurrentes dirigidas a latinos son los imitadores de agencias gubernamentales, estafas sobre servicios básicos en el hogar, y las estafas a los abuelos – cuando imitadores se hacen pasar por nietos o familiares más jóvenes que necesitan dinero.
¿Cómo hacen los estafadores para obtener nuestros nombres, dirección postal, números de teléfono, y saber a qué somos más susceptibles de creer? Gracias a una combinación de tecnologías de seguimiento invasivo online, y la falta de derechos integrales a la privacidad de nuestros datos, las comunidades de color en Estados Unidos son las que más sufren como resultado de la explotación de sus datos en redes sociales, sitios web y de prácticamente cualquier aplicación móvil que utilizan.
Los brókeres de datos son los principales facilitadores de este sistema. Los grupos más problemáticos son dos: los sitios de “búsqueda de personas” como Spokeo o PeopleSmart, donde uno puede comprar emails, números de teléfono, y algunas veces direcciones postales de personas específicas; y las compañías que venden datos de consumidores para propósitos de publicidad, como Criteo, Datalogix (propiedad de Oracle) o las divisiones de marketing de agencias de reporte crediticio conocidas, como Experian o Equifax. En Europa, varias de estas empresas han sido acusadas de no seguir las obligaciones de la Regulación General de Protección de Datos aplicable en esa región.
A espaldas de nosotros, los brókeres de datos recolectan información pública en plataformas digitales grandes y pequeñas, y también pueden comprar información que no es de acceso público. Como lo muestra un reporte de Vice, los brókeres de datos pueden obtener información sobre bienes raíces y registros judiciales de fuentes públicas, y además pueden adquirir historiales de compras (con datos sobre montos gastados, fechas, programas de lealtad y métodos de pagos usados), que son ofrecidos por cadenas de tiendas y compañías de catálogo – que producen todo tipo de bienes de consumo.
Otra gran fuente de información son las redes sociales de Facebook, Instagram, YouTube y varias otras apps que usamos. ¿Alguien recuerda, por ejemplo, esos “cuestionarios de personalidad” que todos compartían en Facebook? Probablemente eran producidos por brókeres de data para construir perfiles de consumidores, con base en sus respuestas, ubicación y tipo de dispositivo móvil usado.
Los brókeres de datos no están reguladores de la misma forma que otras entidades que gestionan datos personales, como los hospitales, planes de salud, bancos, o agencias de reporte crediticio. Legalmente, tampoco están clasificados como “brókeres de datos”, aunque esa es su actividad principal.
En la práctica, esto significa que estas compañías pueden construir perfiles de consumidores y revender estos datos en el mercado abierto, con muy pocos controles sobre su uso. Así lo explicó Justin Sherman, senior fellow de la Escuela de Políticas Públicas Sanford de la Universidad de Duke, en un testimonio al Congreso en 2021.
Un estudio reciente patrocinado por dicha universidad es la prueba más convincente de lo fácil que es acceder a datos personales sensibles. De una muestra de 37 brókeres de datos, 26 confirmaron que tenían información sobre la salud mental de individuos en EE.UU., específicamente de personas con ansiedad y depresión. Incluso, 11 de estas empresas estaban dispuestas a vender estos datos, muchas de ellas sin aplicar controles específicos sobre su uso futuro.
El precio de esta información varía desde $275 por 5 mil registros anonimizados hasta una suscripción por $100 mil al año para acceder de manera ilimitada a información sobre la salud mental de cientos de individuos.
La salud mental es un tema muy sensible entre las comunidades latinas. No solo porque existe la idea generalizada de que cuidar de la salud mental es una señal de debilidad, sino también porque para muchos, siempre ha sido difícil cubrir el costo de este tipo de atención. Pero con la pandemia, que aceleró la digitalización de estos servicios, las aplicaciones móviles de salud mental se han vuelto muy populares.
Entre 2019 y 2020, las descargas de estas apps aumentaron 200%. Desafortunadamente, la privacidad de los Latinos también es más vulnerable en estos espacios, pues encuestas muestran que el uso de estas apps es 20% más probable entre Latinos que en demografías blancas.
Las áreas legales grises en las que estos brókeres operan, enfocados en la recolección sin control de datos personales, representan riesgos que afectan de sobremanera a las comunidades latinas.
La regulación actual no es suficiente para mitigar estos riesgos. Ante ello, proteger nuestra privacidad de manera integral requiere de un renovado esfuerzo legislativo. Mientras tanto, cientos de compañías continúan haciendo dinero de nuestros datos personales, y habilitan que estafadores hieran el bienestar de personas como Ramón, quien no debería llevar la carga de protegerse a sí mismo de estos complejos sistemas que, nadie imaginó, absorberían nuestras vidas diarias como lo hacen hoy.
